OPINIÓN

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El anuncio reciente del comienzo del plan de vacunación contra el coronavirus, ha despejado el mayor desafío que enfrenta nuestro país y también el propio gobierno. Con su instrumentación, se podrán doblegar los estragos sanitarios ocasionados por el virus. Pero quedarán para resarcirse sus estragos económicos y sociales.

Esta nueva normalidad que regirá de ahora en más, está presente a lo largo y ancho del mundo, en grados diversos y con alternativas de salida también diferentes. No es lo mismo ese panorama en el mundo industrializado que en el conjunto de los países en desarrollo.

Tampoco hay unanimidad en cada una de esas realidades de cómo mejor salir del trance, salvo el uso de la fuerza bruta de la inyección de liquidez por parte de los países que emiten monedas de reserva. Esto, más como una reacción ante una adversidad inesperada, que como un planteo convalidado por la experiencia. Los economistas, como los generales, saben ganar guerras pasadas o advertir sobre la repetición de errores. Pero carecen de propuestas probadas para actuar en escenarios nuevos, cargados de incertidumbre. Eso implica empezar de nuevo con actitud pragmática, replanteándose enfoques pasados basados en paradigmas pertenecientes a otra realidad, pero cuidándose de no caer en el facilismo de las soluciones mágicas, que siempre tientan a la política, más aquella sesgada hacia el populismo o en el campo opositor.

Empezando por esto último, la experiencia internacional viene mostrando que el concepto de renta básica no resuelve los problemas causados por la pandemia, aun en los países que no tienen restricciones para su financiamiento. A lo sumo, es un paliativo temporal que no mejora el nivel de actividad ni tampoco ayuda a generar empleo, lo cual no implica eliminar las transferencias para atender las situaciones más vulnerables provocadas por la pandemia. Se trata de recomponer las fuentes de crecimiento, después de una pandemia que transformó y seguirá transformando estructuras productivas y comportamientos sociales.

Este escenario tiene al menos dos dimensiones fundamentales. Deja fuera de lugar aquellas propuestas basadas en meras transferencias, tal como lo propone el Frente Amplio, pues además de inefectivas implican un costo fiscal que sociedades como la nuestra no pueden solventar. Porque aquí vale la pena recordar que, cuando se menciona al Estado como su ejecutor, en realidad se está hablando de los contribuyentes actuales o de su próxima generación si se recurre al endeudamiento. No somos el mundo desarrollado para financiar propuestas de ese estilo, por lo cual una alternativa de expansión del gasto debe hacerse de forma medida buscando el objetivo de regenerar actividad y empleo.

Otra dimensión del problema es que la pandemia aceleró cambios, algunos de índole estructural irreversible y otros que tomarán su tiempo para revertirse a la situación pre pandemia.

Basta con mirar la expansión creciente del comercio electrónico en una amplia y variada gama de actividades, la aparición explosiva de los servicios de “deliveries” que sustituyen desde la gastronomía tradicional hasta el comercio minorista presencial, para culminar con una oferta cada vez más amplia de espectáculos transmitidos por plataformas electrónicas que irán diluyendo la presencia física del espectador ante la comodidad que aporta las facilidades tecnológicas de acceso a programas diversos, con alta calidad de imagen y sonido, bajo costo y sin restricciones geográficas para su acceso. Algo similar puede decirse con la transmisión del conocimiento. Como ejemplo, la Universidad de Harvad dicta tres veces más cursos on line que por vía presencial. Ello implica otro impulso hacia la universalización al acceso de la cultura en todas sus modalidades y en todos los confines del planeta.

Anclar la mejor política económica en este panorama nuevo que sigue cambiando, es una tarea compleja sujeta a los avatares de prueba y error. No hay otra manera.

En esta nueva realidad en la que estamos inmersos, hay cuestiones nuevas que requieren políticas acordes y también cuestiones pendientes, cuyo tratamiento no admite la menor demora. La reforma de la Seguridad Social es uno de esos temas prioritarios que contemplan los cambios demográficos ocurridos en las últimas décadas, como la mejora de la expectativa de vida, las disparidades entre regímenes jubilatorios diversos que al final se financian de una u otra manera con dineros públicos y busca corregir los desvíos ocasionados por normas que burlan la lógica de un sistema justo y sustentable en el tiempo. Todos temas difíciles, cargados de visiones diferentes, con altos costos políticos, pero ineludibles en su tratamiento. No hacerlo debilita la macroeconomía, limitando aun más la capacidad de enfrentar eventos adversos como el actual.

En el campo de las políticas adecuadas a esta nueva normalidad signada por el doble impacto de la caída de la oferta y la demanda cuya consecuencia es alto desempleo, pareciera ser que el rumbo apunta hacia la recuperación del nivel de actividad, que ya venía en caída desde antes de la pandemia. Lo que de por sí ya era un desafío que tenía por delante el nuevo gobierno y ahora lo es más.

En esto tampoco hay soluciones mágicas, sino el simple concepto de recrear las condiciones de rentabilidad para la inversión privada, apuntalada por el empuje de un shock de la de índole pública.

Sin dudas, esto abre un debate de cómo hacerlo, pues puede implicar el derribo de paradigmas, algunos de los cuales he defendido en estas columnas. Pero ante una realidad nueva, debemos posicionarnos con pragmatismo responsable, explorando opciones de salida nuevas. De lo contrario, se van a profundizar los efectos de la pandemia, en una realidad que venía signada por el estancamiento y el alto desempleo.