Diez días después de lanzado el plan de reestructura de deudas al consumo, las consultas suman 316 mil y se han pactado más de 44 mil acuerdos de refinanciación por parte de casi 34 mil personas. A su vez, 110 mil deudas de menor porte se eliminaron. La iniciativa de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (ANEAC) y de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), mediante la web soluciondeuda.com.uy “es una oportunidad única”, asegura Bárbara Mainzer, Directora Ejecutiva de ABPU. A la hora pactada para la entrevista, el feriado del 18 de julio, Mainzer estaba cerrando los términos de un acuerdo con el clearing de informes mientras evacuaba dudas a otros actores e interesados en acceder al sistema. “Está funcionando todo muy bien —asegura— y es una gran oportunidad para empezar a hacer cambios en el mercado financiero”. Se refiere a dar un fuerte impulso ala educación financiera, pero además, a modificar la categorización de los deudores en el sistema. Asume también que “hay cosas en el mercado que no están bien y que es necesario mejorar”, cuando se le pregunta sobre información engañosa al consumidor u hostigamiento de los estudios que persiguen deudores. Le entusiasma pensar en que “mucha gente se sume al plan y pocos reincidan”. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Qué valoración hacen de los primeros días del plan?

—Muy positivamente. Más de 316.000 personas ingresaron a la página, disponible 24 horas; y unas 34.000 personas reestructuraron 44.000 deudas. Esto muestra la vocación y la voluntad de la gente por pagar, pero también que la gente se dio cuenta que es una oportunidad única y lo tienen que aprovechar.

—¿Cuál es el perfil de las deudas refinanciadas hasta el momento?

—Las deudas que se eliminaron, por ahora, son casi 110.000. Paralelamente, más de 80% de aquellos que reestructuraron hasta el momento tienen deuda con una sola institución. Hay un importante número de deudas menores de los 20.000 pesos y un 96% de las cuotas son menores a 5.000 pesos. De ellas, la gran mayoría es menor a 2.000 pesos, dado que se buscó ofrecer un número de cuotas que permitiera que el valor de cada cuota sea accesible. El 60% de las cuotas elegidas son menos de 6, y sólo 8% de las refinanciaciones fueron en más de 18 cuotas. Por otra parte, hay varias personas que saldaron el monto total de la deuda, incluso alguno por valores cercanos a los 100.000 pesos. Hasta el momento, ha superado nuestras expectativas.

—¿Cómo nace esa iniciativa?

—A mediados del pasado año, me llamó telefónicamente Alejandro Grasso, presidente de ANEAC y me contó que tenía esta inquietud. Después de la pandemia, Grasso estaba preocupado por la forma en que había crecido la morosidad en las compañías de créditos al consumo y entendía que había que hacer algo. Yo hacía poco que había asumido como directora ejecutiva de ABPU; me pareció una muy buena idea. Poco después nos reunimos con el presidente del BCU, Diego Labat, que nos comprometió todo su apoyo, lo que ha sido clave. También se sumó el respaldo de Defensa del Consumidor, del MEF. A partir de ese momento, empecé a llamar al resto de los bancos y a los estudios que compran carteras de créditos, invitándolos a participar. Teníamos que juntar muchas cabezas, estar todos en esta iniciativa. En el caso de los bancos está la menor parte de las carteras de créditos al consumo, pero era importante que estuvieran en una solución de esa magnitud, por poco que significara para sus carteras.

—La población más vulnerable, generalmente no toma créditos bancarios…

—Exacto, el porcentaje es ínfimo. Los créditos que otorgan los bancos son de mayor cuantía en promedio y a población con mejor calificación crediticia. Y eso se refleja en la morosidad: en crédito al consumo, los bancos tienen una morosidad promedio de 3%, y en las financieras es casi diez veces más.

—¿Cómo se dio el ingreso de los estudios que compran carteras?

—Los adherentes a la propuesta son los bancos y las financieras. Entre los estudios especializados en gestión de deudores morosos, logramos sumar a tres de los más importantes, pero no como adherentes. Se sumaron, pero no son firmantes del acuerdo original. Y si bien debieron ajustarse a la propuesta de reestructura que planteamos como general, hay una diferencia en las deudas que eliminan. Mientras bancos y administradoras eliminan deudas menores a cinco mil pesos, ellos lo hacen con deudas menores a mil pesos, dado que tienen mucha mayor concentración de deudores pequeños y advirtieron que económicamente no podían afrontar un compromiso mayor.

