OPINIÓN

Las declaraciones de altos funcionarios del gobierno argentino luego de las reuniones que mantuvieron en la reunión del G-20 sugieren que los puntos en discusión con el FMI son los cargos extras a los intereses, el control de cambios y el programa fiscal.

El gobierno argentino solicita un cambio en los criterios del FMI para el cómputo de intereses que establecen un sobrecargo dada la magnitud del préstamo acordado con el gobierno anterior. Un avance en tal sentido significaría un ahorro de intereses que sería positivo si puede lograrse. Pero ello depende de la voluntad de los gobiernos de los países desarrollados, principales accionistas del FMI, que deben modificar una norma de alcance general.

El control de cambios es un instrumento temporario para permitir ganar tiempo mientras se resuelven las inconsistencias que dan lugar a un desequilibrio. Los problemas para la postura del gobierno argentino son varios. Por un lado, la historia lo condena: aún con reservas internacionales abundantes, el control de cambios fue la norma entre 2011 y 2015, lo cual pone en evidencia que lo que en principio debió ser temporario terminó siendo permanente, revelando así cierta fascinación del gobierno con los controles.

Además, el control se ha mantenido desde que asumió el gobierno a finales de 2019, aún cuando la cuenta corriente del balance de pagos es superavitaria. Y finalmente, se reducen a casi cero los pagos de dividendos al exterior y se fuerza a las empresas a renegociar una parte de su deuda externa al mismo tiempo que se mantienen las compras de dólar ahorro de US$ 200 por mes (aunque en este caso pagan un impuesto).

Pero la confusión más importante se pone de manifiesto en las declaraciones de los funcionarios cuando afirman que el programa que se acuerde con el FMI “debe evitar el ajuste”.

Cuando un gobierno tiene un desequilibrio fiscal, puede evitar recortar gastos o aumentar impuestos si tiene acceso al crédito. Ese no es el caso del gobierno argentino que sólo accede mínimamente al crédito en el mercado local y por la vía principal de cargar de títulos a las entidades financieras (es decir, coloca deuda pública entre los depositantes utilizando a los bancos). En este caso, la consecuencia es que se reducen los créditos disponibles para familias y empresas que pasaron de representar 38% del activo de las entidades financieras a finales de 2019, a 27% en septiembre de 2021.

Entonces, la mayor parte del déficit primario se termina financiando con impuesto inflacionario que alguien dentro de la economía paga. Si se reduce el desequilibrio fiscal “sufrirán” más los que pagan impuestos o reciben gastos y menos los que hoy soportan el peso del impuesto inflacionario. Las cuentas ex post siempre cierran y es el rol de la política que lo hagan de la manera más eficiente y equitativa posible.

Si no hay crédito, es una falsa ilusión pensar que se puede evitar el ajuste. La evolución de las cuentas fiscales de los últimos meses muestra que el gasto del gobierno nacional medido en pesos constantes empezó a aumentar a pesar de que debería desaparecer la mayoría de los gastos asociados a la pandemia (ver gráfico adjunto). La suba se explica por una modesta recuperación de la inversión pública y, sobre todo, por un aumento notorio en los subsidios al sector privado (los más importantes, en energía y transporte).

Si, además, se tiene en cuenta que las cuentas del año 2021 se vieron favorecidas por eventos extraordinarios que no se repetirán en el futuro, se puede ver la fragilidad fiscal que llama la atención del FMI. En 2022, no habrá aporte solidario ni tampoco Derechos Especiales de Giro, y la contribución de las retenciones no sería tan favorable como este año porque se ha reducido el precio internacional de la soja y porque hay un riesgo climático.

En lugar de continuar con la normalización de las cuentas públicas, el gobierno eligió un camino diferente para tratar de influir en la elección de medio término. Es esa imprudencia fiscal la principal responsable del “ajuste futuro”. Sin acceso al crédito internacional, con restricciones cada vez más evidentes a seguir cargando de riesgo “sector público” a los balances de los bancos, las opciones hacia adelante no son “ajuste si” o “ajuste no”, sino si la corrección se hará en forma ordenada por decisiones del gobierno argentino o desordenadas por un aumento en la tasa de inflación.

(*) Economista Jefe de FIEL (Fundación Investigaciones Económicas Latinoamericanas) de Argentina.