ENTREVISTA A SEBASTIÁN PEAGUDA

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Las administradoras de fondos de ahorro previsional —como recoge esta nota de Negocios del pasado viernes 4— presentaron sus propuestas de ajustes al sistema ante la comisión de expertos que trabaja de cara a una reforma integral de la seguridad social. Con Sebastián Peaguda, gerente general de AFAP Sura y Presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) —que agrupa a las administradoras privadas (*)—, profundizamos sobre las principales propuestas de ese colectivo, que pasan por cambios institucionales, unificar criterios entre las cajas y servicios existentes, fomentar el ahorro voluntario y la creación de un tercer fondo, entre otras. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuál es el fundamento para pensar en la necesidad de una nueva institucionalidad, como plantean?

—Cualquier sistema altamente regulado no es conveniente que se concentren muchos roles en la misma institución: diseño, control, prestación, todos los roles en una misma institucionalidad es lo que tenemos hoy con el BPS. Y mucho más. Es necesaria una mayor desagregación de funciones que asegure una optimización de cada uno de esos roles. Deberíamos tener una institucionalidad que se encargue del desarrollo del sistema previsional en su conjunto y a la vez, resulta inconveniente que ese rol recaiga sobre el BPS, con todas las atribuciones que hoy tiene.

—Sugieren un consejo consultivo en el ámbito de OPP, ¿Por qué?

—Hay muchas formas de llevarlo a cabo. Puede ser en OPP, pero también en el Banco Central en el formato de superintendencia previsional. Por lo general, todos los países que han resuelto atender estos problemas han entendido que se necesita un organismo solo que sea el regulador de todo el sistema en su conjunto. De lo contrario, lo que tenemos son visiones divergentes de distintos actores que tienen funciones de regulación, eso no es bueno.

—Incluyen la informalidad entre los desafíos a atender. ¿Qué pueden aportar las administradoras de fondos sobre esa problemática?

—Hay una dinámica diferente a lo que conocemos como informalidad tradicional y que es necesario tener en cuenta. En materia de la informalidad tradicional, tal vez debamos pensar en un sistema de controles cruzados del cual podamos ser parte de los actores entreguen información para ayudar a determinar dónde están los núcleos de mayor informalidad y que los organismos competentes en la materia puedan hacer foco allí. Pero también debemos pensar en que hay una nueva forma de trabajo que escapa a la forma en que se supervisan nuestros aportes, muy ligados a la presencialidad. Me refiero a una lógica casi industrial, donde se inspeccionan los lugares de trabajo y se observa quién está realizando tareas y si está registrado o no. Hoy podemos trabajar de Uruguay para el mundo, freelancer, o trabajar bajo formatos distintos a partir de nuevas tecnologías, y eso debe entenderse. En ese contexto, debemos incorporar una visión donde para las personas, incorporarse al régimen previsional sea algo deseable. Que se valore más el amparo de un régimen previsional y que a su vez, se haga sencillo incorporarse al sistema, desde formas de trabajo totalmente diferentes a las que controlábamos hasta ahora.

—En cuanto al pilar de reparto, desde Anafap plantean la necesidad de cuantificar la deuda contingente del BPS con los futuros jubilados. ¿Cuál es la utilidad que tiene esa información?

—Hay pocas formas de establecer a qué se está comprometiendo la actual generación con el futuro. La forma de dimensionarlo es tener información que nos permita saber cómo y a qué costo podremos acceder a nuestro derecho a la jubilación en el futuro, basados en el trabajo de la generación que nos sigue. Y la brecha es enorme. La sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto está relacionada con los pasivos contingentes que genera. Allí se puede observar la insolvencia del sistema, ya que la cantidad de obligaciones que estoy generando para el futuro es tan grande que no la va a poder cubrir el aporte de las generaciones más jóvenes. Hoy no tenemos claramente cuantificado eso, por tanto no se sabe cuándo en realidad deben hacerse las reformas y estas terminan llevándose a cabo “cuando aprieta el bolsillo”. Es crítico no poder ver el largo plazo, más allá de lo que esté pasando en corto plazo.

—La edad de retiro y su eventual modificación resulta uno de los aspectos más sensibles. En ese terreno, vuestro aporte es “vincular y actualizar la edad de retiro con la evolución de la esperanza de vida”. ¿Qué modificación en concreto entienden necesaria?

—La edad mínima de retiro es 60 años, pero en promedio la gente se retira a los 63 años. En los países de la OCDE, el promedio de retiro está cinco años en promedio por encima de Uruguay. Con un comportamiento demográfico y esperanza de vida muy similar a muchos de los países que la integran. Esa es una referencia. Pero también es importante entender que se debe establecer un objetivo general en cuanto a edad de retiro, pero al mismo tiempo tener en cuenta que puede haber algunos colectivos que merezcan otro tratamiento.

—La propuesta de Anafap hace hincapié en generalizar el sistema mixto y unificar criterios de las diferentes cajas; ¿cuál es la estrategia sugerida para alcanzar esos objetivos?

