A juzgar por el volumen de firmas presentadas todo indica que, junto con las elecciones nacionales, se plebiscitará una reforma constitucional sobre el régimen de jubilaciones y pensiones. La propuesta, basada en tres ejes, no sólo implica ajustes paramétricos en la disminución de la edad de retiro a los 60 años y equiparación de la jubilación mínima al Salario Mínimo Nacional, sino que involucra un cambio sistémico en la seguridad social, al eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), pasando del actual sistema mixto (que combina sistema de reparto con capitalización individual de los ahorros previsionales) a un sistema íntegramente de reparto.

El tema, además de tener enorme relevancia para la vida económica y social, tanto de generaciones presentes como venideras (quien esto escribe, no duda que sería el acto electoral más trascendente de los últimos tiempos), es demasiado extenso para abordarlo completamente en una columna. Muchos colegas han volcado opinión y lo seguirán haciendo en un proceso saludable que contribuye a informar a la ciudadanía. Nos limitaremos a abordar algunos conceptos sobre la edad de retiro basado en dos elementos objetivos y entrelazados: la dinámica demográfica y la experiencia comparada.

Primero, cabe aclarar que toda evaluación integral de un sistema de pensiones debe apuntar al equilibrio en tres pilares: i) cobertura (cantidad); ii) prestaciones (calidad); iii) sostenibilidad financiera (costos). Si falla alguna de las patas de este trípode, el sistema no estará equilibrado, lo cual motiva permanentes debates sobre esquemas previsionales en todo el mundo. En Uruguay, La Ley N° 20.130 de 2023 puso el foco en la sostenibilidad financiera con la elevación de la edad de retiro a los 65 años, pero hubo leyes previas que abordaron las otras dimensiones. La Ley N° 18.395 de 2008 se había enfocado en la cobertura, mediante la disminución de requisitos para acceder al régimen jubilatorio. Mientras que la Ley N° 19.590 de 2017 (“Cincuentones”) se enfocó en la calidad, al permitir la desafiliación de las AFAP a personas de al menos 50 años al 01/04/2016, que ingresaron al régimen de ahorro individual obligatorio y que por tal motivo consideraban haber sufrido un perjuicio económico. Vemos entonces cómo las leyes que regulan el sistema previsional no necesariamente deben abordar los tres pilares simultáneamente. Se trata de ir equilibrando el trípode mediante un instrumento jurídico adaptable a las circunstancias —siempre cambiantes— como es la Ley.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, entendemos por tal a un régimen donde la relación gastos previsionales/PIB permanezca estable en el tiempo. Por el contrario, la insostenibilidad implica un alza sistemática en dicho ratio, dando lugar a un déficit previsional (y, por tanto, a un déficit fiscal global) creciente.

Matemáticamente, la relación gasto previsional/PIB se puede descomponer como el producto de cuatro componentes: 1) Tasa de Dependencia (población pasiva/población activa); 2) Tasa de Cobertura (pensionistas/población pasiva); 3) Tasa de Prestación (pensión media por población empleada/PIB); 4) Inversa de la Tasa de Empleo (población activa/población empleada). En los últimos tres factores cabe esperar un comportamiento relativamente estable (en el caso de la pensión media, así sería si el ajuste de los suplementos solidarios se hace por IPC en lugar de IMS, a opción de la Administración Central según plantea la Ley N° 20.130). La Tasa de Cobertura de hecho es deseable que sea lo más alta posible, siendo una de las patas del consabido trípode; tal es el caso de Uruguay, que posee la tasa más alta de América Latina (ergo, la tasa más baja de empleo informal) alineado a los países de la OCDE.

El gran talón de Aquiles que pone en jaque la sostenibilidad financiera del sistema está en la Tasa de Dependencia, lo cual nos lleva a examinar la dinámica demográfica. En el primer gráfico se exhibe la evolución histórica de la Tasa de Dependencia en base a datos censales. En 1908 era apenas 5,6%, escenario bajo el cual la sostenibilidad financiera en un esquema de reparto con edad de retiro a los 60 sería juego de niños. Desde entonces nunca paró de crecer. La explicación es muy sencilla: las personas cada vez viven más, y en los últimos tiempos pasaron a tener menos hijos. La esperanza de vida a los 60 años actualmente supera los 20 promediando hombres y mujeres (es decir, se espera que fallezcan con más de 80), y seguirá aumentando por el avance de la ciencia. Sumado a la caída sistemática en el número de nacimientos verificado en la última década, esto garantiza una mayor Tasa de Dependencia, que el INE proyecta en 39,4% para 2050 (probablemente se revise al alza tras el Censo 2023).

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En el gráfico de nubes puede verse que esta tendencia es global; en los países más desarrollados se acentúa al haberse agotado el bono demográfico generado por los baby boomers de la posguerra que comenzaron a jubilarse. Por ello, en todo el mundo se están implementando aumentos en la causal jubilatoria.

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Así, hacia 2050 el promedio de la edad de retiro en los países de la OCDE es de 66,3 años, y se asume que serán necesarios nuevos aumentos en el futuro. Incluso, en algunos casos es endógena a la dinámica demográfica. Tal es el caso de Dinamarca, donde una reforma introducida en 2011 estableció una meta fija de período de jubilación, de suerte tal que conforme aumente la esperanza de vida a los 60 años, la edad de retiro se ajustará al alza para garantizar automáticamente la sostenibilidad financiera del sistema.

Si bien la Tasa de Dependencia de Uruguay es inferior a la de Europa, en la comparación regional es la más alta de América Latina, duplicando la de los países con edad de retiro a los 60 años.

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De hecho, puede verse que en muchos países latinoamericanos rige una mayor edad de retiro, pese tener una población menos envejecida.

En suma, de prosperar el plebiscito, Uruguay sería un caso inédito en el mundo donde en lugar de elevar la edad de retiro, se la estaría reduciendo (nada menos que por vía constitucional) a contracorriente de la dinámica demográfica. En ausencia de mejoras significativas en la productividad y la Tasa de Empleo, el alza en la Tasa de Dependencia precipitaría un aumento en el gasto previsional/PIB con el consecuente encarecimiento del sistema de seguridad social que la sociedad deberá pagar con más deuda y/o mayores impuestos.

Así las cosas, el elector deberá informarse responsablemente de cara al 27 de octubre, atendiendo con imparcialidad tanto las posturas en contra como a favor para definir la suya. En cualquier caso, tratándose de un tema técnico y complejo, sería prudente ponderar las opiniones recogidas. Y así como uno da mayor prevalencia a la opinión de un arquitecto o ingeniero a la hora de evaluar los cimientos de una casa donde residirá el resto de su vida, igualmente debería valorar la opinión de actuarios y economistas a la hora de evaluar reformas estructurales de esta naturaleza.

- El Ec. Marcelo Sibille es gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.