ENTREVISTA

El sociólogo Fernando Filgueira asegura que “la sábana nos está quedando corta”, a la hora de intentar cubrir las necesidades de los más vulnerables. Calificó la situación como “emergencia” y llamó al sistema político a un “acuerdo nacional” para hacer el foco necesario en la urgencia. Sostiene que el énfasis debe ser puesto más en la calidad que en la cantidad de niños que nacen en el país. “No podemos perder a ninguno de los que nacen, que son cada vez menos”, apuntó. Advirtió sobre los enormes riesgos que estamos corriendo como sociedad por no invertir adecuadamente ni los montos necesarios en la infancia. Hizo referencia a cuestiones estructurales “que hay que modificar” y la incidencia de una coyuntura que “pegó muy fuerte”. Puso el foco en las escasas oportunidades de desarrollo de la mujer, la invisibilidad del trabajo no remunerado y “redefinir dónde ponemos” los subsidios. A continuación, un resumen de la entrevista.

— Hace 20 años, cuando usted publicó “Panorama de la infancia y la familia en Uruguay” junto a Ruben Kaztman, los niveles de pobreza infantil eran notoriamente más altos que ahora; ¿estamos nuevamente en una etapa donde la sustentabilidad del país está en juego?
— Uruguay está ingresando en una etapa demográfica en donde se va a acelerar el envejecimiento y en donde están disminuyendo en forma marcada el tamaño de las nuevas cohortes que nacen. La tasa de fecundidad se ubica aproximadamente en 1,5 o un poco menos. Muy lejos de dos niños por mujer, que es lo que se considera la tasa de reemplazo, con una caída mucho más marcada de lo que esperábamos.
Una parte de la explicación de esa caída de la fecundidad es la notoria baja de los embarazos adolescentes, en base a una política exitosa. Otra parte de la explicación tiene que ver con una continuidad de la caída de la fecundidad en los sectores medios y medios altos que postergan el nacimiento de sus hijos.
Pero además de la cantidad, tenemos que repensar sobre la calidad de los niños. No podemos perder a ninguno de los que nacen, que son cada vez menos. Quisiéramos que todos esos niños, cuando tengan 18, 19 o 20, cuenten con las herramientas para insertarse en una ciudadanía y en un mundo productivo pleno del siglo XXI.

—¿Cuán comprometida está la sociedad a partir de la vulnerabilidad que presenta un porcentaje importante de nuestros niños y jóvenes?

— Esta etapa demográfica implica que la ventana de oportunidad, el período en donde tenemos mucha población activa y poca población dependiente, se está cerrando. Entramos en una etapa de dependencia elevada, liderada por los adultos mayores. Y para poder sostener a esos adultos mayores en un régimen de seguridad social, se requiere de una población altamente productiva, porque va a ser cada vez más pequeña. Entonces, si no invertimos adecuadamente en la infancia en este momento, vamos a enfrentar después una ausencia de capacidades y de capital humano que tendrá que sostener una estructura de edades mucho más envejecida.
Nos estamos jugando la sustentabilidad del país, pero no es por la cantidad de niños; pensemos que el desempleo joven anda en el 20%. Si tenemos menos, pero todos empleados, productivamente no es un problema. El tema es cuántos estamos perdiendo.

— Los porcentajes de niños que estamos perdiendo, dadas las carencias al nacer, son muy altos…

— La neurociencia, la psicología experimental y algunos estudios de sociología y de economía muestran que un niño que entre los cero y dos años pasa por situaciones críticas de estrés alimentario o de bienestar, puede perder un año o dos años de desarrollo cognitivo, pero además lo pierde en una etapa de alta sensibilidad. Ese es un momento fundamental del desarrollo. El déficit que producimos en términos de bienestar adecuado para la infancia en esta etapa, nos va a perseguir en el futuro en forma muy importante.

— Esos niños ya ingresan al sistema educativo con enormes dificultades…

— Yo siempre he sido muy crítico de nuestro sistema educativo, creo que es un sistema que expulsa a los adolescentes y jóvenes. Pero también es cierto que es un sistema que heredó. Por ejemplo, si uno mira los años 2017-2018, se encuentra con adolescentes que, en el 2002, siendo niños, uno de cada dos había pasado por situación de pobreza. Y con esas condiciones sociales tiene que lidiar el sistema educativo. Muchos de los niños salieron de la pobreza en la medida en que el país mejoró, pero los costos que pagaron en los primeros dos años siguen presentes. Tenemos que prestar atención a estas cosas y entender por qué es tan importante la inversión en infancia.