—El Estado es el garante del sistema de seguridad social, indudablemente, pero la dispersión existente de cajas y servicios necesita un tratamiento diferente. ¿Qué pasa si alguna de las cajas paraestatales que hoy existen se declara insolvente? ¿Los colectivos que hoy cubre quedarían desprovistos? En realidad, el riesgo contingente queda en el resto de la sociedad. Por tanto, tiene cierta lógica que tengamos un sistema homogéneo, y que las prestaciones que se reciben en cada servicio tengan relación con lo que contribuyen los colectivos que están cubiertos. No tienen porqué desaparecer los distintos prestadores, pero sí es necesario apuntar a una convergencia de los equilibrios financieros. Algunas de esas cajas están buscando soluciones a sus problemas, pero debemos mirarlo como algo integral. Y tener en cuenta que el sistema de capitalización individual, debe ser entendido como una buena solución para afrontar los problemas estructurales que tiene todo el sistema de reparto.

—¿Porqué sería beneficioso contemplar la historia laboral completa y no un conjunto particular de años como se hace en la actualidad?

—Tomar períodos muy cortos de la historia laboral, tiene el problema de que no se generan los incentivos suficientes para aportar de manera sistemática. Tal vez, cuando todavía no contábamos con la historia laboral de las personas era lógico usar esos parámetros, pero hoy, que ya contamos con 25 años de historia laboral deberíamos a comenzar a aplicar, dentro de lo posible, un sistema que nos permitiera tomar aquello que refleje realmente lo que la persona ha trabajado. Las prestaciones deben ser determinadas exclusivamente por la historia laboral de las personas y dejar atrás otras formas, como la presentación de testigos, algo que hoy subsiste.

—Dentro del pilar de capitalización individual, cuestionan un mercado que definen como “concentrado”. Hay un mercado con cuatro jugadores y los trabajadores optan por uno. ¿Cuál es el sesgo que encuentran?

—Es un mercado altamente competitivo, pero tiene problemas para entregar valor en algunos ámbitos. Por ejemplo: la generación de rentabilidad vale mucho más que cualquier otra variable del mercado. Pero el umbral de rentabilidad mínima está asociada a la rentabilidad promedio del sistema y, cuando un agente es, por su tamaño, el promedio del sistema (República AFAP), todas las inversiones que hace son como el benchmark de la industria. Y por tanto, todos los demás competidores deben comportarse parecido, porque hay riesgos asociados a moverse fuera de ese rango. Habría una diferenciación mayor de los portafolios, si no hubiera una regulación que se vincule tanto con la rentabilidad promedio del sistema.
Pero, además, decimos que se afecta la competencia también por que se le ha entregado por regulación —a República AFAP— la capacidad de ir concentrando cada vez más escala, a través del control de la comisión y de la rentabilidad, lo que impide que los demás competidores jueguen con los mismos niveles de costos que tienen economías de escala consolidadas.

—República AFAP cuestiona esos criterios que los agentes privados defienden. Rechaza que al asignar de oficio a los afiliados se considere la mayor rentabilidad neta en vez de la menor comisión como plantea Anafap…

—El criterio de menor comisión se ha utilizado para asignar a los afiliados que no optan por ninguna AFAP y es lógico que al inicio del aporte pese más la comisión que la rentabilidad. La regulación ha puesto un énfasis muy importante en afiliar por ese criterio, pero no los saca cuando tienen menor rentabilidad. Está muy claro que la rentabilidad pesa mucho más para la generación del capital del afiliado que lo que representa la comisión. Y es verdad que rentabilidad pasada no asegura rentabilidades futuras, como afirman desde República AFAP, pero cuando se observa el perfil de inversiones y rendimientos, ha sido mejor en algunos de los sectores privados que en República AFAP. La realidad ha mostrado eso.
Pero, más allá de esa percepción diferente por esos aspectos, tengan en cuenta que en la gran mayoría de los temas planteados, hay una perfecta sintonía entre los temas que preocupan a República AFAP y lo que propone Anafap.

—¿Cuál es el esquema que proponen para fomentar el ahorro voluntario?

—Es entendible que resulte difícil para una persona joven inmovilizar parte de su ahorro para poder disfrutarlo para cuando se jubila. Por tanto, es necesario dotar al ahorro voluntario de cierta liquidez durante la vida activa del trabajador, de lo contrario es muy difícil instaurar ese instrumento. Puede ser esencialmente previsional, pero hay que darle la posibilidad de que pueda acceder a él ante algunas contingencias. Hay que establecer, además, mecanismos ágiles de recolección de ese ahorro y facilitar el ahorro a través del consumo. Esto es, por ejemplo, que encada compra que hagamos haya un porcentaje de lo que pagamos que vaya directamente a esa cuenta. Podría pensarse en estímulos como los existentes, por ejemplo, la devolución de puntos de IVA cuando compramos por débito, orientar ese ahorro a esta cuenta de ahorro voluntario. Y que ese ahorro voluntario, total o parcial, no se destine a la renta vitalicia.

—Anafap insistió ante el CESS con una propuesta ya presentada: la creación de un tercer fondo para los más jóvenes. ¿Por qué es clave?

—Si queremos cumplir con las expectativas de rentabilidad de las generaciones más jóvenes para la hora del retiro también tenemos que permitir productos que generen mayores retornos. Los jóvenes tienen más tiempo para sobrellevar los shocks temporales y recoger las ganancias a largo plazo de una mayor exposición al riesgo. Por otra parte, los portafolios de inversión de las administradoras siguen muy concentrados en Uruguay, por tanto, al riesgo del país y también de la región. Diversificar geográficamente las inversiones también tiene mucho sentido y especialmente para ese tercer fondo.

(*) La Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (ANAFAP) es la gremial que nuclea a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional: Integración AFAP, AFAP Sura y UniónCapital AFAP.