OPINIÓN

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Sin embargo, no es suficiente. Por un lado, debido a que la propuesta originalmente enviada por el gobierno terminó siendo parcialmente deshidratada y su impacto fiscal se redujo, lo que requerirá medidas adicionales de control de gastos para reducir el déficit primario. Por otro, los problemas estructurales, en las áreas de impuestos, infraestructura, apertura al comercio exterior, entorno empresarial y la estructura del Estado, que abarcan los temas del federalismo y la calidad del gasto público, entre otros muy importantes.

Con respecto al impacto fiscal de la reforma, la propuesta original enviada por el gobierno preveía una economía de alrededor de R$ 1,2 billones en 10 años. Aunque todavía se requieren nuevas aprobaciones (una en Cámara de Representantes y dos en el Senado), el impacto final probablemente estará entre el 60% y el 75% de ese valor. Este es un gran resultado, tomando como referencia los intentos de reforma anteriores, en los que el grado de deshidratación de las propuestas enviadas por el gobierno fue de más del 50%. La economía proyectada, que aumenta con el tiempo, debería contribuir a la reducción del déficit primario, proyectado en 1,9% del PIB en 2019, pero la reversión a superávit se alcanzaría recién en 2023.

A su vez, la deuda pública seguirá creciendo más allá de este plazo, del actual 79% del PIB al 84% del producto en 2025, antes de comenzar a disminuir.

La reducción del déficit primario depende del cumplimiento de la Enmienda Constitucional 95, aprobada en 2016, que establece la inflación del año anterior como techo para aumentar el gasto público cada año. Al imponer la edad de jubilación mínima en el sector privado, cambiar el cálculo del valor de los beneficios recibidos por jubilados y pensionados y definir reglas de transición relativamente duras, la reforma de la asistencia social es el factor principal para garantizar que se cumpla el techo del gasto público. No solo porque tiene una gran parte del presupuesto federal (57% del gasto primario total), sino también porque el gasto asociado ha crecido a tasas reales muy altas, por encima del 7% anual, frente al 4% anual para el resto del gasto primario. Como resultado, los gastos no obligatorios, donde es posible reducir el volumen de gastos, se comprimen fuertemente, lo que aumenta el riesgo de paralizar a sectores de la administración pública. Entre estos gastos no obligatorios, se destaca la fuerte reducción de la inversión pública federal, del 1,3% del PIB en 2014, al 0,8% del PIB en 2018.

Se estima que será posible obtener ganancias por unos $ 200 mil millones para 2023, con la combinación de la reforma de las pensiones y una nueva regla de corrección anual del salario mínimo, que limita su crecimiento a la inflación del año anterior. La aceleración esperada de la actividad económica, a consecuencia del aumento de la confianza y la reducción esperada de la tasa de interés por parte del BC, también es una parte importante de la consolidación fiscal, permitiendo un crecimiento en la recaudación de impuestos que, en el momento de la recuperación, tiende a ser mayor que el crecimiento del PIB. Por el lado de los ingresos, también se espera un aumento a mediano plazo en regalías e ingresos por acciones especiales, que se recaudan en la exploración y extracción de petróleo en el área del pre-sal. Por tanto, es posible prever una corrección gradual pero consistente del déficit primario federal actual, cuyo impacto en la deuda tiende a crecer por las privatizaciones.

Desafortunadamente, la situación fiscal de los estados y municipios, incluso más dramática que la del gobierno federal, continúa representando un gran riesgo, ya que sus funcionarios quedan fuera de la reforma aprobada en Diputados. Varios gobiernos estatales importantes se encuentran en una situación fiscal extremadamente precaria, y la inclusión de sus propios planes de pensiones en la reforma más general aprobada por la Cámara ayudaría en el esfuerzo por frenar el crecimiento de sus gastos. El problema en los estados en crisis fiscal es tan grave que provocó retrasos en el pago de empleados, jubilados y pensionistas, así como pagos a proveedores y recortes de gastos que socavan los servicios públicos esenciales en áreas como salud, educación o transporte. Hay expectativa de que estos regímenes de estados y municipios se incluyan nuevamente en la reforma del sistema previsional durante su proceso en el Senado.

En paralelo, otros temas deberían ingresar a la agenda de discusiones en los próximos meses. Son reformas estructurales destinadas a aumentar la competitividad de la economía, mejorar el entorno empresarial y estimular la inversión. En esta agenda, el próximo reto es la reforma tributaria, que apunta a su simplificación y racionalización. No será fácil, porque involucra intereses federales en conflicto, pero dado el liderazgo asumido por el Congreso en la votación sobre la reforma de la Seguridad Social, y considerando que la iniciativa en este asunto provino de la Cámara de Diputados, se puede esperar un resultado favorable.

Por último, el acuerdo recientemente concluido entre Mercosur y la Unión Europea, destaca en esta perspectiva más positiva y estructural. Aunque sus principales beneficios se producirán a mediano y largo plazo, muestra un cambio de posición del actual gobierno brasileño en relación con las administraciones anteriores respecto a la liberalización comercial y puede anticipar inversiones destinadas a explorar el nuevo mercado futuro, además de representar un choque de competencia con impacto positivo en la productividad