OPINIÓN

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América Latina tiene niveles excepcionalmente altos de criminalidad y desigualdad. Se ha argumentado que estos dos fenómenos pueden estar asociados. Recientemente, Ernesto Schargrodsky y Lucía Freira de la Universidad Torcuato Di Tella presentaron nueva evidencia a esta vieja pregunta. El documento reflejando el trabajo realizado se encuentra disponible en la serie de Working Papers del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su versión América Latina. En estas semanas se está abriendo al mundo este estudio junto a otros que conforman la serie.
La base teórica entre desigualdad y criminalidad se puede rastrear tanto en la literatura económica como en la literatura sociológica. En Economía, a partir del trabajo innovador de Gary Becker de 1968 se transforma la visión sobre el crimen. Esta es la primera vez en que se modela la decisión criminal en términos racionales. Simplificando al máximo el argumento, un individuo neutral al riesgo decidirá participar en actividades ilegales si el valor esperado de ellas es superior al valor que puede obtener de actividades legales. Las actividades criminales no ofrecen un pago seguro. Existe una cierta probabilidad de ser descubierto en cuyo caso se recibirá un castigo que redundará en alguna multa o tiempo de privación de libertad (u alguna otra forma generadora de desutilidad).

Por otro lado, existe una probabilidad de ser exitoso en la actividad ilegal y de apropiarse de un botín. El individuo racional sopesa las probabilidades de ambos eventos y los resultados que le conllevarían, de allí surge la valoración esperada del crimen. Si esta es superior a las alternativas legales que tiene, encontrará óptimo alejarse de la legalidad. De esta modelización surge claro que dos elementos claves de la teorización de Becker son los beneficios que ofrecen las actividades legítimas en contrapartida a los beneficios que ofrece el botín ajeno. A más desigual la sociedad más grande la diferencia entre ambos, mayor el valor esperado de las actividades ilegales y menor el valor de la vida honesta.

Dentro de la Sociología, encontramos en las teorías de tensión (strain theory) a la teoría de privación relativa (rastreable a Robert Merton en 1938). Esta postula que la búsqueda de las causas del delito más que en elementos objetivos, como la pobreza o la desigualdad, debe hacerse en la relación entre estos factores de estatus objetivo y sus variantes subjetivas. Las condiciones objetivas serían pobres predictores del comportamiento futuro ya que las percepciones individuales pueden estar desalineadas de la realidad.

Una forma de entender la privación relativa es considerar alguien que carece de X, reconoce que personas similares a ella tienen X, quiere X y entiende es su derecho tenerlo. La privación relativa es esta valoración subjetiva que los individuos hacen de su posición económica, realizada en comparación con otras personas que actúan como marco de referencia. De esta manera, la privación relativa que experimentan unos en relación con la abundancia que disfrutan otros, los sentimientos de falta de oportunidades e injusticia que surgen de esta percepción pueden llevar a los desposeídos al crimen y la violencia.

Tanto en la teorización económica como en la teorización sociológica todos somos potencialmente criminales. Más que competitivas, estas conceptualizaciones pueden considerarse complementarias y ambas dan una ligazón entre los niveles de desigualdad social y los niveles de criminalidad con los que conviven los distintos países.

En relación con la gravedad del problema de la delincuencia en América Latina, las bases de datos con que se cuenta tienen fuertes carencias (periodicidad o desagregación inadecuada, falta de criterios uniformes en la recopilación y clasificación, problemas de transparencia e independencia de las agencias encargadas) con el extremo de ausencia de encuestas sistemáticas de victimización. En su trabajo empírico, Schargrodsky y Freira intentan resolver estos problemas analizando múltiples fuentes parciales y realizando varios ejercicios econométricos. Encuentran una asociación positiva entre crimen y desigualdad que es estadísticamente significativa y robusta a las distintas estimaciones (solo con países de América Latina, con países de todo el mundo, usando solo tasas de homicidio u indicadores de victimización y variantes estadísticas para la verificación de la significación de los resultados).

El mensaje final de los autores debería de alertarnos. La crisis del COVID-19 genera un impacto formidable en la actividad económica. En la inmediatez, la menor movilidad y la mayor presencia de personas en sus domicilios tiende a reducir algunas formas de criminalidad. No obstante, los impactos que se generen sobre la desigualdad, además de ser problemáticos en sí mismos, pueden ser un augurio de un rebrote de otra pandemia, la del crimen y la violencia.