OPINIÓN

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El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado jueves 11 de marzo el paquete fiscal de alivio extraordinario por 1.900 millones de millones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia. Es un hecho histórico por varios motivos. Su magnitud traspasa los límites de cualquier programa de la historia reciente de Estados Unidos, incluido el rescate por la crisis financiera del 2007-08.

Otro aspecto inédito es su modalidad, centrada en transferencias directas a las personas o grupos familiares, calificando aquellos con ingresos menores a 75.000 o 150.000 dólares respectivamente. Además, incluye transferencias para coberturas por seguros de desempleo, créditos fiscales, cobertura de salud y el financiamiento de programas sanitarios estaduales, junto a fondos destinados al sistema educativo cuyo alumnado pertenece a sectores de bajos recursos.

Si bien las transferencias a los hogares tienen carácter temporal (fin del 2021), el programa implica una inyección fiscal directa para incentivar consumo y no tanto en inversión física, enmarcado en un programa de reducción de las inequidades sociales. Si bien esto último es generalmente afín a la plataforma política del partido Demócrata, a lo largo de las últimas décadas la intervención del Estado se fue inclinando hacia ese propósito independientemente de las administraciones de turno y de los resultados obtenidos.

Por tanto, el rol y la visión tradicional sobre el papel del Estado en la sociedad norteamericana se han ido desdibujando en el tiempo, y sin llegar a los extremos del intervencionismo europeo en Europa se aleja cada vez más del estereotipo del Estado prescindente en la vida económica y social de ese país. Ello se comprueba por la popularidad y el grado e aprobación del programa entre la población que traspasa barreras partidarias, algo que se ha venido plasmando en un arco cada vez más amplio del electorado, al sentir que el reparto de los frutos del crecimiento es insuficiente.

En consecuencia, demandan de la política los correctivos correspondientes, acentuados en tiempos de pandemia, a través de transferencias fiscales. Lo cual no implica que no haya voces que, ante la magnitud de la expansión fiscal, temen por las consecuencias sobre la inflación y el endeudamiento.

De todos modos, las aspiraciones de las mayorías ciudadanas han doblegado las opiniones pidiendo cautela, haciendo pensar que esta postura de la administración Biden dejará una marca duradera en el imaginario de la sociedad americana, tal como lo hizo el New Deal como instrumento de salida de la Gran Depresión. Recién en los ´70, con la crisis del petróleo y la aparición de la inflación se abandonó el paradigma keynesiano que hoy, medio siglo después, resurge en una versión diferente, pero bajo los mismos principios.

Sus resultados inmediatos comienzan a verse. La magnitud del programa, junto al avance de la vacunación, hace que se potencien impactos significativos sobre el crecimiento de Estados Unidos, que se derraman a nivel global. La OCDE estima que crecerá 6,5% en 2021 en vez del 3,2% como lo proyectaba en noviembre del año pasado, en tanto que la economía global lo hará al 5,6% en vez del 4,2%. Por razones obvias, México y Canadá serán los que recibirán mas fuerte ese impacto adicional sobre su crecimiento (1%), en tanto que para Europa será 0,5%.
Para la mayoría de América Latina, su impacto directo sobre el crecimiento es menor (0,3%), aunque de todos modos asegura la permanencia de condiciones de financiamiento favorables y la probable tonificación del comercio internacional.

De todos modos, conviene reiterar que aun no se sabe si esos efectos positivos sobre el crecimiento serán permanentes, pues las estructuras que dieron lugar a las bajas tasas de crecimiento por falta de inversión de la última década, siguen intocadas. También, conviene recordar que esas políticas las pueden llevar adelante quienes tienen la posibilidad de emitir monedas de reserva, como el dólar o el euro. No quienes carecen esa potestad, como las economías emergentes.

Por tanto, sigue vigente más que nunca la ejecución de reformas estructurales para fortificar la inversión y la productividad, caminos esenciales para aumentar el crecimiento potencial del país. Las medidas cortoplacistas para mitigar las urgencias provocadas por la pandemia, que nadie niega, no pueden desplazar la mira de los grandes objetivos afincados en la modernización de la regulación del mercado laboral, la mejora de la inserción internacional, la simplificación de los marcos operativos de las empresas, y el aumento de la eficiencia de las empresas del Estado.

Las posturas fiscales extraordinarias de los países desarrollados dilatan la permanencia de condiciones internacionales favorables bajo la forma de abundante liquidez y tonificación del comercio internacional. Aunque machucados por la pandemia, pasado ese trance, países como el nuestro deben rápidamente embarcarse en la introducción de reformas estructurales para consolidar su capacidad de crecer. No existen caminos alternativos ni atajos.