Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior del gobierno kirchnerista en Argentina, fue condenado a tres años de prisión por la adulteración de datos del INDEC. Junto con él, también fue encontrada culpable Beatriz Paglieri, quien se desempeñó como directora del Índice de Precios al Consumidor, y recibió la misma condena de tres años de prisión. Ambas penas son de ejecución condicional, por lo que no se harán efectivas. Al menos temporalmente.

El apagón

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es la entidad encargada de las estadísticas oficiales en Argentina, equivalente al Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay. La historia que sigue comienza en 2006, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, comenzó a ejercer presión sobre Clyde Trabuchi, directora nacional de Estadística de Condiciones de Vida, y Graciela Bevacqua, responsable del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo de Moreno era manipular la variación anual del IPC para que reflejara un aumento menor al real. ¿Por qué era esto crucial? Porque una parte significativa de la deuda pública argentina estaba emitida en bonos ajustables por inflación y, por lo tanto, mostrar un índice de precios más bajo significaba menores pagos por parte del gobierno.

Inicialmente, Trabuchi y Bevacqua lograron proteger el secreto estadístico, que incluía el listado de comercios encuestados por el INDEC y la metodología de cálculo utilizada. Sin embargo, esta situación no se mantuvo por mucho tiempo. Al cabo de un año, ambas habían quedado fuera de funciones. Beatriz Paglieri asumió entonces la responsabilidad de la medición de los precios.

A partir de ese momento, las estadísticas oficiales nacionales perdieron credibilidad. Se recurrió a indicadores provinciales, como los de Mendoza y San Luis, así como a estimaciones de consultoras privadas. Mientras el Indec reportó una inflación de 8,5% en 2007 y 7,2% en 2008, el IPC de San Luis la estimó en 16% y 26%, respectivamente. Por su parte, la consultora Ecolatina calculó la inflación en 22% para 2007 y en 30% para 2008. Este período marcó el inicio del llamado "apagón estadístico", durante el cual también se manipularon los datos de pobreza y desempleo. Como resultado, todos los números publicados por el Indec fueron recibidos con desconfianza.

Además de Trabuchi y Bevacqua, otros funcionarios fueron afectados en su intento por cumplir con su deber. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sección Indec, denunció la manipulación de las estadísticas oficiales y se destacó por su activismo durante este sombrío período, que culminó en 2015 con el fin de la presidencia de Cristina Kirchner. Bajo la administración de Mauricio Macri, se nombró a Jorge Todesca para liderar la reconstrucción del Indec y recuperar su transparencia y credibilidad.

Las estadísticas como bien público

En las últimas décadas, la producción de estadísticas ha evolucionado considerablemente. Lo que antes era una tarea enfocada exclusivamente en las demandas gubernamentales y de gestión política, han atraído el interés de un público mucho más amplio. Hoy en día, no es raro ver en los informativos televisivos a analistas que presentan, con diversas técnicas visuales, los resultados periódicos publicados por el INE o el BCU.

El sistema estadístico nacional es un bien público, en el sentido que proporciona información crucial para la sociedad, se elabora de manera imparcial siguiendo metodologías y procedimientos consistentes, y está accesible para todos los interesados en igualdad de condiciones. Desde un punto de vista económico, los sistemas estadísticos cumplen con las características de los bienes públicos: son no excluibles (no se puede impedir su uso por parte de nadie) y no rivales (el uso por parte de una persona no reduce la disponibilidad para otras).

Hace más de un siglo el físico británico Lord Kelvin afirmó: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.” Este principio también se aplica a las estadísticas económicas. Primero se define un concepto y luego se mide. Si este proceso se realiza correctamente, es posible desarrollar políticas para mejorar; de lo contrario, se navega a ciegas.

Entre la definición y la medición, es necesario tomar decisiones formales. Por ejemplo, aunque intuitivamente entendemos qué es el desempleo, para medirlo se deben establecer criterios claros sobre quién se considera empleado, desempleado o inactivo. Una persona que haya trabajado más de una hora en la última semana se considera empleada. Mientras que alguien que no haya buscado trabajo en ese período, aunque no esté trabajando, se clasifica como inactivo, no desempleado. El INE, al adoptar estas definiciones, sigue prácticas internacionales. La seriedad del proceso de generación de indicadores del mercado laboral depende de la calidad del muestreo, la consistencia de las respuestas y el procesamiento de los datos. Es crucial que las definiciones y metodologías sean claras y no se ajusten a conveniencia de los gobernantes. En esto, el Sistema Estadístico Nacional aprueba con buena nota.