El 1° de marzo de 2025, Uruguay tendrá un nuevo presidente: Yamandú Orsi. Todavía quedan tres meses para ese momento, tres meses más de gestión del actual gobierno. Y a pesar de estos tres meses, ya es posible tener una idea de cómo se verá la foto final de la economía; cuáles serán los éxitos por lo cual será recordado el gobierno y cuáles los desafíos que no logró superar. La herencia de Lacalle Pou será una economía aproximadamente 6% más grande que la de 2019(aún quedan tres datos del PIB para cerrar el mandato), a pesar de la caída causada por la pandemia.

Sin embargo, la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, declaró desde un primer momento que le gustaría que su gestión fuera juzgada por el desempeño del mercado laboral. Si este fuera el caso, el juicio resultaría más que positivo. El veredicto: una tasa de empleo que se encuentra casi en máximos históricos (ubicándose en 59,6%). Durante la pandemia, el empleo se desplomó, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantenerlo a flote con los seguros de paro parciales, entre otras medidas. Más, la recuperación no tardó en llegar. En agosto del 2021 la tasa de empleo había retornado a los guarismos iniciales; de hecho, fue de las variables macroeconómicas que más velozmente lo hizo. Desde entonces, la mejora en la situación laboral de los uruguayos ha sido casi que constante.

¿Qué otra variable tuvo una evolución positiva durante los últimos tiempos? La primera que aparece en mi mente es la inflación. Según el dato más reciente, se sitúa en 5%, permaneciendo durante 17 meses dentro del rango meta establecido por el Banco Central. Esto marca la primera vez, desde que se adoptó el Inflation Targeting hace 20 años, que la variación de precios cumple por más de un año con el objetivo. Igualmente destacable es el anclaje de las expectativas. En un horizonte de 24 meses, se espera que el aumento de precios sea inferior al techo del rango meta. Tras varios lustros con una inflación promedio del 8%, estas se encontraban, previsiblemente, desancladas.

Otro legado importante de esta administración es la implementación de una regla fiscal. Dentro de los numerosos cambios propuestos por la ley de urgente consideración (LUC), se incluyó la creación de una regla fiscal basada en tres pilares. Esta regla se ha cumplido todos los años desde su implementación, contribuyendo a reducir el déficit fiscal estructural (déficit fiscal efectivo ajustado por el ciclo económico y los efectos extraordinarios). Sin embargo, este 2024 el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé un apartamiento de dos de las tres metas. ¿La razón? Una caída en la recaudación causada por la menor inflación.

A pesar de no cumplirse este año, no caben dudas de que la creación (y seguimiento) de una regla fiscal es un avance positivo y necesario para la sostenibilidad de las cuentas públicas. No obstante, aún queda camino por recorrer en esta materia. Como es lógico al tratarse de un instrumento nuevo, la regla tiene margen para mejoras y ajustes. El principal de ellos: incorporar un nivel de deuda prudente (cuál es el nivel de esta deuda presenta toda una nueva discusión en sí misma), como ancla de mediano plazo para guiar las metas intermedias a fijar.

A pesar de estos avances, un desafío crucial sigue siendo el crecimiento económico. En la última década, el PIB de Uruguay creció en promedio apenas un 1,5% anual. Este gobierno no logró escapar del bajo crecimiento que acecha a Uruguay desde hace años. Aunque pueda parecer sólo un número, no es trivial. Mayor crecimiento implica incrementar la capacidad productiva de un país; permite aumentar los ingresos fiscales, sin necesidad de aumentar tasas impositivas, permitiendo incrementar también el nivel de bienestar de la población. Crea un entorno más resiliente para pararnos frente a choques externos, además de brindar mayor estabilidad macroeconómica.

¿Cómo se logra un mayor crecimiento? La receta no es única, pero el ingrediente principal siempre es la inversión. Este gobierno registró un incremento significativo (23% respecto a 2019) y alcanzó el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa en la década. A pesar de estas mejoras, el ratio Inversión/PIB se mantiene bajo. Uruguay es un país caro, tanto para vivir como para producir, y esto las empresas lo ven reflejado en su rentabilidad. Es difícil atraer inversiones con costos tan elevados, el desafío está en lograr reducirlos en el futuro.

A tres meses del cierre de este ciclo de gobierno, los desafíos pendientes, tanto económicos como en otros ámbitos, serán tarea del próximo presidente. Ahora le toca a Orsi tomar la posta y definir el rumbo. Esperemos que se continúe con las buenas gestiones de esta administración en empleo, inflación e institucionalidad fiscal; avances que han permitido que Uruguay sea el país con menor riesgo soberano de América Latina y la mayor calificación crediticia de su historia. También esperemos que logre superar los desafíos que quedaron por el camino. Estos siguen siendo construir un país más competitivo: uno que reduzca sus altos costos, atraiga mayores inversiones y logre finalmente acelerar el crecimiento económico. Superar este reto no será sencillo, pero es clave para garantizar un desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de los uruguayos en los años por venir.

- Deborah Eilender es economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo.