OPINIÓN

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No son los gobiernos ni los Estados los que hacen "esfuerzos" o "sacrificios" cuando evitan o postergan medidas difíciles. Es a cuenta de más esfuerzo o sacrificio de la misma población, pero más adelante.

El pasado 12 de abril, cuando el gobierno anunció que no aumentaría los precios de los combustibles, aún cuando los números daban para que lo hiciera y de manera significativa (casi 20%, según se informó), publiqué en la red social Twitter el contenido del párrafo anterior.

Un rato antes, el presidente Luis Lacalle Pou había publicado en el mismo lugar, el siguiente texto: “El Gobierno ha tomado una decisión en base a la situación actual del país debido a la pandemia. Sin perjuicio de la suba del precio del petróleo y el costo nacional, se hace un esfuerzo para no aumentar los combustibles”.

No fue lo único, pero lo que más me rechinó en ese texto fue la palabra “esfuerzo”. “Se hace un esfuerzo”. ¿Quién lo hace? Más tarde, la ministra Arbeleche explicó que el costo de la decisión iría a aumentar el déficit fiscal. US$ 30 millones sólo por el mes de abril y otro tanto por lo ya ocurrido durante el primer trimestre. O sea que no hay tal esfuerzo. Habrá más déficit, posiblemente menos caja en Ancap hasta que deba haber un aumento de su deuda si esta medida se extiende por más tiempo. Más tarde o más temprano, los clientes de Ancap deberán pagar la cuenta, de modo de restablecer la situación financiera de la empresa. O, alternativamente, los contribuyentes en general deberán hacerlo si el gobierno asume como propio el costo de la decisión y resarce a la empresa por una decisión política ajena a ella.

Dicho sea de paso, una vez más se utiliza a las empresas del Estado con fines ajenos a su naturaleza. Hubiera sido un buen precedente que el gobierno enviara al Parlamento un proyecto de ley haciéndose cargo de esa factura.

Volviendo al inicio, el Estado no se esfuerza. Ni siquiera cuando “ahorra”. Siempre, de un modo u otro, lo hace el sector privado. Aún si hubiera despilfarro y se lo corrigiera, habría menos pesos entrando en un bolsillo privado. “There is no such thing as public money, only taxpayer´s money”, como dijo Thatcher (“No existe tal cosa como dinero público, sólo hay dinero de los contribuyentes”).

De todos modos, a nivel popular no se hila tan fino y se asume como esfuerzo estatal ese tipo de situaciones. Pero, como vimos, nada de esto hay en este caso, porque la decisión adoptada sólo habrá de conducir a más déficit. Para dar con el concepto popular de esfuerzo estatal, la medida debería haber sido acompañada por un conjunto de instrucciones del presidente a sus funcionarios, referidas a la misma Ancap: dejar de realizar actividades perdidosas que son financiadas en el surtidor; establecer nuevas reglas de juego en el sector sin la generación de rentas que sean capturadas por privados; eliminar los sobrecostos originados en subsidios que no pagaría un importador y que el ministro Paganini englobó en lo que llamó el “factor X”.

Esto sí hubiera sido visto como un esfuerzo estatal y, mucho más, un esfuerzo desde la política, ya que hubiera implicado pisar intereses y pagar costos políticos por hacerlo.

Pero hay más tela para cortar. La razón de ser de la decisión se ubicó en “la situación actual del país debido a la pandemia”. Como vimos, su costo, en cuatro meses, suma US$ 60 millones. Que serán muchos más si la medida se extiende desde mayo. Pregunto: dadas las restricciones presupuestales notorias, esos sesenta millones son mucho dinero, ¿es esta la mejor forma de asignarlos “debido a la pandemia”?

Una medida general, como no subir los combustibles cuando se debe hacerlo, beneficia a quienes lo necesitan y también a quienes no. Hace unos años se supo que en Argentina la decisión de abaratar el gas para todos dio lugar a un boom de piscinas calefaccionadas.

La consultora Exante fue muy elocuente en ese sentido, también en Twitter, el viernes 16: “en el caso de los combustibles su participación en el presupuesto de las familias es creciente con el nivel de ingreso. El 41% del gasto total de los hogares en combustibles (y el 46% en el caso de las naftas) se concentra en el quintil de mayores ingresos”. O sea, se trata de una medida regresiva.

Si era “debido a la pandemia”, entonces se debió utilizar esa importante suma de dinero de manera focalizada en quienes más lo pudieran necesitar. Que posiblemente es el caso de algunos de sus beneficiarios, pero ciertamente no es el caso de otros.

El gobierno perdió una buena oportunidad para trasmitir a la población lo que significa “esfuerzo” estatal o, mejor dicho, desde la política.

También perdió una buena oportunidad, como vimos, para iniciar un proceso de transparencia en las empresas estatales, resarciendo a una de ellas por una decisión política que le es ajena. Lo mismo vale para las medidas “anti pandemia” de UTE y Antel conocidas el martes 20. Podría haber sentado un precedente de modo de poder replicar luego el argumento para otros subsidios que ya existen en ellas.

Y, por último, pero no menos importante, borró con el codo lo que había venido escribiendo cuidadosamente con la mano, sobre el cuidado de los escasos recursos disponibles y su focalización quirúrgica en el combate a la pandemia.