La inseguridad es la principal preocupación. Así lo destacó El País unos días atrás, recogiendo los resultados de una encuesta nacional. Y la inseguridad genera un costo a la sociedad. Investigaciones recientes en Economía del Delito nos dan nuevas pistas de qué se puede hacer.

Desde los años ’80, varias bandas han peleado para obtener el control de Río de Janeiro. Tres de ellas han sido las dominantes en las favelas de los años 2000: Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, y Terceiro Comando Puro. Se especializaron en tráfico de drogas y armas, asesinatos, rapiñas, extorsión, secuestros, prostitución, y tráfico humano. Pero no ejercían una excesiva violencia contra el ciudadano común: las principales víctimas de las bandas eran los miembros de otras bandas con las que se disputaban territorio o personas que eran ajusticiadas por traidores.

En 2008 comenzó a aplicarse en las favelas el programa Unidad de Policía Pacificadora (UPP). Consistía en enviar una unidad especial de policía militarizada a las favelas para pelear contra las bandas narcotraficantes, desplazarlas, e instalar luego una estación de policías especial (una UPP) para volver a tomar el control del área. A fines de 2014, 37 UPP ya estaban instaladas en Río de Janeiro, cubriendo una población de 830.000 habitantes. En algunas de esas comunidades, el Estado intentó implementar ciertos programas de desarrollo social para mejorar el acceso a salud, educación, y saneamiento. Sin embargo, esos programas sociales nunca fueron completados y no tuvieron éxito en lograr la inclusión social buscada.

Dos investigadores de universidades francesas estudiaron el efecto de esta política. Lo publicaron en el primer número de 2024 del American Economic Journal: Economic Policy. Encuentran que el programa logra reducir tanto los asesinatos como la rapiña (reducciones del 7% y 29% respectivamente). Sin embargo, aumentaron las agresiones y amenazas reportadas.

¿Por qué aumentaron estos delitos más leves? Los investigadores ofrecen dos explicaciones. Primero, las bandas que ejercían el poder en las favelas lograban también imponer cierto orden y control para su territorio. Entonces, cuando desaparecen las bandas, desaparece a su vez ese cierto “orden” que habían impuesto, aparecen oportunidades para nuevos delincuentes y se produce una nueva ola de delitos. Segundo, en la acción policial se confiscaron innumerables armas, y esto podría haber incidido en que los delincuentes dejaran de hacer delitos armados y se pasaran a cometer delitos más leves. Y también hay que tener en cuenta que los delincuentes, al ver que se castiga mucho más el asesinato y la rapiña en el barrio, baja el costo relativo de cometer delitos menores.

Unos bajan y otros suben, pero, en total, esta política produjo un aumento de 47% en los delitos denunciados. Por esta razón, la política no tuvo mucho apoyo popular en los habitantes de las favelas, aunque hayan disminuido allí los delitos violentos.

EE.UU. tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con cerca de dos millones de personas recluidas en cárceles. Parte de esto se explica por la alta tasa de reincidencia: uno de cada cuatro que son puestos en libertad vuelven a ser encarcelados en el mismo año. Y las visiones en ese país son bastante negativas acerca de la posibilidad de que exista una verdadera rehabilitación de los que pasan por la cárcel.

Sin embargo, apareció una luz. Unos días atrás, investigadores de Harvard, Brown y Michigan, dieron a conocer los primeros resultados de un estudio titulado “Something Works in U.S. Jails”. Su trabajo se centra en evaluar el impacto de un programa novedoso (conocido como IGNITE), aplicado en una cárcel de Michigan (sus reclusos provienen principalmente de la ciudad de Flint, localidad con más de 30% de pobreza y alta tasa de homicidios). Y ha resultado barato (cuesta 32 dólares por día por encarcelado) en comparación a otros programas similares en países desarrollados como Noruega (donde cuesta 215 dólares por día por encarcelado).

El programa IGNITE (no había nada parecido en la cárcel antes de este programa) empezó en setiembre de 2020 y significó, ya de entrada, una transformación de los espacios de la cárcel (se consiguió así contar con una gran zona destinada a clases). Tiene tres características claves. Primero, el nivel de educación formal se adapta a cada uno (para algunos será lograr aprender a leer, mientras para otros será terminar el liceo) y tienen durante el año ceremonias de graduación para festejar los distintos logros. Segundo, se incentiva la participación en el programa (el 90% acepta participar) -por ejemplo, el que no participa, se queda ese rato encerrado en su celda. Tercero, el programa intenta cambiar el ambiente de la cárcel tanto para los presos (transformarse en agentes de cambio para preparase para salir) como para los cuidadores (transformarse en educadores).

Los citados investigadores encuentran que una semana más de asistencia al programa IGNITE reduce 49% los malos comportamientos en la cárcel y reduce la reincidencia un 18%. Y este efecto está presente en reclusos provenientes de todos los estratos sociodemográficos, sin importar los diferentes antecedentes penales de cada uno. ¿Cómo se explican estos buenos resultados? Primero, gracias a que el programa tiene un componente de educación formal, los reclusos acumulan capital humano mientras están en la cárcel. Segundo, aumenta la aceptación que los reclusos manifiestan sobre la necesidad de cumplir la ley. Tercero, aumentan los indicadores de confianza y visión positiva frente a la vida. Hay esperanza.

(*) Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo. Economista