En los últimos años, Uruguay ha avanzado en la institucionalidad fiscal mediante la implementación de una regla fiscal, la creación de un Consejo Fiscal Asesor y un Comité de Expertos, ambos conformados por profesionales independientes del gobierno. La administración entrante deberá pronunciarse, explícita o implícitamente, sobre la institucionalidad fiscal que fue bandera del gobierno anterior. Esta nota tiene como objetivo explicar, de manera sencilla, algunos de los elementos en juego.

La regla fiscal uruguaya se basa en tres pilares fundamentales:

Resultado Fiscal Estructural: Mide el balance fiscal ajustado por el ciclo económico, considerando cómo las fluctuaciones en la actividad económica afectan los ingresos y los gastos del gobierno. Para entender su importancia, pensemos en una familia. Si una persona atraviesa un período de especial bonanza laboral y gana 100, podría gastar esos 100 y sentirse tranquila al pensar que no tiene déficit. Sin embargo, si ese ingreso es excepcional, el gasto podría resultar insostenible a largo plazo. De manera similar, si alguien enfrenta un problema coyuntural, podría ser razonable gastar un poco más de lo que gana en ese momento para evitar ajustes drásticos en su nivel de vida. Este es el razonamiento detrás del resultado fiscal estructural: no se debe medir el déficit en relación con el PIB del momento, sino con el PIB potencial (en la analogía familiar, sería el ingreso "normal" esperado).

Tope de Gasto Primario: Establece un límite al crecimiento del gasto público primario (gasto total menos intereses de la deuda), alineándolo con el crecimiento potencial de la economía para asegurar su sostenibilidad. Siguiendo la analogía familiar, imaginemos una pareja joven que acaba de casarse y establece un nivel de gasto inicial que representa un porcentaje de sus ingresos. A medida que progresan profesionalmente y mejoran sus entradas, podrían aumentar su nivel de gasto. Sería prudente que el aumento del gasto no supere el crecimiento potencial de sus ingresos para no comprometer su estabilidad financiera. De igual forma, el gasto público debe crecer de manera responsable y alineada con el crecimiento económico sostenible.

Tope de Endeudamiento Neto: Limita el endeudamiento neto del gobierno central y del Banco de Previsión Social (BPS). En términos familiares, esto equivale a definir cuánta deuda se puede asumir sin comprometer su capacidad de repago. Una familia puede pedir un préstamo para comprar una casa o financiar un proyecto, pero debe asegurarse de que podrá con los pagos subsecuentes sin poner en riesgo su situación financiera. Para un país, el endeudamiento debe manejarse con la misma lógica: garantizar que los niveles de deuda sean sostenibles y que el país pueda cumplir con sus obligaciones.

La introducción de la nueva institucionalidad fiscal por parte de la administración anterior buscó dotar de mayor previsibilidad y disciplina a la política fiscal uruguaya, asegurando que el gasto público y el endeudamiento se mantuvieran dentro de parámetros sostenibles. Además, cuando esto no ocurriera, el Consejo Fiscal Asesor debía intervenir para señalar las desviaciones.

Sin embargo, desde el Frente Amplio ha habido cuestionamientos tanto sobre el diseño como sobre la implementación de esta regla. Se ha señalado, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no proporcionó la información necesaria para replicar los cálculos fiscales, incluyendo la brecha del producto, que mide la diferencia entre el PIB potencial y el observado.

Más allá de las críticas, la aplicación de la regla fiscal ha mostrado resultados positivos en los primeros años, en los que se cumplieron los tres pilares. Sin embargo, en 2024 esto no se ha logrado, como señaló el Consejo Fiscal Asesor. De esta manera, el incumplimiento no invalida el instrumento; por el contrario, es evidencia de que si bien la nueva institucionalidad por sí misma no asegura el logro de los objetivos fiscales, es gracias a ella que se puede identificar con claridad cuándo se alcanzan o no los objetivos.

Desde una perspectiva técnica, la evaluación de la regla fiscal debe considerar tres objetivos fundamentales: sostenibilidad, reducción de la prociclicalidad y disminución de la discrecionalidad en la política fiscal. Si bien la regla ha contribuido a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, su efectividad para reducir la prociclicalidad y limitar la discrecionalidad aún está en debate. Ninguna regla asegura que los tomadores de decisiones tengan un comportamiento fiscal óptimo, pero sí marca dónde está el límite y dónde está el exceso. De esta manera la conducta puede ser evaluada, contrastada o corregida posteriormente.

Uno de los principales desafíos para el actual gobierno será decidir si mantiene la regla fiscal y su institucionalidad en su forma actual, la modifica o introduce un nuevo marco normativo. De esta manera se enfrenta a un dilema: por un lado, debe garantizar la estabilidad fiscal y la credibilidad del país ante los mercados y organismos internacionales; por otro, debe responder a su base política. La decisión que se tome tendrá implicaciones no solo para las cuentas públicas, sino también para la capacidad del gobierno de llevar adelante su agenda.