— ¿Esa problemática puede atenderse observando solo las condiciones coyunturales?

— El sistema de las Naciones Unidas, en el que yo participo desde UNPFA, definió la primera infancia como uno de sus ejes de trabajo. Y también es buena noticia que desde gobiernos anteriores y en este gobierno también, al menos desde un punto de vista retórico, se considere un tema central para las políticas públicas. Sin embargo, hay que entender las causas estructurales y cómo podemos enfrentarlas. La primera tiene que ver con algo que hemos mejorado: la fecundidad estaba concentrada en los sectores pobres. Hoy lo está algo menos, porque hemos disminuido la fecundidad adolescente.
Por otra parte, hay pocos países en el mundo en donde la pobreza infantil es menor que la pobreza general; son los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega. Y un argumento muy interesante que da un autor muy conocido, Gøsta Esping-Andersen, es que una parte de la explicación de ese resultado es el sistema de políticas sociales: un sistema de transferencias monetarias robustas a las familias con hijos, de carácter no focalizado, sino universal; un sistema de cuidados a la primera infancia, con estimulación temprana. Estos elementos son claves para el bienestar infantil. Pero la otra parte de la explicación es que las mujeres jóvenes de sectores vulnerables o de menores ingresos en esos países, tienen altas tasas de participación laboral. Es el rol del Estado y cómo el Estado contribuye a generar un mercado que incorpora a la mujer plenamente al mundo laboral, con un potente sistema de cuidados. Entonces esto es fundamental, porque además tenemos que entender que nuestras familias están cambiando, están aumentando mucho los hogares monoparentales. El tema de la autonomía económica de la mujer es fundamental. En Uruguay, las tasas de participación laboral de las mujeres con universidad, parcial o completa, está arriba del 60%, cerca de los hombres. Cuando observamos el quintil más pobre, está en 40%, 30 puntos de diferencia con los hombres. Son esas mujeres las que, además, tienen que sostener la reproducción, el hogar y no tienen posibilidad de generar ingresos propios. Este es un primer problema.

— Hay también problemas en el sistema educativo…

— Expulsamos a muchos jóvenes antes de que egresan de la educación secundaria superior. Eso hace que enfrenten su proceso de emancipación a la vida adulta, con pocas herramientas para insertarse. En el caso de las mujeres, posiblemente en algún momento van a tener hijos y, si no les dimos el capital humano necesario para que puedan tener una inserción más plena, eso también es un problema. Paradojalmente, en los sectores de más bajos ingresos en Uruguay, las mujeres tienen credenciales educativas muy superiores a los hombres, que son los que más dejan el liceo antes de terminar. Sin embargo, cuando vamos a las tasas de empleo, es al revés, porque a las mujeres les pedimos toda la carga de trabajo no remunerado.

— La forma en que calificamos el trabajo d ela mujer y en especial el no remunerado, es un aspecto a atender especialmente.
— Sin ninguna duda. Redefinir las cargas de trabajo no remunerado, redistribuir las cargas de trabajo no remunerado entre el Estado, las familias y los mercados por un lado y entre hombres y mujeres por otro, constituye una primera clave para transitar esta etapa demográfica, apostando al bienestar de la infancia y a la autonomía económica de las mujeres. Lo que además ayuda a estirar la ventana de oportunidades demográfica, porque mete más gente activa en el mercado laboral.

— En cuanto a las políticas públicas, ¿qué nos estamos perdiendo de hacer?
— Tenemos una economía política compleja, que tiene que ver con nuestra variedad de capitalismo, de modelo de desarrollo. Somos un país relativamente garantista para quienes están dentro del mercado laboral formal. Pero es un modelo relativamente rígido para incorporar a los que se llaman “los de afuera”: las mujeres y los jóvenes y hoy hay que sumar, indudablemente, a los migrantes.

— ¿Cómo se hace foco en esas poblaciones?
— Hay que visibilizar y ser transparentes en cuanto a dónde estamos poniendo nuestros subsidios. Tenemos un sistema de jubilaciones y pensiones que es razonable, que tiene una cobertura amplia, con niveles de suficiencia en prestaciones también razonables. Pero tenemos también subsidios a jubilaciones relativamente altas. La reforma jubilatoria que nos planteamos ahora tiene que transparentar esto y el país tiene que tomar una decisión. No me refiero a un recorte de las prestaciones jubilatoria en general, pero sí, posiblemente, a una expansión de la protección en jubilaciones y pensiones a la población vulnerable y ciertos sectores medios, con una supresión de algunos subsidios que hoy los vemos en diferentes cajas o incluso en algunas jubilaciones altas dentro del BPS.

