OPINIÓN

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El mercado de valores, como parte del mercado de capitales, juega un papel clave en el crecimiento y desarrollo económico. Cumple la función de unir el ahorro con la inversión. Conecta a los oferentes de recursos financieros con los demandantes, favoreciendo una mejor y más diversificada asignación del capital. Le genera competencia al sistema bancario, reduciendo el costo del crédito e incrementando las alternativas de financiamiento y cobertura de riesgos.

Existe consenso, por cierto, sobre el subdesarrollo del mercado de valores uruguayo, en relación a ciertos países de la región, o en comparación con economías de ingreso per cápita similar u otras características parecidas. Así lo sugieren, desde hace mucho tiempo, indicadores de capitalización de mercado, volumen de transacciones, liquidez y número de emisores, entre otros.

De hecho, en 2020, un año de evidentes necesidades de financiamiento de las empresas uruguayas, otra vez las emisiones en el mercado de valores —excluyendo los títulos del gobierno central— no llegaron a una decena. Además, dentro del escaso número, algunas fueron estatales (OSE e Intendencia de Canelones) y Conaprole tuvo varias.

Las causas del subdesarrollo del mercado de valores uruguayo son múltiples. Las grandes crisis financieras y sus consiguientes secuelas influyeron durante mucho tiempo, pero en los últimos lustros ganaron importancia otros factores también presentes anteriormente. Podríamos mencionar la baja escala de las compañías, la importancia de grupos familiares en su propiedad, la imposibilidad de las empresas públicas de colocar acciones, la escasa sofisticación en finanzas de muchos agentes económicos, algunos desincentivos tributarios, la falta de prioridad (promoción) desde las políticas públicas, los problemas de gobernanza en su institucionalidad o de gobiernos corporativos en sus actores, entre otros.

Cabe preguntarse entonces si hay espacio para tener un mejor mercado de valores en Uruguay o debemos resignarnos a que siga como está. La respuesta es alentadora. Hay espacios de mejoras tal como ha demostrado la propia historia del último cuarto de siglo. A partir de la aprobación de varios cambios legales en torno al cruce de milenios, como la reforma previsional (1995), la Ley de Fondos de Inversión (1996), la Ley del Mercado de Valores (1996), la introducción de la Unidad Indexada (2003) y sobre todo, la Ley de Fideicomisos (2003), se observaron progresos significativos en las décadas recientes.

Quizás el más importante fue la irrupción de financiamiento de largo plazo en moneda nacional (UI) para proyectos privados de producción e inversión, además de potenciar y diversificar el existente para el sector público, que era básicamente en moneda extranjera. Como resultado, los inversores institucionales canalizaron recursos hacia fondos dedicados a activos biológicos (agro y forestación), generación de energías renovables, deudas municipales, infraestructura pública, inversiones inmobiliarias y otros sectores productivos.

Si bien esto representó un avance importante respecto a lo observado en la segunda mitad del siglo XX, el impulso del mercado de valores no tuvo gran protagonismo en la agenda de políticas durante la última década, más allá de algunas consecuencias positivas derivadas de la mejor gestión de deuda pública, o de la mayor formalización de pagos y cobranzas implícita en la llamada “inclusión financiera”.

Ambos temas dominaron la agenda en esta área y la Comisión para la Promoción del Mercado de Valores, que fue creada por ley en 2009 y reglamentada en 2011, si bien tuvo alguna actividad al principio, luego fue decayendo, sin registrar reuniones desde fines de 2017. Dicha entidad, cuya presidencia recae en un representante del Poder Ejecutivo, fue creada con la finalidad de reunir actores de las bolsas de valores, los emisores y los inversores institucionales, con el objetivo de formular acciones y propuestas de políticas.

Fue y es una buena idea pero que tuvo escasa iniciativa, en parte porque no fue prioridad en los gobiernos anteriores para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no le asignó un líder de dedicación mayoritaria al tema, ni un mínimo equipo. Es una buena idea porque en esa instancia se pueden recoger las visiones de los diferentes actores para que, luego, el Poder Ejecutivo —actuando con independencia en pro del interés general— defina la agenda y la lleve adelante.

De ahí que ahora haya cierta expectativa de reimpulso de estos temas con el relanzamiento esta semana de dicha comisión, que será presidida por Alberto Estrada, economista uruguayo que ha tenido una vasta trayectoria en el sistema financiero argentino.

La asignación de un responsable de la promoción del mercado de valores ha sido largamente reclamada por los actores de mercado y parece una buena solución en términos de gobernanza e institucionalidad. Si bien el Banco Central también puede y debe fomentar su desarrollo, su naturaleza es más hacia la supervisión y regulación. Por eso, como ocurre en otros países, la responsabilidad de la promoción del mercado de valores debe ser parte de los ministerios de economía, entre otras cosas por las atribuciones políticas que tienen. En esto el BCU puede ser un arquero que hace goles, pero al equipo no le pueden faltar delanteros goleadores. Y uno de ellos debe estar en el ámbito del MEF.