La economía venezolana —devastada tras el colapso socioeconómico ocurrido entre 2014 y 2019— ha registrado este año un crecimiento que el Banco Central de Venezuela ubica en seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Algunos observadores independientes calculan que ha oscilado entre un 4 y un 5%. El país sudamericano logra así un tercer año de recuperación que frena la contracción de su economía y la hiperinflación que empobreció a los venezolanos y expulsó a millones al extranjero.

El alivio, sin embargo, tiene un techo: tras los discutidos resultados de las elecciones presidenciales de julio pasado, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que la saliente Administración de Joe Biden considera la posibilidad de eliminar las licencias otorgadas a algunas compañías para explotar petróleo venezolano. Esta circunstancia oscurece seriamente el panorama económico nacional en el mediano plazo.

La expansión de 2024, que puede duplicar a la de 2023, está fundamentada, sobre todo, en una lenta y progresiva recuperación de la producción petrolera del país, hoy ubicada en torno a los 900.000 barriles diarios. Esto se produce, en parte, gracias a las licencias otorgadas por Estados Unidos a compañías como Chevron y Repsol, y a una cierta mejora en los ingresos propios de la estatal Petróleos de Venezuela.

Sancionado con dureza desde hace unos años, en particular por Estados Unidos, el Gobierno de Nicolás Maduro cambió de estrategia económica y desde 2020 se esforzó por buscar opciones para la inversión privada, particularmente en petróleo y gas, consolidando alianzas con el capital nacional luego de años de conflictividad.

El chavismo optó por una política cambiaria más flexible y una monetaria más prudente, con lo cual amainó la tormenta de la inflación, que este año se ubicó por fin en dos dígitos, promediando 60%. El pasado mes de julio, por primera vez en 12 años, el índice de precios al consumidor fue del 1%. Sin embargo, expertos consultados coinciden en señalar que el dinamismo que estaban evidenciando los actores económicos hacia la mitad del año estaba vinculado a una expectativa de cambio político que finalmente no se ha concretado.

El ambiente del país, y el tono de la dirigencia chavista, cambió mucho en estos meses. Nicolás Maduro se declaró ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y la velocidad del crecimiento perdió empuje. Ni la oposición ni la comunidad democrática internacional aceptan los resultados por dudosos, y regresaron los nubarrones de la conflictividad. La crisis política planteada desde septiembre hizo que muchos empresarios recogiesen su dinero.

La victoria electoral de Donald Trump, y la elección de Marco Rubio para el Departamento de Estado anticipan un 2025 con más sanciones para Venezuela y, en consecuencia, más represión interna y más aislamiento internacional. Después de varios meses de estabilidad, el tipo de cambio ha comenzado a deslizarse, y la inflación experimentó un salto en setiembre. La brecha cambiaria ya es una realidad estructural, con un diferencial de 18% entre la tasa oficial y la del mercado paralelo. El Banco Central de Venezuela parece no contar con los recursos para contener el problema, porque no hay suficientes dólares para paliar la demanda.

“Luego de las elecciones, mucha gente ha sacado sus capitales del país y cerrado sus negocios”, comenta Leonardo Vera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y director de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas. “Hasta julio se respiraba en los actores económicos optimismo, el cambio político parecía posible”, afirma Vera. “En diciembre el ambiente es de desconfianza, ansiedad e incertidumbre. Además, la moneda ha permanecido sobrevaluada: la inflación ha bajado, pero no lo suficiente ni lo suficientemente rápido. Estamos en presencia de una crisis cambiaria”, afirma.

“El sector petrolero ha tenido un buen desempeño, y eso es, en parte, resultado de las negociaciones políticas que comenzaron el chavismo y los Estados Unidos en 2022 y 2023. A partir de esa realidad es que se aprobaron las licencias a Venezuela en un contexto de flexibilización”, comenta el economista Orlando Ochoa. “Sin la capacidad para elevar la producción petrolera en 2025, que en este momento depende sobre todo de empresas internacionales, el sector petrolero se puede ver en problemas”. Ochoa coincide con Vera: “Luego de las elecciones se ha producido una caída en el ánimo de las inversiones y el consumo”.

Reuters

La gran pregunta para la Venezuela de 2025 es si habrá o no más sanciones”, afirma Luis Oliveros, economista y académico de la Universidad Metropolitana de Caracas. “Si no tocan las licencias y se impone algún tipo de acuerdo entre Washington y Caracas, el país tendrá un crecimiento modesto, menor que el de este año, pero con alguna estabilidad y en medio de la incertidumbre general. Pero si las licencias petroleras son suprimidas, el panorama sería muy negativo: una caída abrupta del PIB y una inflación que estaría de nuevo cercana al 100%, con más problemas para atender las distorsiones cambiarias”. Probablemente, también, con nuevos deslaves migratorios, sociales y políticos.