OPINIÓN

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La ley Orgánica de la Universidad de la República (1958) establece en su artículo 66 que la enseñanza universitaria oficial es gratuita. “Los estudiantes que cursen sus estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la República no pagarán derechos de matrículas, exámenes, ni ningún otro derecho universitario. Los títulos y certificados de estudio que otorgue la Universidad de la República se expenderán gratuitamente, libres del pago de todo derecho.”

Sin embargo, existen postgrados pagos y el Fondo de Solidaridad que grava a los egresados universitarios es un pago diferido en el tiempo. Más allá de los elementos jurídicos que puedan corresponder, en esta nota argumento que la actual gratuidad irrestricta en los primeros títulos de pregrado es injusta por su carácter esencialmente regresivo.

Nada se produce en forma gratuita. El servicio educativo tiene costos, tanto por los recursos humanos como por los recursos físicos que requiere. La gratuidad actual establece que el servicio no es abonado por quienes se benefician directamente. La gratuidad no quiere decir que estos costos no existan. La reciente Ley de Presupuesto y su discusión nos debería recordar que la población en general es quien paga. Lo paga tanto el que usa el servicio como el que no lo usa. El joven que no puede acceder y la persona de edad mayor que no considera estudios universitarios. Lo paga el de Montevideo y lo paga el del Interior. Lo paga el rico y también lo paga el pobre. Todos lo pagan. Ilustraremos con datos tomados de la Encuesta Continua de Hogares del INE cuan poco equitativo esto es.

Académicamente es necesario completar una etapa educativa para pasar a la siguiente. Primaria es completada por la casi totalidad de los estudiantes. Todos son candidatos para desarrollar estudios secundarios. En cambio, la finalización de secundaria es una historia distinta. En los hogares que forman parte del quintil más pobre (el 20% de hogares de menores ingresos) tan sólo un 16% de los estudiantes culmina secundaria. En los hogares del segundo quintil sólo un 29% lo hace. El 74% del primer quintil y el 61% del segundo quintil que no completó secundaria no está habilitado a ingresar a la Universidad. No puede beneficiarse de su gratuidad, pero igual contribuirá con sus impuestos a su financiamiento.

El tercer quintil de los hogares es una aproximación a la clase media. Son hogares que tienen ingresos superiores al 40% más pobre pero inferiores al 40% más rico. Dentro de este grupo, la mitad culmina secundaria y podría aspirar a estudios universitarios y la otra mitad no.

Los sectores más pudientes del país componen el cuarto y quinto quintil de la distribución de ingresos. El cuarto quintil es una especie de clase media-alta (sus ingresos superan al 60% de los hogares, pero son inferiores a los ingresos del 20% más rico del país). Dentro de estos, un 61% puede acceder a estudios universitarios. Y dentro de los hogares más ricos, compuesto por los que están en el 20% de mayores ingresos, el 78% culmina estudios secundarios.

En una nota publicada hace unos meses en este suplemento, analicé la reforma del marco jurídico de la educación superior en Chile. En 2018, la gratuidad promovida por el gobierno de Michelle Bachelet y empujada por masivas protestas estudiantiles alcanzaría a los hogares que forman parte del 60% más pobre del país. Los dos quintiles superiores seguirían abonando por sus estudios. Si se aplicara una regla de este tipo en Uruguay, tan solo un 30% de los estudiantes de la Universidad de la República estarían cubiertos. El resto, al formar parte de los grupos más privilegiados, tendrían un costo asociado a su educación universitaria.

El INE clasifica a los hogares de Montevideo según sean de estrato bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto. Solo el 19% de los estudiantes de la Universidad de la República pertenecen a hogares del grupo bajo o medio-bajo.

El último estadístico relevante de esta nota refiere a la trayectoria académica entre instituciones educativas. Dado que en muchas localidades del interior del país el sistema púbico es el único (o casi único) existente, me concentro en los estudiantes de Montevideo. Entre quienes tienen entre 18 y 20 años y asisten la Universidad de la República, un 52% de ellos asistieron previamente a un bachillerato privado. En otras palabras, estos hogares abonaron por los estudios secundarios de sus hijos. Una vez entrados en la etapa más exclusiva de estudios terciarios, pasaron a beneficiarse de un sistema gratuito.

En esta nota pretendí mostrar lo injusto del sistema gratuito universitario cuando este es irrestricto. Un contraargumento que suele hacerse es que una proporción de quienes acceden a la universidad son primera generación de universitarios. Esto no es sorprendente, dado que la tasa nacional de estudios universitarios no es elevada. Es una señal positiva de movilidad social ascendente.

Lo clave es reconocer que quienes asisten al sistema universitario son los sectores económicamente más privilegiados del país, que existen formas sencillas de identificar quienes son y que el financiamiento público genérico actual constituye una transferencia de toda la sociedad hacia una clase media-alta y alta. Profundamente regresivo.