Entre enero y setiembre de 2024, el PIB en Uruguay creció un 2,9% en comparación con los primeros nueve meses de 2023, aunque cerca de la mitad se explica por la reversión del impacto de la sequía. En ese lapso, el sector agropecuario creció un 12% y el energético un 21%. En cambio, afectada por la parada de la refinería, la industria manufacturera cayó un 0,5% y la construcción, si bien estuvo amortiguada por el dinamismo de la vivienda, cayó un 2,2% por la reversión del impacto de la construcción de la tercera planta de celulosa y el ferrocarril. Por su parte, el sector comercial creció un 4,4% incidido positivamente por la comercialización de soja yel cierre de la brecha cambiaria con Argentina.

Se trata de una magnitud similar a la prevista a inicios de año, luego de un año 2023 y un primer trimestre de 2024 peor al esperado.Quizá lo llamativo es que desde el enfoque de la demanda el consumo privado creció solamente un 1% en los primeros nueve meses del año, en un contexto de fuerte dinamismo del mercado laboral. La masa salarial —que surge de combinar la evolución del número de ocupados, el salario real y el número promedio de horas trabajadas— habría crecido en torno a 4,5% en el promedio del año. Desde este enfoque, el crecimiento se explicó por la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios (+10%) y la retracción de las importaciones (-3,5%) asociada a una menor fuga de consumo hacia la vecina orilla (la recaudación de IVA Interno aumentó un 4% a noviembre).

En este contexto, la economía habría cerrado el año 2024 con un crecimiento promedio entre 3,0% y 3,5%, con un último trimestre más dinámico que lo previsto meses atrás. En octubre el indicador mensual de actividad económica elaborado por el BCU evidenció un crecimiento de 4,4% interanual y la recaudación de IVA Interno aumentó un 7% real en el bimestre octubre-noviembre. El cierre de 2024 dejaría un arrastre estadístico algo mayor para este año, que podría finalizar con un crecimiento promedio alguna décima por encima de 2,5%.

Sin perjuicio de lo anterior, el año 2024 también estuvo caracterizado por la reversión de los flujos de inversión extranjera directa y por una caída significativa en el ratio de inversión en activos fijos sobre el PIB. Luego de ubicarse en torno a 18,5% en 2021 y 2022, la inversión habría rondado el 16,5% del PIB en 2024, todavía por encima del promedio 2016-20 (15,4%), pero por debajo de los niveles necesarios para impulsar la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Incrementar la tasa de crecimiento potencial de la economía requiere necesariamente de un aumento en los niveles de inversión. A modo de ejemplo, una tasa de inversión similar a la de 2022 requiere de inversiones anuales adicionales a las realizadas en 2024 por unos US$ 2.000 millones, desafiante en el contexto actual.

En primer lugar, la inversión pública tradicional —a cuenta de rentas generales y de las empresas públicas— ha representado unos US$ 1.800 millones anuales (a valores de 2024) en el promedio de la última década. No será la ausencia de necesidades de inversión en infraestructura la que limite incrementar la inversión pública tradicional, sino más bien la falta de espacio fiscal para su financiamiento. En ese sentido, deberá continuar promoviéndose el uso de mecanismos de inversión con participación público-privada (PPP), concesiones, etc. En el último quinquenio, cerca de la mitad de la inversión en infraestructura se realizó con financiamiento privado. (1)

Por otra parte, las condiciones financieras internacionales han mostrado cierto deterioro en los últimos meses. El rendimiento de un bono a 20 años de Estados Unidos, que podría ser considerado como proxy del retorno libre de riesgo de una inversión a 20 años (su costo de financiamiento), se ubica actualmente en torno al 5%, por encima del promedio del año 2024 (4,5%) y del año 2019 (2,4%). En parte, ello refleja que la Reserva Federal ha incrementado su proyección de tasa de interés neutral de largo plazo de 2,5% a 3,0% en el último año. Si bien eso en parte ha sido compensado por una reducción en el riesgo país (el sobrecosto al que se endeuda el Estado en comparación con Estados Unidos) desde el entorno de los 150 puntos básicos (p.b.) al entorno de los 85 p.b., existe poco margen para continuar reduciéndolo en el corto plazo.

En este contexto, incrementar la tasa de inversión requerirá estimular los flujos de inversión privada, que además de estar determinados por los factores mencionados previamente, responden a la rentabilidad esperada de los proyectos. En este marco, no parecería evidente que exista margen para incrementar la carga tributaria sobre los factores de producción (capital y trabajo) sin afectar los niveles de inversión, que luego redundan en una afectación del empleo y la economía.

A su vez, una eventual readecuación en el régimen de promoción de inversiones con el objetivo de canalizar recursos hacia otras áreas deberá contemplar el riesgo de que la actividad que se deja de “promocionar” directamente no se realice. Los beneficios tributarios son la contracara del elevado costo de invertir y producir en Uruguay. En la medida en que no se materialicen las reformas que reduzcan ese costo, el margen para reducirlos será limitado.

(1)  https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/la-inversion-infraestructura-fue-us-11700-millones-los-ultimos-cinco-anos-nivel-similar-al-quinquenio-anterior-n5959734