OPINIÓN

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El referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha sido considerado como el punto de partida de la campaña política hacia las presidenciales de 2024, pero también como el cierre del ciclo electoral previo, tras los comicios de 2019 (nacionales) y 2020 (departamentales). No es el objetivo de esta columna hacer análisis propios de politólogos, sino esbozar algunas implicancias económicas derivadas de lo ocurrido en esta materia durante los últimos años, sobre todo desde la perspectiva de actores e inversores externos.

Hoy Uruguay es percibido con muy bajo “riesgo país” y ello es en parte atribuido a su madurez política e institucional, pero también a su ejemplar ciclo electoral reciente. El spread de sus bonos soberanos —medida tradicional de “riesgo país” — se ubica en torno a los 100 puntos básicos (un punto porcentual), cerca de sus mínimos históricos y en el nivel más bajo de la región. Es incluso inferior al de Chile, que históricamente ha tenido el menor costo de financiamiento de América Latina y cuya calificación crediticia es 2 o 3 escalones superior a la de Uruguay. De hecho, esto podría sugerir una rebaja en la calificación chilena o un alza en la uruguaya, de confirmarse ciertas tendencias recientes.

En el avance relativo de Uruguay ha sido clave la reducción del déficit fiscal, la mejora de la institucionalidad fiscal y la buena gestión de la pandemia, tal como lo argumentó Fitch en diciembre, al ratificar su grado inversor y quitarle la perspectiva negativa a la deuda soberana. Pero desde el ámbito político-electoral también habrían influido positivamente los siguientes 6 factores que suelen ser destacados externa e internamente, sobre todo en el inestable e incierto panorama que han enfrentado varios países de la región.

Primero: la calidad de la democracia uruguaya. Para la prestigiosa revista británica The Economist, que evalúa el tema, desde hace muchos Uruguay aparece dentro del selecto grupo de países con “democracia plena” y el puesto 13 a nivel global según su calidad democrática.

Segundo: la fortaleza de los partidos políticos. Si bien la atomización política que se observa en la región y a nivel global dispone de tierra fértil en Uruguay por su sistema electoral proporcional, la rica historia de los partidos y sus fortalezas no han llevado a una atomización desmedida. Han sido los canales institucionales de demandas sociales, con puertas abiertas para el ingreso a la política (partidaria) de las generaciones más jóvenes.

Tercero: la naturalidad de la alternancia en el poder. La recurrente característica de un país políticamente dividido en dos mitades no solo se ha confirmado en las últimas instancias electorales, sino que también estaría muy presente en las próximas. Esto ha generado alternancia en el poder durante las últimas décadas, lo que también se mantendría en el futuro. Es algo sano y positivo para las políticas e instituciones públicas como lo muestran las democracias más consolidadas del mundo.

Cuarto: la necesidad de acuerdos. Las elecciones recientes y las encuestas de opinión pública sugieren que es poco probable que un solo partido obtenga el 50% de los votos y de la representación parlamentaria. Así como el Partido Nacional se vio obligado a formar una coalición para gobernar desde 2020, lo mismo podría ocurrir en la próxima administración (2025-30), cualquiera sea el partido que triunfe en 2024, incluso el Frente Amplio, que en sus tres gestiones tuvo mayorías absolutas. Más allá de la natural competencia, esto debería incentivar cierta cooperación interpartidaria.

Quinto: las políticas de Estado. Así como la llegada al poder del Frente Amplio en 2005 no significó una refundación del país, sino continuidad y cambio, lo mismo ocurrió con el gobierno liderado por el presidente Lacalle Pou desde 2020. Las políticas de Estado están evidentemente estimuladas por la alternancia en el poder y la necesidad de acuerdos por falta de mayoría absoluta.

Sexto: la institucionalidad para canalizar demandas. En contraste con lo observado en muchos países, los descontentos y malestares de la sociedad uruguaya han sido canalizados fundamentalmente a través de procesos electorales, la democracia directa e indirecta y movimientos (no violentos) de la sociedad civil. El ciclo de los últimos años así lo reflejó.

Desde la perspectiva económica, estas 6 fortalezas (y otras) no sólo tienen implicancias en términos de menor “riesgo país” y bajo spread soberano, lo que aminora el costo de financiamiento de empresas, familias y el gobierno, sino que también representa un estímulo a la inversión extranjera y la inmigración, como The Economist destacó semanas atrás.

Pasado el referéndum sobre la LUC, además de consolidar todas esas fortalezas, esperemos también avances (sin populismos) en la agenda de largo plazo que Uruguay requiere, sobre todo en términos de crecimiento potencial, estabilidad macro, inserción externa, seguridad social, educación y otros temas esenciales. Para que “esta calidad de la política” de la cual el país se enorgullece, también se refleje en mejor calidad de las políticas públicas.