Hay situaciones donde, por más penas que se impongan, la disuasión es ineficaz. Un ejemplo paradigmático es la adicción a las drogas. Otro es la ausencia de alternativas atractivas.

El delito es el resultado de una decisión del individuo acerca del uso de su tiempo. El objetivo de las políticas de disuasión (mayores penas, policías más eficaces, etc.) es que el individuo reduzca su asignación de tiempo a delinquir (por miedo al castigo, por aumento de probabilidad de ser capturado, etc.).

¿Por qué hay muchos que no se desalientan frente a las mayores penas o a una policía más eficaz? ¿Por qué, aún con programas de fomento del empleo o transferencias monetarias, los individuos eligen cometer delitos?Los profesores Bentley MacLeod y Roman Rivera, de Princeton University, acaban de publicar un estudio que busca ofrecer explicaciones.

Por qué muchas veces no funciona la disuasión.

Sin importar el precio a pagar, el individuo va a cometer cualquier delito para obtener esa droga que necesita desesperadamente. MacLeod y Rivera señalan que una gran parte del aumento del delito en los años `80 se explica por la epidemia del “crack” (un derivado de la cocaína, extremadamente adictivo). También citan un trabajo reciente que demuestra que, cuando llega fin de mes, aumenta la chance que las personas de un programa social, que reciben transferencias a principios de mes, pasan a cometer delitos.

Otro ejemplo: la política de erradicación de la coca. Los gobiernos latinoamericanos, como Colombia, destruían plantaciones enteras para disminuir la oferta de droga. Pero esta política fracasó. El gobierno destruyó plantaciones, pero no generó fuentes alternativas de ingresos. Las familias que antes producían droga en sus terrenos se quedaron sin tener cosechas para vender, aumentó la desesperación por obtener dinero, entonces los carteles de la droga tuvieron mayor poder para ejercer presión sobre esas familias. Donde se perdió una plantación, se crearon otras al momento siguiente. Este programa de erradicación de las plantaciones resultó costosísimo y sus beneficios fueron muy pequeños.

Políticas de empleo disfuncionales.

Cuando el trabajo honrado no sustituye al trabajo delictivo, sino que lo complementa, estamos en problemas. Promover la inserción laboral de exreclusos en sectores dinámicos, con buenos salarios y pocas oportunidades para delinquir, baja la reincidencia. Pero el promover el trabajo en sectores de salarios bajos, no logra bajar la reincidencia, porque los exreclusos van a intentar complementar sus ingresos monetarios cometiendo delitos.

Un programa de empleo para jóvenes en riesgo durante el verano aumentó el delito, porque aumentaron las oportunidades para delinquir (fueron a trabajar a lugares donde estaban en contacto cercano con inmuebles que pudieron observar durante muchos días). Una vez más, el trabajo honrado se complementa con el trabajo delictivo.

La mejora en los puertos es otro ejemplo. Muchos puertos han experimentado avances muy significativos en su operativa, en la calidad del transporte de los containers, etc., pero, cuando esas mejoras no han ido de la mano de mejores controles o inspecciones, las mejoras en los puertos y el empleo que generan se complementan con mayores cantidades de cocaína contrabandeada.

Todo esto hace ver la necesidad de coordinar las políticas de disuasión y las políticas de empleo, o al menos tener en cuenta estas fuerzas opuestas.

Ingresos e inequidad

La inequidad es un incentivo para desarrollar el delito, porque la existencia de personas ricas crea muchas oportunidades de delinquir. Individuos que viven en regiones pobres, tienen un incentivo para asignar su tiempo y esfuerzo para obtener riqueza de personas de barrios bien situados económicamente, por ejemplo, a través de estafas online o de trasladarse hacia esos barrios para cometer delitos en propiedades más caras.

Diseñar una política óptima para reducir el delito requiere coordinar un buen número de estrategias. Las prescripciones simples como “aumentemos la disuasión” no son suficientes.

Proveer de alternativas atractivas

MacLeod y Rivera resumen un estudio en Perú que muestra que ofrecer educación no es suficiente: si los niños tienen como única manera de conseguir dinero trabajar en la producción de coca, aumenta la chance de elegir una vida delictiva.

Un buen programa de inserción laboral seguramente termine animando a trabajar a los que tienen mejores habilidades. Pero es precisamente, los que no tienen esas habilidades quienes son más proclives a involucrarse en delitos.

Ofrecer buenos programas educativos, acompañados con alguna fuente de generación de ingresos, son eficaces. Micaela Garrido, dirigida por la profesora Ana Balsa, acaba de defender su tesis de maestría en economía en la Universidad de Montevideo. Evalúa el impacto de Ánima. Es un programa educativo, para jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que combina formación académica y trabajo. Los resultados son muy alentadores: aumentan las chances de culminar la educación secundaria, continuar con estudios terciarios e insertarse en el mercado laboral.

Las dinámicas de educación, trabajo, delito, reincidencia, etc., son complejas. Hay que considerar las necesidades que tiene una persona y el ingreso para hacer frente a esas necesidades. También depende de cuán sustitutos son el trabajo honrado y el trabajo delictivo. Los programas sociales, laborales y educativos necesitan tiempo y coordinarse bien para ser efectivos con el objetivo de reducir el delito: muchas veces los efectos no se ven en el corto plazo y siempre está presente la presión política para conseguir resultados ya.