Un ejecutivo de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que sorteó las principales crisis globales y con conocimiento de la realidad empresarial local, señaló sus dudas respecto a los costos relativos de Uruguay con el Mundo, así, como sobre algunos impuestos como el Imesi[1] y una ejecutiva de una multinacional en el país, beneficiada con altos incentivos, conociendo el sector industrial uruguayo, señalaba que el tema más relevante es la falta de competitividad y que los tomadores de decisión deberían reconocer las señales de cierre de empresas como FNC en Minas, Gloria Foods en Nueva Helvecia, FANACIF, etc., con un problema común: Uruguay se volvió caro para producir, exportar y competir con importadores.
Alto costo sistémico y estructural en el Japón de los ´90, señalábamos en la columna pasada y no se pudo revertir. Con mercados someros e inestables y costos por trabas, regulaciones mal diseñadas y barreras ineficientes de entrada y salida, es peor.
Todo ello no se compadece con las agendas políticas que rondan asuntos con mayor impacto mediático y se alejan de la profundidad del análisis y de los acuerdos necesarios que la realidad impone. Empresas y personas demandan un entorno de seguridad, estabilidad, costos de producción y vida razonables, opciones de trabajo reales y un Estado que sea más eficiente, no para sacar, sino para dar.
Premonitorio
En 2018-19, visitando Chile para promover inversiones, mantuvimos reuniones con grupos de empresarios de “elite”. Nos llamaron la atención tres aspectos: primero, el temor de los empresarios de que el gobierno se volcara demasiado a la derecha, ya que, por reacción, la sociedad viraría más hacia la izquierda; segundo, en un país con una estabilidad y prosperidad ponderadas en la región, se observaban incipientes movimientos de protesta de algunos sectores sociales y académicos. Tercero, los elogios a Uruguay, en el entendido que habíamos seguido un camino más moderado que Chile. Para ellos significaba una debilidad de su país y una fortaleza del nuestro.
Barbas en remojo
A fines de 2019, Luis Custodio realizaba una interesante entrevista al Ec. Claudio Sapelli, que desde la academia advertía que en Chile se estaba generando una ruptura de la sociedad que podía traer consecuencias[2]. Una de sus reflexiones me impactó: “debo reconocer que subestimé el problema que para la sociedad chilena representaba la desigualdad en el trato”. Chile había cambiado.
Sostenía que la desigualdad de ingresos, no era el tema clave, sino la pobreza y la movilidad social y que estos, sí debían ser objetivos prioritarios de política pública, teniendo en cuenta el grado de ansiedad que enfrentan los chilenos en situaciones críticas.
Traducido al “uruguayo”, sería, como atender la situación de los que viven en asentamientos en condiciones sub humanas, conviviendo con la realidad de adicciones, delitos, violencia, escasas o nulas opciones de inserción, algunos perteneciendo ya a circuitos de perversión y delincuencia. Otras situaciones en los términos de ese análisis podrían ser los que, por condición familiar, económica o personal, pierden su empleo, salud, vínculos familiares. También los que por sus condiciones sociales, físicas, mentales o discapacidades pierden la cobertura de las redes que da el trabajo formal o el Estado y los que soportan condiciones de maltrato por su condición de vulnerabilidad.
Opacidad y fundamentos
El economista Claudio Zuchovicki[3], enfatizaba la importancia de la transparencia: “vamos a un restaurant, donde no ves la cocina, y, al cocinero, se le cae la milanesa, ¿qué hace?, o, vamos a uno de los de cocina abierta, el cocinero se asegura que veas que la tira” y concluye, la trasparencia es el mejor negocio para la economía, nos deja ver y controlar, en una era de interconexiones globales[4].
Estamos todos expuestos; antes escuchábamos a los políticos en la plaza, ahora estamos todos interpelados todo el tiempo, ellos y nosotros, y, esto, para la sociedad, es un valor agregado. Es crítico en las empresas públicas, los bancos públicos, las unidades reguladoras, las comisiones especializadas, etc.