— Acá ingresamos en un tema de largo debate sobre las prioridades de la agenda pública…

— Generalmente, las personas tendemos a evaluar costos y beneficios de aquello que está monetizado. Si yo digo: vamos a perder el grado inversor, la cuenta se hace muy rápida acerca de las implicancias. También deberíamos poner sobre la mesa indicadores en los que traccionar para que tengan el mismo impacto: hablemos de déficit nutricional de los niños entre cero y dos y digamos que ese factor implica que el sistema educativo, en lugar de seis años, tiene que operar ocho para lograr los mismos resultados educativos, las capacidades para insertarse en el mercado laboral, para ser productivos e innovadores. Deberíamos ser capaces de incorporar estos datos y visibilizarlos de la misma forma que lo hacemos con otros indicadores.

— Planteado de esa forma, no aparece en la agenda…

— No está en la agenda y es parte de lo que tenemos que trabajar. Para eso precisamos sistemas de información potentes en infancia. Hay otros temas no monetizados, que son muy importantes. Por ejemplo, el trabajo no remunerado de la mujer. Una inversión adecuada a la infancia para generar sus capacidades tiene impactos monetarios, tiene impactos en el PIB per cápita. En el futuro del país. Entonces, cuando balanceamos esas cosas, la discusión de un espacio fiscal, de las prioridades presupuestales, también debería cambiar.
Los niños de sectores vulnerables no votan, los adultos integrados a diversas corporaciones y colectivos sí. Los sesgos de priorizar pasivos sobre niños, a los formales sobre los informales, eso se ve todos los días en nuestra clase política. Admito que en los últimos 15 o 20 años hemos mejorado esa percepción. Pero falta. Por eso hay que remar con estos temas, contracorriente a veces, porque si uno no activa estos discursos en forma permanente, la inercia tiende a recomponer un modelo fiscal desbalanceado generacionalmente, un modelo de regulaciones laborales desequilibrado respecto a mujeres y jóvenes y sus oportunidades.

— ¿Esos problemas se agudizaron a partir de la pandemia?

— Muchísimo. En primer lugar, el cierre de los establecimientos educativos tuvo un impacto brutal sobre la infancia. El cierre de los CAIF, también impactó sobre la posibilidad de las mujeres de mantener y sostener su vínculo laboral y, sobre todo, de las mujeres de menores ingresos. Y a eso le sumamos el choque brutal sobre los salarios y el empleo de toda la sociedad, pero en particular de los sectores más vulnerables. Fue un shock agudo, masivo y asimétrico que castigó a nuestra estructura más vulnerable, más que al resto. Y parte de la disminución que veníamos logrando de la pobreza infantil se frenó. Hay estrés de bienestar en un 20% de nuestros niños. Por tanto, además de los cambios estructurales necesarios, se impone activar algunos mecanismos.
No tuvimos un Estado ausente en pandemia, pero cuando miramos los números nos damos cuenta de que igual fue insuficiente. La propagación de ollas populares es un ejemplo de que no le alcanzó al Estado para una protección total de la sociedad. El Mides realizó un conjunto de innovaciones que me parecen interesantes: la duplicación de las Asignaciones familiares, la duplicación de las tarjetas Uruguay social, la generación de una tarjeta electrónica de emergencia a demanda. Y en este momento ha sumado otras decisiones, como no suprimir la prestación de asignaciones aunque se supere el nivel de ingresos que estaba determinado. También el bono familiar adicional que se va a dar para niños vulnerables en 0 a 3 años. Estas herramientas requieren más recursos que ya no dependen del Mides, es una decisión del sistema político en su conjunto y del Gobierno particularmente. No es suficiente lo que se está destinando ante esta coyuntura.

— A la pandemia se sumó la guerra en Ucrania y el impacto de los precios de la canasta básica en el poder adquisitivo…

— Así es, y la gente no llega a fin de mes en los sectores vulnerables. En este sentido, hay que entender una cuestión fundamental, tomando en cuenta el largo período de emergencia sanitaria. Hablamos de pobreza medida por flujo de ingresos. Pero también consumimos stock. Esto le pasó a la micro y pequeña empresa, a los sectores medios que tuvieron que consumir sus ahorros, mientras los sectores vulnerables se lo consumieron todo.
Hicimos una encuesta desde la Unidad de Métodos de Acceso a Datos de la Facultad Ciencias Sociales: casi un 70% de la población decía que había tenido un deterioro de sus ingresos durante la pandemia, y cerca de la mitad de ellos habían incurrido en endeudamiento, formal o informal, en venta de efectos personales, además de un ajuste presupuestal notorio en su vida diaria. En ese contexto, con una recuperación todavía desigual, algunas ayudas se empiezan a retirar. No porque no estén los dispositivos, que el Mides los tiene, sino porque los fondos no siempre están para poder activarlos.
Ahora, con el problema de inflación, podemos ver la orientación de las medidas del gobierno…

