Opinión

La infraestructura y la logística son determinantes para vincular las importantes dotaciones de recursos naturales de América Latina con los centros de producción y consumo.

Además, son cruciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, ya que tienen el potencial de ofrecer oportunidades y servicios públicos de calidad, como por ejemplo agua, saneamiento e infraestructura de transporte urbano.

Los proyectos de infraestructura y logística también son un elemento primordial para que Latinoamérica logre superar una de sus principales tareas pendientes: la integración física que potencie oportunidades comerciales y conecte mejor a los países, regiones, ciudades y barrios.

Para mejorar la productividad de largo plazo, la adecuada dotación de infraestructura y la eficiencia en logística son fundamentales, ya que reducen costos y hacen más competitivos los productos y servicios que se comercializan interna y externamente.

Varios indicadores de cobertura y calidad de infraestructura y logística muestran que América Latina está detrás de los países de la OCDE, e inclusive de otras regiones en desarrollo como el Sudeste Asiático, el Medio Oriente y el Norte de África. Esta situación es heterogénea por sector en la región, mostrando buenos indicadores en energía y telecomunicaciones, mientras que en los últimos años se han hecho importantes avances en la mejora de puertos y aeropuertos. Los mayores desafíos se encuentran en agua y saneamiento, caminos y autopistas, así como transporte urbano y ferroviario.

Uno de los factores que Latinoamérica necesita para crecer de manera sostenible en el largo plazo, es más y mejor infraestructura y logística. Según el Reporte Ideal, producido por CAF -banco de desarrollo de América Latina, las restricciones fiscales que enfrentan la mayoría de los países de la región les impiden mantener niveles de inversión anuales superiores al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando necesitarían invertir al menos entre 5% y 6% del PIB por año para cerrar la brecha de inversión actual, sin incluir los gastos de mantenimiento. Dados los recursos fiscales disponibles, esto no será posible sin el trabajo conjunto del sector público, del sector privado y de los financistas, especialmente los bancos de desarrollo.

Uruguay enfrenta esta problemática, y es por ello que desde hace algunos años ha comenzado a utilizar nuevos mecanismos de provisión y gestión de infraestructura como las Participaciones Público Privadas (PPP). Esto permite catalizar recursos de terceros, particularmente de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) para el financiamiento de infraestructura. Para los inversionistas institucionales es una opción interesante, puesto que crea una nueva clase de activos de renta fija diversificada y con bajo riesgo, gestionados profesionalmente y que calzan con sus pasivos y obligaciones.

En 2016 se crea CAF-AM Uruguay con el objetivo de gestionar fondos de deuda para el financiamiento de infraestructura en Uruguay. Desde entonces, se han constituido dos fondos para financiar infraestructura vial y educativa por un total de US$ 850 millones. Es importante destacar que CAF cofinancia con ambos fondos hasta un 10% del monto de cada proyecto, contribuyendo con su experiencia de cerca de 50 años en el financiamiento de infraestructura en América Latina. Este instrumento es un catalizador de recursos, debido a que otros inversionistas y entidades financieras también pueden participar como cofinanciadores.

Ambos fondos, CAF I y CAF II, tienen como finalidad financiar un total de siete PPP viales y cinco PPP educativas. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas de ejecución, adjudicación y evaluación de ofertas. El impacto de estos proyectos será muy importante para Uruguay, y en el caso de las PPP viales significarán la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de 935 kilómetros de rutas con una inversión de US$713 millones. En el caso de las PPP educativas se construirán 301 centros educativos (jardines de infantes, centros CAIF, escuelas, liceos, UTUs, polideportivos y polos tecnológicos) con una inversión de US$300 millones.

CAF también apoya a Uruguay en una variedad de otros proyectos de infraestructura a través de préstamos al país en las áreas de energía, agua y saneamiento, transporte urbano y carreteras. Tanto en el caso de las PPP como en el de los financiamientos directos, se trabaja de manera integral en el diseño e implementación de los proyectos, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales, medioambientales y de género. De esta manera, hacemos una adecuada preinversión y se mitigan los riesgos que puedan afectar al proyecto. A través de una metodología de corredores logísticos, analizamos los proyectos de infraestructura en los que interviene y diseña otros programas y proyectos para maximizar los derrames de las obras de infraestructura y logística en el resto de la economía.

Para generar crecimiento de largo plazo sostenido y de calidad, los países necesitan apostar por una transformación productiva que los conduzca a mayores niveles de competitividad. Para lograr este objetivo, un elemento clave son las inversiones en infraestructura y logística que contribuyen a reducir los costos de comercialización de productos y servicios y a elevar la productividad nacional.

(*) Representante de CAF en Uruguay