La sequía que afectó al sur del continente en 2022/2023 tuvo un costo económico que, para el Uruguay, se estimó en aproximadamente 3 puntos de su Producto Interno Bruto (PIB). Dicho fenómeno representó un desafío para la provisión de agua potable en el área metropolitana de Montevideo y otras ciudades del país, amenazó la producción de base agropecuaria, y exacerbó la fragilidad de la población más vulnerable.

Uruguay posee uno de los mejores indicadores de cobertura de acceso al agua segura de América Latina y el Caribe, que supone agua potable y siempre disponible, para aproximadamente el 95% de la población, comparado con el promedio de la región del 75%[1]. No obstante, restan en el país poblaciones aisladas, que reciben agua a través de camiones, o cuya provisión se limita a determinadas épocas del año, sujeto a las condiciones climatológicas e hidrológicas. La reciente sequía determinó que, en algunas de estas regiones, como en el Departamento de Cerro Largo, fuera necesario distribuir el agua para consumo humano mediante camiones cisterna, evidenciando un desafío de carácter más estructural.

Como parte de la respuesta a estos desafíos, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó una cooperación técnica no reembolsable orientada a dar respuesta a la necesidad de agua de pequeños productores familiares y habitantes del medio rural. En este contexto, el pasado 14 de febrero se realizó la inauguración de la primera de dichas obras en el Municipio de Isidoro Noblía. Esta localidad, de poco más de 2.800 habitantes, se ubica en el Departamento de Cerro Largo, a 450 km de Montevideo, muy próximo a la frontera con Brasil.

En el marco de esta iniciativa, se prevé implementar 19 soluciones colectivas de acceso a agua potable en distintas localidades rurales del país, tanto para el consumo humano, como para la producción, en cantidad suficiente y calidad adecuada, en zonas que recurrentemente registran dificultades de acceso al agua. Estas estarán dispersas en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja, San José y Treinta y Tres. Las soluciones por ejecutar comprenden, desde la realización de pozos y tajamares, hasta la implementación de sistemas de bombeo, líneas de distribución y bebederos. Para esto se ejecutarán proyectos de infraestructura hídrica que promuevan el desarrollo humano sostenible, generando así mayor acceso al recurso agua y promoviendo la buena gestión de dicho recurso. Con esta cooperación se beneficiará a por lo menos 107 familias rurales, aproximadamente 420 personas, en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Dicha cooperación está enmarcada en los principios y lineamientos explicitados en la Estrategia de Seguridad Hídrica de CAF 2023-2026, la cual busca abordar los desafíos hídricos en la región, promoviendo acciones estratégicas para la Seguridad Hídrica, garantizando el acceso al agua y saneamiento para la población y para los usos productivos. En este marco, la Estrategia tiene como uno de sus pilares el brindar acceso seguro, inclusivo y eficiente al agua y al saneamiento, explicitando como una de sus líneas programáticas la reducción de la brecha en el acceso al agua y el saneamiento rural.

CAF, en su rol de organismo multilateral, que promueve el desarrollo sostenible y la integración regional a través del financiamiento de proyectos en América Latina y el Caribe, está comprometido con la Seguridad Hídrica, destacando la importancia de apoyar a los países de la región para cumplir con el objetivo de desarrollo (ODS 6) de la Agenda 2030, que se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Esta cooperación contribuye directamente al logro de este objetivo, generando soluciones de agua potable a poblaciones rurales vulnerables.

-Nicole Perelmuter, Economista Senior y Fabiana Bianchi, Especialista Agua y Saneamiento de CAF-Banco de desarrollo

[1] OMS/UNICEF, JMP Global Database, 2024