OPINIÓN

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El cierre del primer año del gobierno de coalición coincide con el inicio de la Campaña de vacunación contra el Covid-19. También muestra el logro de otros hitos importantes, así como el advenimiento de una etapa nueva cargada de desafíos.

El primer hito es que la coalición, a la que muchos le pronosticaban corta vida, ha sido la columna vertebral del actual gobierno, dándole la posibilidad de ejercer gobernabilidad prácticamente sin tensiones. Este hecho se testifica a través de la aprobación de leyes esenciales como la LUC, el presupuesto quinquenal y el apoyo sin cortapisas en el manejo de la pandemia. Una realidad que ojalá se consolide como forma de gobierno, ante el cúmulo de desafíos que están por delante y que la pandemia postergó en su tratamiento.

Otro aspecto favorable que muestra la actual administración es su solvencia para desempeñarse en tiempos de crisis. La prueba es el manejo de la pandemia que dijo presente sin aviso previo a poco de asumir su gestión, sin experiencias internacionales que sirvieran de referencia, buscando un camino propio que dio buen resultado y que en sus inicios fue refutado por la oposición. Con ese telón de fondo, el gobierno actuó con enorme pragmatismo, priorizando el tema sanitario pero buscando al mismo tiempo disminuir lo menos posible el nivel de actividad, como forma de protección al empleo. A ello se agregó una batería de transferencias directas a quienes recibieron el impacto más fuerte por la pandemia.

La ejecución de esa gestión no se hizo en tiempos fáciles. La economía recibida estaba en recesión. Con desempleo record y creciente, caída de la inversión y escaso margen para instrumentar políticas contracíclicas por la fragilidad fiscal heredada, coronada con alto endeudamiento.

Un tercer hito son los resultados fiscales presentados recientemente. La nueva administración heredó no tan solo un alto déficit fiscal, sino que su trayectoria era creciente a pesar de los anuncios de las autoridades del momento en mantenerlo bajo control. Durante todo el último quinquenio, todas sus esfuerzos fallaron en lograr la meta de una brecha fiscal del 2,5% del PIB al final de su período de gobierno, que en realidad terminó siendo más del doble (5,2%) a pesar del aumento de la carga fiscal, insuficiente para compensar los desvíos en el gasto y que obligó al aumento del endeudamiento y, de paso, agobió la rentabilidad empresarial, propició al informalismo y desestimuló la inversión, lo que frenó el crecimiento.

Con ese escenario inicial complejo, obligada por la pandemia la administración debió atender nuevas demandas sanitarias y asistencia social extraordinaria para vastos segmentos de la sociedad. Atenderlas implicó una expansión fiscal extraordinaria, que siempre se puede argumentar que es insuficiente pero que necesariamente debe acotarse a los límites de lo posible. Desconocerlo es hipotecar la recuperación pronta del crecimiento, única fuente de zanjar las deudas sociales.

El resultado fiscal depurado del gasto extraordinario muestra que las cuentas públicas comienzan a encuadrarse dentro de una trayectoria acompasada con el crecimiento del PIB tendencial de largo plazo, lo cual es un enorme mérito, dadas las circunstancias bajo las que tuvo lugar.

Como ya se dijo, se espera que la vacunación sea un antes y un después que despejará las urgencias sanitarias y que le dejará planteados al gobierno los desafíos heredados de sus antecesores, los generados por la pandemia y los que le presenta un mundo que será diferente al de apenas un año atrás.

Reducir el alto desempleo de forma genuina será uno de los puntos cardinales de la gestión futura. Eso se logra al menos por dos vías. Una, modernizando el mercado del trabajo para posibilitar formas de contratación acompasadas con los nuevos tiempos, lo cual implica adaptar legislación que —sin lesionar derechos laborales básicos—, tenga en cuenta que hay normativas que la nueva realidad las dejó obsoletas. La otra vía es la revitalización del crecimiento, lo cual necesariamente implica aumentar la inversión, cuyo disparador es la mejora de su rentabilidad esperada. Lograr ese objetivo necesita de la modernización de marcos regulatorios, la eliminación de trabas que limitan la fuerza del emprendedor y la constitución de nuevas empresas —principalmente a las más pequeñas—, reformas fiscales para facilitar la reinversión de utilidades y empresas publicas cuya oferta de bienes sean una palanca y no un freno a la gestión privada.

Por otro lado, la inserción internacional sigue siendo un aspecto clave aun no resuelto. Después de casi dos décadas, el TLC con México (2004) continúa siendo nuestro último gran hito en materia comercial.

Lo que se hizo después en la mejora en las condiciones de acceso a los mercados fue poco. Se confundió cantidad con calidad, y eso implica dejar dinero por la existencia de barreras arancelarias. Lo que hubo durante las últimas décadas fue la fuerza gravitacional del ascenso de China, que nos integró a su mercado gracias a nuestra complementariedad productiva, pero la mejora de las preferencias arancelarias fue inexistente. Tampoco lo hubo con otros países relevantes del mundo.

En tal sentido, el Mercosur convirtió a nuestra política comercial externa en una provincia de un espacio económico, integrado por países que tienen economías muy cerradas hacia el mundo, cuyo objetivo primordial sigue siendo la sustitución de importaciones y como tal, persiguen un camino reñido con nuestras necesidades para dinamizar nuestro crecimiento.

Buscarle una salida es una cuestión esencial para nuestro futuro. En esta materia, no se puede seguir corriendo la arruga en algo que no será fácil. Pero el actual gobierno ha mostrado que tiene los quilates para hacer el intento.