OPINIÒN

El resultado de las PASO sorprendió por la contundente derrota del oficialismo. La respuesta del gobierno no es tranquilizadora para la macroeconomía porque se decidió profundizar la política fiscal y monetaria expansivas que ya se insinuaban desde mediados de año en adelante, al mismo tiempo que se continúa deslizando el tipo de cambio nominal a un ritmo mensual del 1%.

Con los mercados externos cerrados por el elevado riesgo país, el déficit fiscal puede financiarse con colocación neta de deuda en el mercado local, con los depositantes indirectamente a través de la esterilización de los aportes del BCRA al Tesoro, o con emisión neta. La incertidumbre y las acciones pasadas limitan el acceso a fuentes no inflacionarias. Las entidades financieras tienen una exposición al sector público (Tesoro más BCRA) del orden de 45% de sus activos, porcentaje que es similar al que tenían a finales de 1988, y el mercado local de deuda parece menos dispuesto a absorber volúmenes crecientes de deuda estatal.

La expectativa de mayor emisión y la inconsistencia de la pauta mensual de devaluación auguran una corrección cambiaria y en el nivel de precios post elecciones. La posibilidad de demorar esa corrección se ha reducido notoriamente porque la intervención en los distintos mercados cambiarios está agotando las reservas líquidas de la autoridad monetaria.

En noviembre, luego de que se conozca el resultado de las elecciones de medio término, el gobierno deberá avanzar en cerrar el acuerdo con el FMI. Deberá hacerlo antes de finales de febrero porque no tendría los fondos para pagar el vencimiento de marzo. Un default con el FMI complicaría las cosas seriamente. Habría un riesgo de que la desmonetización gradual se acelere y se asusten los depositantes. El efecto sobre la brecha cambiaria sería importante e inmediato.

Dado que no hay opción para radicalizarse (o al menos que pueda sostenerse por dos años) porque el grueso del problema es el déficit fiscal primario que se financia con inflación, el gobierno deberá acordar con el FMI un programa que reduzca gradualmente el déficit fiscal y normalice el mercado cambiario. Ello requiere un mínimo de cohesión política dentro de la coalición de gobierno. Es probable que el gobierno insista con aumentos de impuestos porque ese es el camino elegido hasta ahora, aún en el medio de la pandemia. Las proyecciones del presupuesto son algo optimistas en particular para los recursos del sistema previsional, pero hay margen de reducción del gasto asociado a la pandemia ante la expectativa de que la misma continuará cediendo.

Es difícil que el acuerdo con el FMI resuelva los problemas de credibilidad del gobierno. Pero puede ayudar a evitar males mayores. En ese contexto, es poco probable que la economía pueda crecer más allá del efecto estadístico que genera el rebote de este año, salvo que se de una mejora adicional importante en el precio de las commodities. Sirva como referencia que con la mejora que se dio en 2021, que permitió aumentar las exportaciones en alrededor de US$ 1000 millones por mes, la inflación se aceleró al 50% anual y la brecha cambiaria coquetea con el 100%. La mejora de 8% en el PIB de 2021 fue posible a partir de la caída del 10% de 2020; el nivel mensual del PIB corregido por estacionalidad tuvo un comportamiento algo peor al observado en Brasil, Chile o Colombia y similar al de Perú o México.

Entonces, los años 2022 y 2023 parecen ser de transición hasta que cambie el gobierno. Quien asuma como presidente el 10 de diciembre de 2023 seguramente recibirá un déficit fiscal elevado con inflación asociada también elevada, pero a diferencia de 2015 no habrá espacio para que el gobierno actual atrase el tipo de cambio real (no hay reservas que rifar ni acceso al crédito internacional para financiar el déficit).

Luego de 12 años de estancamiento en el PIB y en el empleo formal, pérdidas importantes acumuladas del salario real, y un ajuste externo ya completado, y ante el fracaso evidente del populismo, las nuevas autoridades tendrán la oportunidad de encarar un programa de reformas estructurales que eliminen el déficit fiscal y reduzcan los sobrecostos que el Estado le genera a la inversión y empleo privados. Quizás se abra la puerta para empezar a recuperar a la Argentina de la decadencia económica.

(*) Economista Jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas)