La revisión de las proyecciones fiscales implicará que este año el gobierno incumplirá dos de los tres pilares de la regla fiscal, instaurada en 2020. El tope de endeudamiento, cuyo eventual desvío requiere de aprobación parlamentaria, se cumpliría con el aporte extraordinario de las empresas públicas y el BROU. Si bien ante la materialización de varios riesgos —oportunamente advertidos por el Consejo Fiscal Asesor y algunos analistas—, era plausible una revisión de las estimaciones, la magnitud del deterioro es sin dudas mayor a la prevista meses atrás.

El déficit fiscal estructural cerraría 2024 en 3,4% del PIB, bastante por encima del nivel previsto en la rendición de cuentas anterior (2,6%) y de la revisión realizada en febrero de este año (2,9%). En gran medida, el deterioro se explicará por un aumento significativo del gasto público en términos reales (4,8%), notoriamente por encima del tope fijado por la regla fiscal (2,8%).

Si bien es cierto que buena parte del gasto es rígido en términos nominales, y que episodios “imprevistos” de desinflación incrementan —ex post— el gasto en términos reales (y viceversa, cómo ocurrió en 2021-22), ello no implica ni que la totalidad del deterioro previsto para este año se deba a la desinflación, ni que se carezca de cierto margen de maniobra para ajustar el gasto nominal en el correr del año.

El punto de partida para este año ya era bastante desafiante antes de empezarlo. Dado el incremento real en pasividades y remuneraciones en 2023 (4%), el cumplimiento de las metas fiscales en 2023 requirió de una menor ejecución en gastos no personales, transferencias e inversiones en los últimos meses del año. Incluso si ello no supuso una postergación en la ejecución, el piso de incremento nominal del gasto en esos rubros sería mayor en 2024. A su vez, los compromisos en materia salarial ya le habían puesto un piso nominal de 9% al incremento del gasto en pasividades para este año.

El riesgo de que durante 2024 la inflación fuese menor a la prevista acentuó los desafíos hacia el cierre del año pasado, sin perjuicio de que ya en julio el BCU comenzó a proyectar una inflación de 5% para este año en sus informes de política monetaria. Ante la materialización de este escenario, el margen para evitar el deterioro de las cuentas públicas requiere de un ajuste nominal a la baja del gasto para incorporar este menor nivel de inflación, similar al que ocurrió con los salarios públicos en enero.

A pesar de que la rigidez nominal del gasto público suele ser elevada en algunos rubros y que la discrecionalidad para su ajuste durante el año es limitada, buena parte del incremento previsto para este año se explica por gastos no personales (+4,1% real), transferencias (4,7%) e inversiones (11,1%), rubros en los que durante 2020 y al cierre de 2023 sí pudieron ajustarse. La historia muestra que corregir el gasto en años electorales es complejo, y este no parece ser una excepción.

De cumplirse lo proyectado por el gobierno, el déficit fiscal estructural se habrá reducido de 4,5% en 2019 a 2,6% en 2022 y habrá aumentado a 3,4% entre 2022 y 2024. La próxima administración deberá retomar la convergencia hacia el entorno del 2%, y, si bien la reciente aprobación de la reforma de la seguridad social da margen para que la reducción sea progresiva, el escenario es desafiante.

Foto: Parlamento

En primer lugar, la reducción del déficit en este período se debió en buena parte a que la recaudación efectiva de IVA pasó de representar el 8,3% del PIB en 2019 al 9,4% en la actualidad. Siendo que no hubo cambios tributarios significativos, es probable que parte se deba a cambios en la composición del gasto de consumo hacia bienes y servicios más “intensivos” en impuestos. Una eventual reversión de este fenómeno podría deteriorar el resultado fiscal estructural en alguna décima.

La inclusión de proyecciones móviles quinquenales es un avance, pero en la medida en que abarcan períodos de gobierno posteriores, deberían hacerse sin asumir innovaciones significativas. Incluso si se lograse crecer por encima del potencial (2,5%) y del promedio de la última década (1,2%), no es factible que en ese contexto el gasto público aumente menos de 1% real sin una reforma significativa del Estado, algo que hoy parece lejos de concretarse y que la experiencia reciente ha dejado bastante claro que es complejo de lograr: en este período de gobierno, el gasto público finalizará 1% del PIB por encima de 2019, unos US$ 800 millones.

En resumen, el deterioro de las cuentas públicas será peor al esperado un año atrás y condicionará el despliegue del plan de gobierno de la próxima administración. Hasta tanto no se logre consolidar una tasa de crecimiento superior al 2,5%, la próxima Ley de Presupuesto deberá limitar el incremento del gasto público financiando las prioridades mediante reasignaciones de gasto y avanzar en la reforma del Estado, al menos retirándose de actividades poco rentables y/o productivas.