OPINIÓN

La victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil representa, por un lado, un alivio y, por otro, una gran incertidumbre. Sorprendía, en todo caso, que la ventaja del ganador fuera muy pequeña, menor que la que indicaban las encuestas electorales. Con cierto desgano, el candidato derrotado reconoció el resultado de las urnas, mientras que los simpatizantes camioneros realizaron cortes de ruta para impugnar el resultado, pero sin lograr el apoyo de la población.

Desde el punto de vista de la economía, específicamente, la situación fiscal sigue siendo la principal vulnerabilidad en el corto plazo, pero no hay una definición por parte de Lula sobre el rumbo a seguir. Sin embargo, existe la perspectiva de avanzar, en un principio, hacia soluciones de compromiso. Se está discutiendo la posibilidad de otorgar una “exención” por otro incumplimiento de la regla del tope de gastos en 2023: un permiso que debe otorgar el Congreso (que tendría que aprobar una nueva enmienda constitucional) para que se excluyan ciertos gastos de la techo de gastos el próximo año.

La propuesta de exención parte del reconocimiento —más político que económico— de que el techo de gasto, en su formato actual, se habría vuelto inviable, pues ya ha producido una reducción tan grande de los gastos no obligatorios que han llegado a niveles insostenibles. Este es el caso de varios programas en las áreas de educación (alimentación escolar, por ejemplo); salud (Farmacia Popular); de las universidades federales, que funcionan precariamente; de los programas de ciencia y tecnología, que adolecen de falta de fondos; y los órganos responsables de la política ambiental, incapaces de ejercer una adecuada supervisión de los delitos contra el medio ambiente. Los empleados públicos no han tenido incremento salarial en los últimos tres años, a pesar de una inflación acumulada de 28% en el período.

Los equipos de transición del gobierno saliente y entrante ya comenzaron a hablar. El PT y sus aliados ya están negociando con los políticos reelegidos de la actual legislatura —responsables de aprobar el presupuesto del próximo año— una holgura presupuestaria que permita gastar más allá del techo que puede llegar al 2% del PIB, un aumento de más del 10% en comparación con los niveles actuales.

Esos gastos, que no estaban previstos en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el actual gobierno, incluyen mantener el valor de R$ 600 mensuales por familia en transferencias de Auxílio Brasil; una tarifa adicional por niño de R$ 150; y, un incremento real del salario mínimo, dado por la tasa de crecimiento anual promedio del PIB en los últimos cinco años (alrededor de 1,3%). Además, existe la necesidad de reconstruir el presupuesto de algunos programas sociales que se han visto severamente afectados por los recortes realizados para cumplir con el techo de gasto.

Además del aumento del gasto, el nuevo gobierno también deberá enfrentar, en su primer año, una probable reducción en el ritmo de crecimiento de la recaudación por el cambio en el escenario externo y la consecuente caída en el precio de los commodities, uno de los factores que impulsaron la recaudación de impuestos este año, que creció 7,6% por encima de la inflación en los primeros tres trimestres del año. Los ingresos del gobierno también se vieron influenciados por otros factores transitorios, como los ingresos por concesiones, regalías por la explotación de recursos naturales, principalmente petróleo, y la anticipación de dividendos de empresas estatales. Esto, incluso, permitió al gobierno reducir las tasas de varios impuestos federales, incluido el IPI (impuesto sobre productos industrializados), y reducir a cero la tasa del impuesto sobre los combustibles. Además de incentivar el uso de combustibles fósiles, estos ingresos pueden faltar en un contexto internacional más adverso con un menor crecimiento interno.

La reversión de la trayectoria de los ingresos el próximo año aún puede verse influenciada negativamente por el posible aumento en el límite de exención del impuesto sobre la renta (IR), cuyo impacto puede superar el 1% del PIB. Vale la pena señalar que el mantenimiento del valor de Auxílio Brasil, el aumento real del salario mínimo y el aumento del límite de exención del IR, fueron promesas repetidas en numerosas ocasiones durante la campaña por los dos candidatos.

La combinación de un crecimiento más lento de los ingresos con un mayor gasto y tasas de interés que se espera que permanezcan altas durante mucho tiempo dará como resultado un deterioro fiscal en 2023, con el resultado principal pasando de un superávit del 0,5% del PIB este año a un déficit del 0,8% del PIB en 2023. La contrapartida de la dispensa debería ser la definición de una nueva regla fiscal, en sustitución del techo de gasto, que asegure una senda de reversión gradual de la deuda pública como proporción del PIB y su posterior estabilización en un horizonte temporal no muy lejano.

Hay una disposición positiva hacia el nuevo gobierno de aceptar un aumento en el gasto social, así como algún aumento en la carga tributaria, o una reforma tributaria que haga menos regresiva la estructura. Es necesario, sin embargo, considerar que la mejor forma de combatir la pobreza es el crecimiento económico, y que el principal obstáculo para el crecimiento sostenido ha sido el persistente desequilibrio fiscal y su implicancia en términos de altas tasas de interés reales. Finalmente, es posible aumentar la eficiencia de las políticas públicas, mejorando su enfoque e introduciendo mecanismos e incentivos que realmente resulten en la erradicación de la pobreza.