—¿Hubo presiones de alguno de los actores en este proceso?

—No hubo presiones. Sí dudas, y distinto nivel de compromiso al principio, pero es algo histórico haber logrado involucrar a todos los principales actores de la industria. Es una iniciativa puramente privada, que contó con el apoyo del BCU y MEF, que nunca condicionaron. La única condición fue que estábamos prontos para salir con este plan a fines de junio, y el presidente del BCU, Diego Labat, nos dijo que la semana anterior de las elecciones internas no podíamos salir con una propuesta así. Había que desvincularla de cualquier calendario electoral. Y así fue.

—¿Qué vínculo tiene una propuesta de estas características con la iniciativa que planteó Cabildo Abierto sobre “deuda justa”?

—Nosotros nos manejamos por fuera del ruido político. Hay preocupación sobre este tema desde hace mucho tiempo. En un país donde a nivel macro no hay problemas de sobreendeudamiento, es claro que existe un enorme problema a nivel de ciertas personas y familias, las más vulnerables.
El sistema político también ha mostrado preocupación ahora, y lo ha hecho hace 20 años, hace 10 y lo hará en el día de mañana, si el problema sigue. Lo cierto es que desde que en Uruguay existe amplio acceso al crédito, hay familias que se endeudaron y no han logrado salir de ello. No nos olvidemos que el negocio financiero pasa por poder prestar y cobrar, no por intereses imposibles de pagar y deudas incobrables.
La oportunidad es ahora porque se logró coordinar con todos y además, muy importante, porque estamos en condiciones de desplegar medidas que ayuden a que esto sea una solución y no un parche. Y que haya un porcentaje importante de personas que no reincida, eso es lo importante.
Además, esto no se acaba aquí…

—¿Qué quiere decir?

—Vamos a anunciar otras medidas complementarias. Es muy buena cosa que, como ya ha anunciado ANEP, Uruguay comience a adoptar la educación financiera a escala nacional en el sistema educativo. Las instituciones financieras vamos a apoyar y participar en todo.
Por otra parte, estamos haciendo cambios en el reporte al clearing y también a la central de riesgos del BCU. Cambios que permitan que, cuando la persona empiece a pagar, eso se refleje en la calificación. Que pueda pasar a una categoría de refinanciado con retraso, y cada cuota que se pague se pueda ver en su calificación. Que sea un incentivo, y que además comience a recuperar su vínculo con el sistema, por ejemplo acceder a una garantía de alquiler.
Queremos generar un esquema de incentivos y de información que ayude a la gente; operar con más conocimiento y generar hábitos para el cumplimiento.
Hay deudas de todo tipo. Algunas totalmente comprensibles en situaciones extremas. Pero no debemos dejar de lado que vivimos en una sociedad muy consumista, y vemos muchos créditos impagos adquiridos en diciembre y enero, donde se compró un playstation, o un iphone, presumiblemente para Navidad o Reyes y no lo pudieron seguir pagando. Allí también hay que llegar con información y educación financiera. Tampoco me gusta que se les llame “incobrables”; de hecho, no lo son. Estamos buscando una forma de que puedan cumplir con sus deudas.

—Usted ha asegurado reiteradamente que es una oportunidad única. ¿Está realmente convencida de eso?

—Tiene que ser así. Tenemos que ser muy consistentes con que el 15 de noviembre se termina, definitivamente. Si dejamos alguna duda acerca de una posible extensión, u abrir otro período, estamos incentivando a que no se pague. Ese es un comportamiento que no podemos permitir, porque ahí sí, deterioramos totalmente el mercado de crédito.

—Ahora, ¿con estas medidas no están cambiando los contratos, tal como se le señala a la iniciativa que propone Cabildo Abierto?

—De ninguna manera. No cambiamos los contratos. Acá se llegó a una solución donde se focalizó en una población muy estudiada, con una coordinación muy importante, respetando el orden jurídico y no generando un problema en el mercado de crédito. No hay cambio las reglas del juego: una parte, el acreedor, le propone al deudor cambiar la forma de pago, y el deudor acepta o no. No se impone nada a nadie, es de común acuerdo entre partes elegir la forma en que se refinancia la deuda. No es lo mismo. Una cosa es una solución consensuada y otra muy diferente una solución impuesta, que termine haciendo daño.

