Javier de Haedo

El tema impositivo volvió a estar sobre la mesa debido a los anuncios del gobierno sobre reducciones en el IRPF y en el IASS. Por lo que resulta oportuno refrescar cuál es la situación actual del sistema impositivo y efectuar su comparación con la realidad previa a la reforma que el ministro Danilo Astori impulsó en el primer gobierno del FA y entró en vigencia a mediados de 2007. A esos efectos vamos a comparar las “fotos” de la recaudación (bruta) de la DGI en los años 2006 y 2022. De paso, quiero compartir algunas sugerencias sobre ajustes al sistema impositivo que, en mi opinión, sería deseable que se consideraran en alguna instancia próxima en que se lo quiera revisar.

La reforma de 2007. ¿Qué cambios hubo en la estructura del sistema impositivo con la reforma de 2007? Si bien luego de ella se sucedieron numerosas modificaciones, el grueso de las realizadas entre 2006 y 2022 se concentró en la reforma de 2007. Y a los efectos de hacer una comparación correcta, en el caso de 2006 debe sumarse el IRP, extra DGI, que fue derogado precisamente como parte de aquella reforma.

Lo primero a destacar consiste en que la reforma de 2007 (y sus ajustes posteriores) no subió la “presión impositiva”, que pasó de 19,3% del PIB en 2006 a 19,0% del PIB en 2022 (con el PIB de 2022 estimado por este economista). O sea que fue una reforma con un propósito cualitativo y no cuantitativo.

Lo segundo consiste en comprobar que, después de algunas décadas, se reintrodujo la imposición a la renta personal (de las personas físicas, los pasivos y los no residentes) que totaliza hoy 3,8% del PIB.

Y lo tercero, que, como contrapartida de ese aumento, bajaron los impuestos al consumo (IVA e Imesi y el COFIS, que se derogó) por 2,1% del PIB y bajaron o fueron derogados otros impuestos por 2,0% del PIB.

La foto de 2022. La recaudación bruta de la DGI alcanzó el año pasado a 19,0% del PIB. Casi la mitad de ella (nueve de esos 19 puntos, o sea el 47,4% del total) sigue siendo el IVA, cifra que sube al 10,8% si se suma el Imesi con el propósito de totalizar los impuestos al consumo. La renta personal, en sus tres versiones, aporta el 3,8% del PIB como ya se señaló. La renta empresarial, mientras tanto, aporta el 2,9% del producto. En el caso de la imposición al patrimonio en sus diferentes formas (IPAT, ITP, ICIR y Primaria rural), el 1,2% del PIB. Otros impuestos de menor importancia, el restante 0,3% del producto.

Como se puede ver, se trata de un sistema sencillo, con pocos impuestos. La reforma de 2007, como la de mediados de los setenta, tendió a simplificarlo, derogando impuestos de poca recaudación.

Otra característica positiva de nuestro sistema impositivo es que cuenta con pocas “rentas afectadas”, es decir impuestos con su recaudación asignada a un fin específico, como es el caso del de Primaria. Esta mala práctica, que era habitual en el pasado, como resulta obvio le resta flexibilidad a las finanzas públicas: a mayor proporción de rentas afectadas a fines específicos, menos margen de maniobra para asignar el presupuesto. De paso, con esa práctica, cualquier “fin benemérito” da lugar a la justificación para un mal impuesto… “en definitiva, es para algo loable”.

Sugerencias de reforma. Sin pretender agotar la lista de posibles mejorías al sistema tributario tal como rige hoy día, me permito realizar algunas sugerencias para su eventual revisión. La idea no es aumentar la recaudación, sino que las modificaciones se compensen en ese sentido.

Uno, la introducción del concepto de “IVA personalizado” que, como yo lo veo, permitiría al mismo tiempo cumplir con dos buenos principios en materia fiscal. Primero, la generalización del IVA, sin tasas diferenciales, y segundo, la focalización de la devolución del impuesto en una población objetivo, en este caso la de menores ingresos, que lo necesita. La tecnología disponible permite hacerlo y así evitar la mala alternativa histórica de establecer diferentes tasas en función del bien o servicio de que se trate, por la cual terminan recibiendo mayor beneficio los hogares de mayores ingresos.

Dos, emparejar la imposición a las empresas, que desde que se eliminó el ajuste por inflación y se extendieron las exoneraciones por la utilización de regímenes especiales (Comap y zonas francas) se ha vuelto dispar y por lo tanto injusta. Además, esos regímenes especiales tienen los días contados a nivel global y tarde o temprano deberán eliminarse.

Para ello, claramente, se debería retomar el ajuste por inflación, que fue una mala medida (admitido esto por sus autores) en tiempos de apremios fiscales, hace no muchos años.

También coadyuvaría en ese sentido una nueva reducción de cinco puntos en la tasa del IRAE (llevándola al 20%) al mismo tiempo que un aumento de igual magnitud en el IRPF sobre los dividendos (que iría al 12%).

Tres, en el caso del IRPF sería deseable aumentar las deducciones, como en el caso de las vinculadas a los hijos menores de edad (por ejemplo, por el gasto incurrido en su educación) lo que debería ser compensado con ajustes en las tasas del impuesto.

Cuatro, la revisión del “gasto tributario” o la “renuncia fiscal” implícitos en las exoneraciones impositivas (que tienden a hacer del sistema tributario un queso gruyere, atravesado por múltiples perforaciones) debería aportar recursos que permitieran contribuir a la segunda de las sugerencias referidas e incluso a la reducción de tasas de otros impuestos.