Nicolás Cichevsky

Luego de crecer un 2% en el primer semestre de 2022, la economía cayó un 2% en el segundo y entró técnicamente en recesión (caídas en trimestres consecutivos de 0,7% y 1,3%). En términos interanuales, el PIB cayó un 0,1% en el último trimestre, incidido fuertemente por la sequía y la menor demanda de China. Las actividades primarias cayeron un 21,5% y la industria manufacturera un 4,3%, mientras que, desde el enfoque del gasto, las exportaciones cayeron un 5,6%.

La composición del crecimiento se repetirá en 2023, que rondará el 1%, por debajo del potencial estimado por el Comité de Expertos (2,1%). La relativa debilidad del sector agroexportador (matizada por la recuperación que tendría la demanda china) será compensada en parte por la recuperación del consumo privado —incidido por el crecimiento del ingreso real de los hogares— y del turismo. Si bien el empleo, que se mantendría estable en 2023, y el salario real, que crecerá sobre 2% este año, no se verían afectados por la “recesión”, el escenario actual acentúa algunos dilemas que enfrentará la política económica en el corto plazo.

En primer lugar, los números fiscales se verán tensionados por el impacto de la sequía, la recuperación del salario real —que afecta también al gasto en pasividades— y más importante aún, por la caída que se viene observando en los ingresos del GC-BPS (que ha incidido en que el déficit se ubique actualmente en 3,5%). Es probable que la proyección del resultado fiscal observado del GC-BPS para 2023 (-2,6%) deba ser corregida en la próxima rendición de cuentas y la forma en que se comunique será clave para que el balance fiscal no sea una fuente de riesgos en 2024. La potencial reversión de la mejora estructural en los ingresos observada en 2020-21 (a la que debe adicionársele la rebaja de impuestos por 0,2% del PIB), requeriría una corrección del gasto estructural en 2023-24, que debería crecer por debajo del 2% real.

Por otra parte, la semana que viene se reunirá nuevamente el Copom y, presionado por la situación actual del tipo de cambio real, enfrentará el dilema de mantener o comenzar a rebajar la tasa de política monetaria. La sequía y la desaceleración de la inflación —y en menor medida de las expectativas— podrían fundamentar una rebaja de la tasa en abril, pero, lo cierto es que ello podría comprometer el objetivo de encausar la inflación por debajo del 6% en 2024. A su vez, siendo que posiblemente sea la reunión previa al anuncio de las pautas salariales de la próxima ronda, lograr que la inflación converja al 5,8% requerirá que los acuerdos salariales incorporen de forma implícita ese nivel de inflación.

La sequía intensificará las negociaciones, ya que en los próximos meses (transitoriamente) la inflación estará afectada al alza por los precios de frutas y verduras, que acumulan un aumento de 35% y una incidencia de 1,3 p.p. en los últimos doce meses. Si las negociaciones se dan con un ojo en la inflación pasada y un ojo en la futura, como suele suceder, es factible que estos aumentos puntuales y transitorios en el nivel de precios se trasladen al resto de la economía vía salarios. Las pautas salariales deberían comenzar a enfocarse cada vez más en la inflación subyacente (que excluye precios volátiles y que ahora es publicada mensualmente por el INE) de forma tal de evitar que efectos transitorios en algunos precios (al alza o a la baja) afecten a las negociaciones.

En el contexto actual, el gobierno es el principal interesado en que se cumpla la meta de inflación que se incorpore en las pautas. Si ésta es poco creíble, o bien los acuerdos la descartarán (y la inflación efectiva luego será más alta) o bien la recuperación del salario real se retrasará y se efectivizará una vez que actúen los correctivos por inflación, algo no positivo ante el inminente comienzo del ciclo electoral.

Siendo que la recuperación del salario real será prioritaria para el gobierno en 2023-24, los objetivos de que la inflación converja al 4,5% y en menor medida, de recuperar el tipo de cambio real, podrían quedar en un segundo plano. A su vez, el foco también estará en mantener la consolidación fiscal realizada en 2020-21, y ante el contexto mencionado anteriormente y considerando que será difícil y poco conveniente en términos electorales reducir significativamente el gasto, será clave el destino que tenga la reforma de la seguridad social.

Si ésta termina no aprobándose, la situación fiscal podría volverse una piedra en el zapato para el próximo gobierno (sea quien sea), que asumirá luego de crecimientos del salario real en torno al 2% en 2023-25 y que, dada la indexación de las pasividades, le pondrán un piso al aumento del gasto público. Previendo que las “promesas” de campaña no estarán orientadas a reducir salarios, inversión o gasto público en 2025-30, la aprobación de la reforma en 2023 será clave para la “suerte” del próximo gobierno.