—Un elemento que notoriamente no está en esta solución es topear las tasas…

—De ninguna manera. Cuando uno mira el contexto internacional, países similares a Uruguay tienen el mismo problema de endeudamiento y peor. ¿Qué país no tiene el problema que tenemos nosotros? Colombia, que puso topes de tasas, por ejemplo. ¿Qué hizo? En el mercado formal sólo se presta a la gente buena calificación crediticia y todo lo demás se desplazó al mercado informal, que tiene otras tasas completamente diferentes y otros métodos de pago completamente distintos. Fue un descalabro. La evidencia en ese sentido es abrumadora. Es importante ver que, medidas de este tipo, de corte populista, no tienen prácticamente apoyo entre los profesionales de la economía y tampoco a nivel parlamentario.

—Pero es cierto que en el país las tasas de interés son muy altas.

—Son muy altas, sin duda. Pero tienen una explicación. Generalmente se ven en las financieras. Es muy común ver morosidad de más de 30% en las compañías de crédito al consumo; una morosidad de ese nivel precisa una tasa de 43% sólo para recuperar el capital en términos nominales; a eso hay que sumarle el costo operativo, que en créditos chicos pasa a ser muy alto, puede ser hasta 30 puntos de crédito de sobre el monto prestado. Además, el capital tiene un costo de fondeo, fácilmente de 10, 12%. Agreguemos los impuestos. Estamos en un nivel altísimo, sin haber puesto ningún porcentaje de rentabilidad aún. No es tan fácil como decirlo. Si la tasa no compensa el costo operativo, ni el riesgo, nadie va a prestar.

—¿Qué hacer para que esas tasas no sean tan onerosas?

—Lo que pasa es que las tasas altas son la consecuencia de otro problema y no la causa. Ese problema es la fragilidad del empleo, ingresos bajos e inestables.
El otro problema que está detrás, como ya lo hablamos, es la falta de educación financiera. Desde las instituciones financieras, sobre el empleo no podemos trabajar, pero sí sobre la educación y las oportunidades. Eso es lo que intentamos hacer.
Sabemos que hay gente que quizás se sume a esta iniciativa pero en poco tiempo vuelva a reincidir. Lamentablemente. Hay personas que toman crédito de buena fe y luego, situaciones inesperadas, los dejan fuera. Apostamos fervientemente a que una parte importante de las personas no reincidan y esa va a ser la medida del éxito de este plan, que muchos refinancien y muchos no reincidan.

—¿Cuán éticas son las organizaciones vinculadas al crédito? Por ejemplo, la forma en que algunos estudios operan sobre el público, intentando recuperar la deuda…

—Hay cosas que realmente no están bien. El Banco Central emitió un código de ética, que también fija un estándar para los métodos de cobranza. A la gente no se la puede amedrentar, no se la puede hostigar, ni amenazar. Nos consta que eso ha disminuido, que los bancos y financieras han puesto en marcha prácticas que apuntan a evitar eso. Cada vez que pase, es necesario que se denuncie en defensa del consumidor. Lo repudiamos.

—Otro tema es la publicidad engañosa en la oferta de créditos…

—En el caso de los bancos, hay un estándar extremadamente prolijo. En otros casos, estamos trabajando con terceras partes para corregirlo. Claramente son cuestiones a mejorar.

Otro problema es el crédito informal. Trabajando en educación financiera en escuelas de contexto crítico, en la conversación con chicos de quinto o sexto sale el tema de los prestamistas y las historias de miedo a su alrededor. Incluso muchos comerciantes pequeños entran en ese círculo. A eso hay que agregarle los fraudes a través del mundo virtual. Con ofertas que aparecen como muy tentadoras. Hay que trabajar mucho en eso y ayudarlos a acceder a opciones mejores y más seguras, y mucho menos costosas, sin dudas.

—¿Qué considerarían un fracaso para este plan?

— Que poca gente refinancie y que de los que lo hagan muchos reincidan. Que no logremos mejorar las prácticas en el mercado. Esto es un hito como para empezar a cambiar cosas. Realmente sentimos la responsabilidad y la oportunidad de aprovechar y cambiar muchas cosas que se pueden hacer mejor.