“Habría que comprar Uruguay ‘adentro’ y venderlo en el exterior” me dijo la semana pasada un gran emprendedor latinoamericano radicado en Montevideo desde hace no mucho tiempo. La frase quizás exagera los eventuales contrastes entre percepciones internas sobre el país —presentes sobre todo en redes sociales— versus aquellas externas, pero es bien gráfica para descartar ciertas perspectivas siempre sombrías predominantes en algunos análisis locales, no sólo políticos. Si quieres desafiar tu optimismo, date una vuelta por Twitter, suele decirse.

Casi simultáneamente que escuchaba esa sugerencia de arbitraje e inversión —“comprar adentro para vender afuera” — la exigente agencia Fitch, que tuvo a Uruguay durante varios años al borde de quitarle el grado inversor, no sólo se lo reafirmó, sino que le subió la calificación crediticia a BBB.

Previamente, en semanas recientes, otras calificadoras también habían mejorado la evaluación de Uruguay. Mientras que Standard & Poor’s le subió la nota a BBB+, Moody’s le puso perspectiva positiva para llevarla eventualmente a un rating similar.

La calificación no es otra cosa que una evaluación de un equipo de analistas, con modelos simplificados, información imperfecta y proyecciones bajo alta incertidumbre. No es más que una orientación sobre la calidad crediticia del deudor a considerar con cautela, como cualquier otra visión de agentes especializados similares.

Quizás más relevante sea la calificación diaria que cientos de inversores institucionales realizan de la deuda uruguaya vía sus decisiones financieras. Porque las agencias suelen ir detrás de los precios de mercado. Esta vez, nuevamente, estos ya habían anticipado las mejoras. El spread de los bonos soberanos —medida habitual de “riesgo país”— descendió al torno a los 85 puntos básicos, cerca de sus mínimos históricos y en el nivel más bajo de la región.

Estas mejoras en la evaluación crediticia, pero más importante, esas menores sobretasas que los inversores exigen por prestarle a Uruguay han sido justificadas en ciertos mejores fundamentos que las propias calificadoras han destacado.

Entre ellos, siempre el más relevante es la evolución y sostenibilidad de la deuda pública, todo lo cual está fundamentalmente vinculado a la trayectoria pasada y esperada del déficit fiscal. Por eso, las calificadoras han valorado la reducción reciente del desequilibrio estructural, el cumplimiento de las metas y la consiguiente mayor credibilidad en la política fiscal.

En otros aspectos macroeconómicos también han destacado la reforma de la seguridad social (por su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas), las mejoras en la gestión monetaria y la solidez de las cuentas externas.

Por último, se ha puesto mayor énfasis en la calidad institucional y política del país, así como su capacidad para gestionar la pandemia y las demandas ciudadanas, en un contexto de crispación y riesgos refundacionales en países similares.

Huelga decir que la reafirmación del grado inversor no es, ni debe ser, un fin en sí mismo. Se trata de un medio, de una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr objetivos superiores.

El primer beneficio directo es el menor costo de financiamiento para el gobierno, al exigírsele una sobretasa de interés menor, lo cual aminora a su vez la carga financiera de empresas y las personas.

En segundo lugar, si el gobierno se endeuda por eso más barato, pesará menos el gasto en intereses en su presupuesto y dejará espacio para prestaciones sociales u otras.

Tercero, la evaluación crediticia de los países es un criterio que suele usarse para la asignación de la inversión (extranjera) por países. Países sin grado inversor no suelen considerarse por muchas empresas para desarrollar sus proyectos.

Este impacto positivo en la inversión extranjera y las menores tasas de interés impulsan el capital físico y humano del país, lo que eleva el crecimiento económico (potencial) y reduce su volatilidad. Esto favorece un mayor crecimiento sostenible del empleo, los salarios reales, la recaudación tributaria y el gasto público.

Con todo, además de beneficios, esta reciente reafirmación del grado inversor conlleva desafíos.

Por un lado, es necesario preservar las calificaciones crediticias actuales. Para eso es clave mantener el cumplimiento de las metas fiscales estructurales y fortalecer la credibilidad e institucionalidad fiscal, junto con acelerar la desdolarización y converger creíblemente a la estabilidad de precios definida como inflación estable en torno a 3%.

Por otro lado, sería deseable llevarlas a la parte baja del tramo de las notas “A” para disponer de mayores holguras ante shocks adversos o agudos deterioros cíclicos que pudieran venir en los próximos años. Si Uruguay fuera A- estaría tres escalones por encima del mínimo de grado inversor (BBB-), lo cual no solo potencia los beneficios antes mencionados, sino que tendría mayores márgenes de reacción ante eventos o ciclos muy adversos. Podría bajar uno o dos escalones, sin la amenaza cercana de perder el grado inversor, ni la necesidad de sobreajustes rápidos y costosos. Si como política de Estado fue posible mantener el grado inversor, menos difícil debería ser lograr esas holguras.