OPINIÓN

La economía uruguaya se encamina a tener un trienio 2021-22-23 de buen crecimiento de la actividad y el empleo. Se evidencian dos motores muy claros: desde el lado de la producción, un gran dinamismo del sector agroindustrial y la construcción; desde el punto de vista de la demanda, el impulso de la inversión privada y de las exportaciones de bienes.

Una mirada desde la demanda de la economía

La inversión alcanzó el 18,8% del PIB en 2021, su máximo nivel desde 2015. En términos desestacionalizados se ubicó en el cuarto trimestre de 2021, un 25% por encima del nivel pre-pandemia. Evidentemente, la construcción de la obra de UPM2 y su infraestructura conexa explica la mayor parte de este comportamiento. También hay aportes de la construcción de edificios dado las modificaciones al régimen de vivienda promovida y la adquisición de maquinaria y equipos vinculados al agro.

¿Impulso transitorio? La finalización de las obras asociadas a la planta de celulosa supone un gran signo de interrogación. ¿Habrá una mayor contribución (e incentivos) del sector público para prolongar este ciclo de dinamismo a las puertas de un período electoral? Por el retrovisor, la inversión del Gobierno Central y las empresas públicas en 2021 fue la más baja en muchos años (1,8% del PIB). Por el parabrisas, hay algunos proyectos de inversión (públicos y público-privados) comprometidos en el Presupuesto 2020-24 que aún no han visto la luz: obras viales, portuarias y las recientemente anunciadas en materia de aeropuertos. También están los recursos comprometidos para la relocalización de asentamientos y la construcción de viviendas.

Por el lado de las exportaciones, 2021 fue un año record en materia de exportaciones de bienes y 2022 se encamina a superarlo. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior medidas en volumen culminaron un 7% arriba del nivel pre-pandemia. Aquí conviene resaltar dos elementos. En primer lugar, el contexto externo netamente favorable, en particular para la agroindustria. La demanda extra-región relevante para Uruguay, se mantiene firme y los precios de las principales materias primas de exportación están en niveles históricamente elevados.

En segundo lugar, lo que poco se habla. Un poco alentado por la coyuntura, pero gran parte por mejoras en los propios procesos productivos, hoy tanto el sector de la agricultura como la ganadería están pujantes, con notorias mejoras en sus márgenes y mayores apuestas a la inversión en tecnología. La cadena cárnica, láctea y arrocera son ejemplos notables. También hay una mayor diversificación hacia cultivos de invierno y en esta zafra una ayuda del clima para una cosecha de soja que se avecina muy positiva; todo lo cual seguirá impulsando la reinversión y las colocaciones al exterior.

¿Veranillo o ciclo más prolongado? Todo parece indicar que la guerra entre Rusia y Ucrania confirmó que la relativa escasez de alimentos a nivel global frente a una demanda dinámica se agudizará, lo cual supone buenas perspectivas en materia agroexportadora para los próximos años. En sentido contrario, el aumento de los precios del petróleo e insumos relevantes como la urea, así como el alza de los costos internos medidos en dólares (que no es más que la contracara de precios de exportación en niveles record) desafiará las ecuaciones de costos.

Distinto es el caso de los sectores que exportan a la región, típicamente de raíz industrial manufacturera y asociados al turismo. Allí, tanto por condiciones de demanda como de precios relativos, se visualizan dificultades. No obstante, es importante comenzar a internalizar que dicha situación está tendiendo a transformarse en un fenómeno más estructural que coyuntural dada la realidad de nuestros vecinos, y por tanto impone respuestas más micro-sectoriales que desde la política macroeconómica.

Por su parte, el consumo privado (principal motor de la economía, representando en torno al 60% del PIB) es el único componente de la demanda que presenta un claro rezago en la recuperación (en línea con la masa salarial). En el segundo semestre del año pasado presentó un crecimiento desestacionalizado de 10% respecto al primero, posiblemente porque el empleo se mostró muy dinámico y ya superó el nivel pre-pandemia. Sin embargo, aún se ubica 1% por debajo de los niveles pre-pandemia, posiblemente porque el salario real no acompañó y cayó por segundo año consecutivo.

¿Seguirá la recuperación? Hay argumentos en ambas direcciones. Por un lado, el propio dinamismo de la actividad y el empleo auguran un ciclo positivo para el consumo privado (y consecuentemente para la recaudación fiscal), lo cual podría verse reforzado por un mayor consumo de bienes importados dada la debilidad esperada del tipo de cambio. Por otro lado, la trayectoria esperada de la inflación conspira contra la recuperación salarial, lo cual podría limitar el consumo de los hogares. De hecho, parece bastante claro que bajo las actuales circunstancias y de no haber aumentos nominales adicionales a lo establecido en los convenios salariales (o en su defecto, un adelantamiento de los correctivos) en 2022 habrá nuevamente pérdida (moderada) del poder adquisitivo.

¿Es el salario el principal desafío de la política económica? Probablemente. En primer lugar, porque hay un compromiso explícito del poder político de recuperar hacia 2024 el salario perdido durante la pandemia (en torno a 4,5%). En segundo lugar, porque lo anterior podría implicar tensiones y desafiar la consistencia de las políticas monetarias, salariales y fiscales. En otras palabras, redefinir objetivos y prioridades.

Los desafíos de la política económica

En lo monetario hay dos elementos. Por un lado, las presiones inflacionarias externas generarán importantes desvíos respecto a la meta de inflación y como parece suceder, mayor desanclaje de las expectativas de los agentes; todo lo cual obliga a la autoridad monetaria actuar con firmeza y endurecer aún más su política monetaria, encareciendo el costo del crédito. Por otro lado, el no cumplimiento de las metas de inflación desencadenará la aplicación de correctivos, con los problemas de indexación que ello trae aparejado.

En lo salarial también hay dilemas. Dada la evolución reciente y esperada de la actividad y el empleo, hay un espacio importante de mejora para dicha recuperación. Aquel trade off implícito entre empleo-salario muy latente en 2020 y 2021 va quedando lentamente atrás. No obstante, también es cierto que se mantienen las heterogeneidades sectoriales y persisten problemas estructurales del mercado laboral, por lo que deberá ser un trabajo se sintonía fina. A mitad de año, en los sectores más afectados por la pandemia se volverán a convocar las mesas de negociación y se verá con mayor claridad la tónica adoptada por el gobierno. ¿Habrá ajustes nominales más elevados? ¿Será extensivo al resto de los sectores de actividad?

En lo fiscal, la mayor discusión estará centrada en la evolución del salario público y las jubilaciones, así como en los mayores estímulos vía reducción de impuestos (como los anunciados por el Presidente para 2023) o aumento de gastos vía Rendición de Cuentas (última del período donde se puede realizar refuerzos presupuestales para 2023 y 2024). Entrará en juego la economía política, el avistamiento del ciclo electoral, la consolidación fiscal efectuada por el gobierno en sus dos primeros años y la “tentación” de desplegar una política fiscal más procíclica. Los anuncios del presidente suponen un cambio en la tónica, desde una fase más contractiva a una más expansiva. De algún modo, prolongar el ciclo por algún tiempo más.

En conclusión, la cuestión de fondo será internalizar cuáles impulsos son más permanentes y cuáles más transitorios. El ciclo que comenzó en 2021 y se extenderá por al menos dos años más, pondrá a prueba una vez más dicha capacidad, aunque como se señala, la evidencia señala que esos impulsos no son in eternum; son transitorios y no permanentes.

(*) Ignacio Umpierrez, economista del CED / Opinión personal