Se adoptan supuestos, se hacen simulaciones, se toman opciones, de las que luego, depende la suerte de empresas y personas. Las prioridades no siempre aparecen explicitadas y son el resultado también de las definiciones de ciertos estamentos, y, de compromisos que se van asumiendo y negociando con distintos actores del sistema político, corporaciones, sistema financiero, etc. [5] [6].
Argumentos y realidades
Hoy se reedita una controversia sobre el costo país y la competitividad. En el pasado se había verificado con la devaluación de Brasil en ene/99 y la escasa reacción posterior. Luego se agregó el impacto de la crisis argentina, lo que llevó a una devaluación obligada en 2002.
El economista Diego Aboal[7] realizó entonces un estudio que relativizaba las consideraciones sobre el “atraso cambiario”, por una serie de asperezas técnicas que no vienen al caso, pero, más allá de aquellas elucubraciones, estaba claro que el año electoral impuso postergar el alineamiento cambiario y luego a la nueva gestión le costó reconocer el desalineamiento con la honestidad que la hora imponía (tanto como otros problemas que le tocó transitar), por lo que se postergaron y malograron decisiones, que, a tiempo, hubieran podido mitigar parte de los daños.
Aboal sostenía que los shocks sobre el tipo de cambio y los bienes no comercializables provocarían desalineamientos (positivos y negativos, respectivamente) sobre el Tipo de Cambio Real[8], consistente con una economía con rigideces nominales. Como ahora.
Remarcaba la importancia del régimen cambiario, para corregir desequilibrios y la velocidad del ajuste[9]. La menor flexibilidad del tipo de cambio real en los ´90, se basó, en el régimen cambiario y en la rigidez de los precios no transables[10]. Hoy: realidad similar con otra política cambiaria.
Una economía pequeña no debe darse el lujo de descuidar el TCR, máxime cuando ya se alcanzaron niveles de inflación y riesgo país históricamente bajos. Insistir con más de lo mismo es obsesión. Esta evolución del TCR no continuará, por más teorizaciones sobre las bondades de la estabilización y una inflación de “clase mundial”.
Uruguay es una intersección en el mapa y no puede justificar ser de las economías más caras de la región, comparable a la de otras mucho más desarrolladas, con otra infraestructura, mercados y solidez de sus riesgos soberanos.
[1] Aplicado a algunos sectores, altamente distorsivo, inequitativo, ineficiente. Verdaderamente una “antigualla” que se recrea en el tiempo, muy convenientemente, reformas tributarias mediante, dado que los Gobiernos utilizan como tantas otras, como instrumento de la penosa minería recaudatoria, menospreciando los daños colaterales
[2] Ver nota de Luis Custodio al Ec. Claudio Sapelli, consultor internacional, experto en la Economía Chilena, Profesor de la Univ. Católica de Chile, El País, 3/nov/2019
[3] Reconocido economista y analista argentino vinculado a varios medios de prensa
[4] Un instrumento de transparencia y trazabilidad es, sin duda, el “block-chain”, al que el gobierno, concedió mínima relevancia, siendo clave para garantía de transacciones comerciales, acciones públicas, procesos judiciales, etc.
[5] Esto pasa muy especialmente en los trabajos de gabinetes con abundancia de información confidencial y peso político
[6] Cuando recuperamos la democracia en 1985, tuvimos la oportunidad de constatar la fuerte determinación del Gobierno en algunas prioridades explicitadas. También entonces era un gobierno de coalición que optó por recuperar el salario real perdido y el peso de la masa salarial en el PBI, promover ciertos sectores productivos estratégicos que podían dinamizar la economía y extender una red de contención social como los CAIF
[7] Tipo de cambio real de equilibrio en Uruguay, Ec. Diego Aboal, Jun/02. El Ec. Diego Aboal es actualmente Director del INE
[8] Tipo de cambio real
[9] Agrega que el TCR ajustó a los desequilibrios existentes, lentamente y en los 90´s la productividad relativa y la propensión al gasto del gobierno fue lo que contribuyó de mejor forma a mantener al menos cierto equilibrio
[10] Bienes y servicios no comercializables internacionalmente.