OPINIÓN

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Las disciplinas de la ciencia económica son numerosas. El núcleo de todas ellas es la microeconomía —que es la teoría de la formación de precios en distintos tipos de mercados—, cuyo problema central es cómo usar los recursos existentes, que no son ilimitados, para lograr su máximo rendimiento y alcanzar así, el mayor bienestar general que ellos permitan.

A pesar que se presentan algunas fallas en su funcionamiento —como en el caso de la polución por ausencia de derechos de propiedad—, son los mercados actuando libremente los que permiten que ese mayor bienestar se concrete. En muchas ocasiones se plantea, sin embargo, la intervención estatal para mejorar el bienestar general y, para eso, se distorsiona el funcionamiento de los mercados —con impuestos, por ejemplo— por lo que la asignación de los recursos que generalmente se hace con ese propósito no tiene o no culmina con el resultado deseado más allá del corto plazo. Por otro lado la macroeconomía, una de las disciplinas de la teoría económica y con fundamentos microeconómicos, tiene como objetivo fundamental la corrección de, entre otros, problemas tales como la recesión de la actividad productiva, la inflación y desequilibrios que se presentan en el sector externo de la economía, es decir, en el comercio exterior de bienes y de servicios, en los movimientos de capitales y, en definitiva, en las reservas internacionales del Banco Central. Cuando esos problemas —o alguno de ellos— se presentan o se anticipa que sucederán, se intentan resolverlos combinando instrumentos de las políticas macroeconómicas, entre las cuales, una es la fiscal.

Redistribución
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En muchas ocasiones, también la política fiscal se usa creyendo que mejorará definitivamente el bienestar de la población de menores ingresos. Con este objetivo, su empleo de redistribuir ingresos para mejorar situaciones sociales puede tener resultados favorables en el corto plazo, pero no se logra que se extiendan más allá de cortos períodos. Es por eso que permanentemente se proponen medidas del mismo tipo pero, cada vez, con eficacia menor. En otras palabras, la intervención estatal a través del aumento del gasto público redistribuyendo ingresos de quienes pagan impuestos a quienes reciben subsidios, casi nunca soluciona definitivamente el problema al que apunta y la insistencia en el tránsito por ese camino termina afectando al bienestar general. La evidencia empírica es abundante a nivel global y regional. Y también en nuestro país, como lo ratifica lo ocurrido desde 2007 a 2019.

En 2007 se inauguró una nueva política impositiva al agregarse a la estructura de gravámenes existente, varios impuestos sobre los ingresos personales —salarios, jubilaciones, etc.—, que se sumaron a otros que conformaban ya el grupo de los impuestos denominados “directos”, como el que grava al patrimonio y a las rentas empresariales. La incidencia de esos impuestos —sobre la renta y sobre la riqueza—, en el total de la recaudación impositiva que trepó considerablemente, pasó de 21% en 2007 al 41% en la actualidad, mientras que la incidencia del resto, que es lo que se recauda por impuestos “indirectos” —IVA, Imesi—, bajó del 79% al 59% de la recaudación total.

Reflexión

Es muy discutible señalar que una política de ese tipo, de aumento de los impuestos directos sobre el ingreso y la riqueza “de los que tienen más”, haya beneficiado de manera permanente y sustentable a “los que tienen menos”. De hecho, lo que no es discutible es que la exacción tributaria que ha habido, con la excusa que —como dije es discutible—, no tuvo éxito en mejorar la situación de quienes supuestamente se iban a beneficiar con la redistribución de ingresos, generó y sigue provocando obstáculos para un crecimiento duradero de la actividad productiva del país, del empleo y de la propia distribución de ingresos.

En los cinco años que antecedieron al trimestre inicial de 2020, el que coincidiera con el inicio de la pandemia, la economía uruguaya se mantuvo estancada, al igual que el consumo; cayó la inversión; aumentó el desempleo y bajó el empleo. Las políticas de aumentar tributos directos bajo la creencia que la redistribución de lo recaudado puede mejorar la situación de las clases sociales más bajas, no llegó a concretarse favorablemente en aumentos del bienestar general en esos años previos a la pandemia. Por el contrario, para mantener lo alcanzado o menos, se mantuvo la intención y también la decisión, de seguir aumentando la presión impositiva distorsionando el funcionamiento de los mercados.

Justamente fue la crisis sanitaria que se inició en marzo de 2020 la que dejó en descubierto la impotencia de quienes fueron favorecidos por la distribución realizada centralmente por el Estado, para enfrentarla, como se habría esperado, de acuerdo con el incremento de la recaudación —y el mayor endeudamiento—, y la canalización de ese aumento a promover una mejor distribución del ingreso.

De nuevo observamos propuestas que insisten en el papel igualador del Estado, en lugar de aceptar aquellas que le dan mayor cabida al funcionamiento de los mercados. De nuevo se propone aumentos tributarios con el viejo argumento que quien más tiene o quien más ingresos recibe por su trabajo o actividad, más debe transferir a quien menos tiene, como si hoy ya no se diera esa infructuosa estrategia, que ha demostrado que no logra que quienes son hoy favorecidos puedan ser los que favorezcan en el futuro. De nuevo se propone interferir en el funcionamiento de los mercados con aumento de la presión tributaria, lo que afecta los equilibrios naturales y la contribución que esos mercados hacen al bienestar general.

Aceptar esas propuestas no llevará a resultados diferentes a los que hasta ahora han llevado.