OPINIÓN

A solo 6 días de formular anuncios de restricciones a la actividad económica y de circulación, el presidente Alberto Fernández volvió a hablar para establecer más restricciones a la actividad y las escuelas. Decidió utilizar las fuerzas federales de seguridad y las Fuerzas Armadas para hacer cumplir sus órdenes en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Siendo la Capital Federal una ciudad autónoma, es decir como una provincia más, por DNU (decreto de necesidad y urgencia) el presidente decidió intervenir la Capital violando expresamente la Constitución Nacional.

Si bien el disparador de la protesta de la gente en la calle es por la educación, también afecta a la economía; en particular bares, restaurantes, gimnasios y otras actividades.

Cuando se lanzó la primera cuarentena, en marzo de 2020, inicialmente fue por 14 días para poner en condiciones el sistema sanitario para enfrentar el COVID-19, especialmente el tema de las unidades de terapia intensiva. Esas dos semanas se fueron estirando y terminaron durando meses. En el medio, la economía quedó colapsada con miles de puestos de trabajo perdidos, empresas cerradas, caída de la recaudación tributaria, aumento del gasto público y una expansión monetaria que hoy se refleja en una inflación piso del 4% mensual. que proyectada es el 60% anual. La inflación de marzo se ubicó en el 4,8% mensual, tasa que proyectada anualmente es del 75%.

Por su parte, los precios mayoristas vienen creciendo más rápidamente. En diciembre aumentaron el 4,4%, en enero 5,6% y en febrero 6,1%. El 6,1% mensual equivale a una tasa anual del 103,5%. Ya estamos en tres dígitos anuales.

Al igual que los precios al consumidor, mientras la economía estuvo paralizada por la cuarentena de 2020, los precios no se dispararon a pesar de la fuerte emisión monetaria dado que la gente no podía consumir casi nada, salvo alimentos, remedios y algún que otro producto o servicio.

A un año y monedas de aquella interminable cuarentena, el gobierno está desconcertado. Ya no puede argumentar que se necesita tiempo para recomponer el sistema de unidades de terapia intensiva, aunque algo de eso dijeron, sino que, encima, dicen que no saben cuándo llegarán nuevas vacunas. O sea, están frenando nuevamente la actividad, pero sin un horizonte de finalización. Difícilmente la gente le crea que las nuevas medidas van a durar 3 semanas.

El tema es que venimos de 3 años de recesión pero, sobre todo, de un año 2020 con una brutal caída en el nivel de actividad y, especialmente, de fuerte crecimiento del desempleo, la pobreza y la indigencia.

El sector de hoteles y restaurantes fue el más golpeado en términos de pérdida de puestos de trabajo con una caída de 57.424 personas que se quedaron sin trabajo.

Le sigue el sector de la construcción con casi 40.700 puestos y la actividad comercial con 22.000 puestos perdidos.

En total, Argentina tiene 2,2 millones de personas desocupadas. Sin embargo, la desocupación recae sobre el sector privado porque el sector público siguió aumentando su planta de personal. Entre febrero de 2020 y enero de 2021 los puestos en el sector público nacional, provincial y municipal aumentaron en 21.500 personas.

La economía argentina no está en condiciones de establecer nuevas restricciones a la actividad económica teniendo 19 millones de pobres, 4,5 millones de personas viviendo en la indigencia, 2,2 millones de desocupados, el 60% de los chicos de hasta 14 años viviendo en la pobreza, sin clases durante un año entero, con una economía que no crece desde 2011 y en recesión hace 3 años.

El PIB de 2020 estuvo casi en los niveles del PIB de 2007. Son 13 años de un producto bruto casi estancado, con una población que crece a pesar de los jóvenes que emigran.

El PIB en pesos constantes de 2004 de 2020 estuvo levemente por encima del PBI de 2009. En el mismo período la población pasó de 40 millones a 46 millones aproximadamente. Es decir, mientras el PBI se estancó la población creció, lo cual muestra que la generación de valor agregado hoy se tiene que repartir entre más personas, explicando la pobreza.

El problema está en que Argentina es un país pobre, es decir, no puede darse el lujo de frenar la actividad económica, aunque sea parcialmente, como lo hacen otros países. Argentina tiene un ingreso per cápita de US$ 8.000 por año y el promedio de la UE es de US$ 39.000 por habitante. Son dos mundos económicamente tan diferentes que, compararse con esos países en las medidas de restricción económica, no tiene ningún sentido. Y aun así, algunos países de la UE tienen marchas de protesta por la cuarentena que imponen algunos de los gobiernos.

Los números fiscales son horribles, Argentina no tiene moneda, no tiene ahorro interno, las empresas cierran sus puertas y se van del país y otras directamente cierran, la pobreza y la indigencia está en niveles insospechados, la desocupación es una pesadilla y la falta de perspectivas quita cualquier sueño innovador.

Con la situación económica actual, no hay margen fiscal para otorgar subsidios a las empresas que no facturan e igual tienen que pagar los sueldos de sus empleados.

Con este panorama, el gobierno no tiene mejor idea que decir que la gente se quede en su casa y volver a cerrar la actividad, no tan violentamente como en 2020, pero con restricciones importantes para sectores muy golpeados.

La amplia mayoría de las provincias decidió no adherir a las medidas autoritarias y sin fundamentos que dispuso el presidente, con lo cual la actividad económica total del país no se va a resentir tanto, pero en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, donde en el conurbano hay un 52% de pobreza, la situación social es muy delicada. Casi explosiva para las medidas que adoptó el presidente.