La indexación de salarios y la madurez del Frente Amplio

El ministro de economía entrante se ha manifestado varias veces en favor de desindexar salarios. En el pasado reciente, la cúpula del Frente Amplio (FA) resistió públicamente la idea un par de veces. Es un debate importante, y será una prueba de la madurez (al menos económica) del FA en el periodo de gobierno que se inicia.

Los argumentos del economistaGabriel Oddoneson bien conocidos en la profesión: la indexación hacia atrás (o sea, a la inflación pasada) de los salarios es uno de los principales obstáculos a la reducción de la inflación futura. Junto a otros contratos que usan un enfoque similar, son incorporados en las expectativas de los empresarios formadores de precios, y tienden a darle una persistencia indeseable y costosa a la inflación. Esta última es, fundamentalmente, un impuesto a los hogares de menores ingresos, regresivo y por ende, el BCU ha manifestado su objetivo de seguir con el proceso desinflacionario iniciado en el gobierno saliente. La baja de la inflación contribuirá también a mayor inversión y crecimiento, inclusivo cuando agregamos los efectos distributivos.

Pero este proceso de desinflación requiere una coordinación afinada entre las políticas monetaria, fiscal y de ingresos (o salarios), como lo demuestran múltiples episodios de desinflación a nivel global. Casos paradigmáticos donde la desindexación fue crucial, son los planes de estabilización de Israel en 1985 y de Brasil en 1994. En ambos casos, la ruptura o desconexión de precios y salarios futuros al pasado inflacionario fue crucial para el éxito de estos programas. La gran ventaja de dichos episodios fue que, ante inflación de tres o cuatro dígitos (y varios intentos frustrados de controlarla), se elaboraron e implementaron planes de estabilización (en Brasil, el famoso “Plano Real” de Fernando Henrique Cardoso) altamente publicitados por el gobierno en su conjunto y monitoreados por el resto de la sociedad.

Uruguay logró llevar la inflación a un dìgito después de la crisis del 2001 pero ésta se mantuvo alrededor de 8%, hasta que un esfuerzo de la administración saliente del BCU la llevo a cerca del 4%. Tanto la permanencia alrededor del 8% por más de una década, como el repunte gradual de la inflación después de “tocar” el 4% a fines de 2023, son atribuibles en gran parte a la indexación salarial.

Esta persistencia en el aumento nominal de los salarios lleva a la persistencia de las expectativas inflacionarias de los formadores de precios y frustra los intentos del BCU de controlar la demanda y con ello la inflación. Intentos que, si se profundizan ante estas presiones de costos, llevan a una apreciación nominal y real del peso, con pérdida de competitividad y empleos. Romper con este círculo vicioso requiere, como decía antes, un esfuerzo de coordinación entre las tres políticas macroeconómicas y un nivel de credibilidad difícil de sostener si existen diferencias de opinión en la cúpula del Poder Ejecutivo.

La desventaja de Uruguay hoy, respecto a los episodios de Brasil e Israel es que la baja de la inflación del 6% al 2-3%, que constituye estabilidad de precios, no requeriría de un grandioso y publicitado “Plan de Estabilización”. Pero esto no quita que la coordinación de las tres políticas anotadas sea igualmente crucial.

Y existe una ventaja: la desindexación no sería total sino solo del componente que mira hacia atrás, mientras que una indexación de los salarios nominales que mira hacia adelante (inflación esperada en vez de pasada; algo que ya se ha puesto en práctica al menos parcialmente) no debería implicar reducciones en el salario real.

Quizás sea esta la falacia o confusión que lleva a resistir su flexibilización. En la medida que empresarios y trabajadores crean en el esfuerzo coordinado de MEF-BCU-Ministerio de Trabajo de converger a una inflación más baja, no debería haber reducciones arbitrarias del salario real. Y como es muy difícil lograr una coordinación perfecta de este proceso, existen inclusive mecanismos que podrían asegurar la protección del salario real, como por ejemplo la negociación de “bonos de recuperación salarial” por una sola vez, que podrían ayudar en la coordinación de precios y salarios (y podrían asociarse a su vez con las negociaciones de aumentos por productividad).

La falta de coordinación entre las tres políticas podría tener efectos negativos no deseados. O el BCU debería de abandonar su objetivo de bajar aún más la inflación, o intensificaríamos la pérdida de competitividad y empleos. De nada sirve aferrarse a la indexación (hacia atrás) como una “conquista” laboral cuando ella estaría llevando a un mayor desempleo o a mayor inflación (con su erosión de los ingresos de los más necesitados). Y lograr la estabilidad de precios y salarios cuanto antes es un prerrequisito para encarar otros desafíos, como la creación de empleos de calidad frente a los avances de la inteligencia artificial y la competencia internacional.

El logro de los objetivos económicos de crecimiento inclusivo con baja inflación requiere una sintonía fina en políticas que van más allá del equipo económico: un enfoque monolítico por parte del Poder Ejecutivo es esencial para la credibilidad y el éxito de dichas políticas.

- Jorge Roldós, columnista invitado