TEMA DE ANÁLISIS

Recientemente, la cobertura mediática orientada a políticas públicas estuvo enfocada en el proyecto de reforma de la seguridad social y la transformación educativa que comenzará a implementarse en 2023. A lo primero ya nos hemos referido en nuestra columna de abril. Aprovechamos hoy para reflexionar sobre la educación.

¿Por qué abordar este tema en el presente espacio? Simplemente porque una población más y mejor educada constituye un puntal para garantizar el crecimiento y desarrollo económico. La contabilidad básica del crecimiento dicta que el aumento de la producción —es decir, del ingreso— se puede dar por un aumento en el stock de factores productivos —capital y trabajo— o por una mejora en su productividad. A su vez, la evidencia empírica señala que una proporción significativa de la tasa de crecimiento de largo plazo en los países más exitosos no se explica por la acumulación de factores, sino por el componente tecnológico asociado a las ganancias de productividad. Pero mientras la teoría neoclásica se limita a expresarlo como un residuo sin explicar la brecha en las tasas de crecimiento entre los países, la nueva teoría concibe a la tecnología como un componente endógeno desarrollado internamente por cada país en función de aspectos tales como la institucionalidad, I+D, o la educación.

El enfoque neoclásico asume al capital humano como un factor homogéneo y pone el acento en las políticas orientadas a expandir la tasa de ahorro para aumentar la inversión fija y así promover el crecimiento, mientras que la teoría del crecimiento endógeno no exige un aumento en la tasa de ahorro, sino que incorpora la existencia de externalidades positivas derivadas del capital humano que provocan un beneficio social mayor al privado. Los trabajadores más capacitados y mejor educados no sólo serán más productivos en sus tareas particulares, sino que provocarán una sinergia que elevará la productividad global de las empresas y de la economía en su conjunto dando lugar a un mayor ingreso medio per cápita.

Llegamos a entender entonces la importancia de la educación no sólo como un concepto integral que hace a la formación de mejores seres humanos, sino también desde el punto de vista macroeconómico.

Veamos ahora cómo está Uruguay en rendimiento educativo. Un indicador relevante es la prueba PISA, un estudio trienal organizado por la OCDE y realizado con estudiantes de 15 años en todo el mundo para evaluar sus conocimientos y habilidades para la participación en la vida social y económica. La evaluación se realiza en tres tópicos específicos: lectura, matemáticas y ciencias. El gráfico siguiente, que exhibe el resultado del puntaje en lectura frente al PIB per cápita, es una muestra clara de la correlación existente entre nivel de ingreso y nivel educativo.

Uruguay participa en las pruebas PISA desde 2003. La última medición se realizó en 2018 con 79 países (en 2021 se interrumpió por el COVID-19). Los resultados de esta última edición fueron ambiguos. Por un lado, entre los 10 países de América Latina que participaron, Uruguay se posiciona segundo detrás de Chile en lectura y ciencias, y primero en matemáticas. Pero parecería una victoria pírrica pues toda la región padece un rezago frente a la mayoría de los restantes países, como se observa en la gráfica anterior. .

Peor aún, en los 15 años transcurridos desde 2003, aunque con altibajos los rendimientos acumulan una leve caída, como lo muestra el gráfico siguiente. Falta conocer los resultados de la última medición efectuada en 2022 donde no sorprendería ver una nueva baja como secuela de la pandemia.

Aun cuando estar entre los mejores de la región sea un magro consuelo, la situación empeora en términos de cobertura, pues PISA no evalúa a toda la población de 15 años sino únicamente a los que asisten a la enseñanza media. Al examinar el porcentaje de la población entre 20 y 24 años con educación secundaria completa, los datos son desmoralizadores: Uruguay es el país con menor registro (43,2%), a la par de El Salvador y Honduras.

De seguir así, no es exagerado pensar que en el largo plazo figuremos entre los países con la fuerza de trabajo peor calificada de América Latina. Además, la baja cobertura viene acompañada de un problema grave de eficiencia, pues muchos países poseen a la vez mayor cobertura y menor gasto en educación pública como porcentaje del PIB. Todo esto se ilustra en el gráfico siguiente , elaborado con datos extraídos de la Cepal, donde el tamaño de la burbuja refleja a su vez la magnitud de la tasa de pobreza de cada país en el tramo de 15 a 24 años. Puede verse que la burbuja más pequeña es por lejos la de Uruguay, es decir que tenemos la menor pobreza entre adolescentes y jóvenes en la región (lo mismo ocurre con la pobreza infantil). Por tanto, el argumento de que la alta deserción se debe a un contexto de pobreza es, por lo menos, discutible, a la luz de lo que ocurre en otros países; aunque también es cierto que la mayor deserción se produce en los estratos sociales más bajos.

¿Cómo explicar esta deserción? Existen investigaciones que apuntan a la noción —a priori contraintuitiva— de que, en determinadas circunstancias, abandonar los estudios puede llegar a ser una decisión racional. Un estudio del Departamento de Economía arroja que, en los estudiantes de menores recursos, el valor presente de los ingresos esperados en caso de seguir estudiando no compensaría el ingreso obtenido en caso de que abandonen inmediatamente los estudios para volcarse al mercado de trabajo, con lo cual la tasa de retorno de la inversión en educación es negativa (1). Esto se acrecienta a mayor tasa de repetición, un guarismo donde Uruguay está mal posicionado: somos el cuarto país con mayor repetición entre los 79 que participaron en PISA. Por eso no sorprende que Uruguay figure entre los países con menor escolarización media (9 años), según el último relevamiento realizado por PNUD en 2021 para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano.

Los problemas mencionados de aprendizaje, retención y culminación de ciclo fueron parte del diagnóstico trazado por las autoridades educativas que las llevó a plantear una transformación curricular basada en la formación por competencias, desarrollando habilidades prácticas para ejercer aprendizajes en distintas asignaturas, e incluso revisar los criterios de repetición en primaria. Todo ello en un proceso dinámico que pretende motivar al estudiante y darle mejores herramientas para la futura inserción laboral. Más allá de las especificidades de la política anunciada, parece acertada la intención de buscar un cambio. Pues casi todos los indicadores analizados alertan que, de seguir en el statu quo, Uruguay corre riesgo de perder el podio que supo ostentar como modelo educativo mesocrático e igualitarista, con graves consecuencias socioeconómicas considerando la importancia del capital humano en el desarrollo de un país.

(*) Ec. Marcelo Sibille, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.
(1) When more schooling is not worth the effort: another look at the dropout decisions of disadvantaged students in Uruguay, Rossana Patrón, Departamento de Economía de la FCS, 2011.