— Se basó en los ingresos formales, en asalariados y pasivos…

— Desde la política no se puede discutir. Pero veamos: aumento de salarios públicos y las jubilaciones, así como la apertura en los consejos de salarios de los privados, pero todavía no tenemos medidas potentes con recursos asignados para los sectores más vulnerables. Entiendo que se están discutiendo estos temas, pero se necesitan acciones rápidas para estos sectores

— ¿Vislumbra que la situación puede ser aún más compleja?

— Tendríamos que declarar una situación de emergencia alimentaria en los sectores vulnerables. Estamos ante una situación de emergencia en esos sectores, sin dudas. Las ollas populares están cubriendo un hueco que está ahí, es un gran problema. Y el costo fiscal no es tan alto. Hay que diseñarlo, hay que pensarlo. Debe ser algo transitorio, pero hay una urgencia.
La transferencia directa cobra vigor y cumple una enorme función en esta coyuntura. Yo haría un llamado a que el sistema político en su conjunto llegue a un acuerdo nacional para enfrentar esta situación de emergencia alimentaria que se está dando en los sectores más vulnerables. No es catastrofismo, pero la sábana cada vez nos va a quedar más corta.

— ¿Qué cambios irreversibles se han producido en las dos últimas décadas en Uruguay respecto de las familias vulnerables?

— Hay cuestiones que se incorporaron y ya no se discuten. Se generó un sistema de asignaciones familiares mucho más robusto, se expandió la cobertura educativa en edades tempranas y también la cobertura de los CAIF. Hubo una reforma no menor de las licencias maternales y parentales que extendieron los tiempos para las mujeres y la posibilidad de un involucramiento mayor de los hombres. La reforma de la salud permitió incorporar muchos niños. Hubo respuestas. Eso, en tiempos que los que atravesamos una etapa de crecimiento económico y la pobreza cayó. Lo que no nos dábamos cuenta, lo que eso escondía, es que el desbalance generacional no cayó. Es decir, la relación entre pobreza infantil y las otras pobrezas aumentó, y ese problema en parte no lo atacamos. Y cuando la situación económica cambia, el impacto sobre esas poblaciones vulnerables es inmediato.
La pobreza infantil cayó del 50 al 17%, una caída enorme. Pero cuando vino el contexto más negativo y el shock, nos dimos cuenta que “algunas de las fábricas” que producían estos problemas de desbalance del bienestar, todavía estaban operando. Parte de lo que se construyó en el período de bonanza fue un amortiguador, pero el problema está allí.

— El debate local ha incorporado con mayor fuerza últimamente el concepto de “meritocracia”, que se cuela en el debate de la ayuda a los más necesitados. ¿Cuál es su opinión?

— Se precisa un sinceramiento sobre esta idea de la meritocracia, Por supuesto que existe el mérito de quienes hacen esfuerzos y logran dar un salto, pero es mentira que tenemos igualdad de oportunidades en el punto de partida. Además, la discusión sobre la igualdad de oportunidades muchas veces las ubicamos en el sistema educativo. Pero las diferencias cognitivas que se dan de 0 a 2 años, depende de las familias. Tenemos muchas desigualdades de oportunidad en la niñez. Entonces, me parece que hay un discurso que hay que desterrar, trabajar y entender que la malla social y los componentes solidarios de la malla social y del Estado son necesarios no solo por un tema de derechos, también por un tema de eficiencia económica y de efectividad en materia de producción de equidad.
Otro aspecto clave para el debate son los sistemas de información. Tenemos buenos registros, debemos construir indicadores con ellos. Porque los indicadores se transforman en parte de nuestro lenguaje. Y que el sistema político los use en forma responsable, que no se conviertan en botín de un lado u otro, dependiendo de las circunstancias, que lo usen para construir políticas de Estado. Cuando recién asumió el nuevo gobierno, se dijo que el sistema de cuidados era un tema países ricos. Hoy ya está claro que no, que debe ser una política de Estado, con los ajustes que haga falta.