ENTREVISTA

Uruguay ha tenido una presencia activa en la COP26 que se desarrolla en Glasgow. La delegación que asistió a la cumbre del clima presentó ante gobiernos, agencias, empresas y multilaterales participantes, entre otras iniciativas, su decisión de participar del mercado de deuda sostenible. La emisión de un bono cuya contrapartida sea la emisión de gases de efecto invernadero es la opción, aunque es probable que se planteen otros escenarios. “Uruguay sería el primer país en la región en emitir un bono soberano de estas características”, destacó Sebastián Ramos, Socio de Banca y Finanzas de Ferrere especializado en estructuración, desarrollo y financiamiento de proyectos. Las finanzas sostenibles han cobrado un fuerte impulso a nivel global y en la región, “donde Uruguay destaca con la primera línea de alta tensión” financiada con un préstamo bajo dichos estándares, “TaTa emite deuda también en esa modalidad” y el Estado diseña “su primera incursión”, subrayó. Ramos detalló las características de las diferentes opciones de emisión y aseguró que existen “fuertes incentivos” para la participación en ese mercado”. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Qué dimensión han alcanzado las iniciativas que vinculan las finanzas con la sostenibilidad?

—Mundialmente es un tema enorme. Hay alrededor de 35 mil millones de dólares en instrumentos de finanzas sostenibles hoy en el mundo, con un incremento de casi 30% de un año a otro en 2020. En Sudamérica, salvo contadas excepciones, es algo que está poco desarrollado. Algunas empresas brasileñas son las que han utilizado estos instrumentos, tanto bonos temáticos como con vínculos con sostenibilidad, también algunas firmas chilenas y argentinas.

—En ese caso, hablamos de proyectos corporativos, ¿y a nivel soberano?

—El desarrollo a nivel soberano ha sido bastante más lento, pero no es un tema de la región. El único país del que tengo conocimiento que ha sacado un bono soberano con vínculo de sostenibilidad ha sido Luxemburgo. Fue en setiembre pasado, por 1.500 millones de dólares. En ese caso, se trata de un bono vinculado a cumplir las metas que se fijó el país, para 2050, en cuanto a emisión neutra de carbono.

—El concepto de finanzas sostenibles, en el que se enmarcan los bonos condicionados con compromisos ambientales, ¿cuán internalizado está en el plano local?

—Las finanzas sostenibles sumaron un componente a la decisión de inversión, hasta ahora plenamente financiera: el impacto que tiene dicha inversión. Que sea sostenible, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas: “que se pueda satisfacer la necesidad de la generación actual sin comprometer la necesidad de las generaciones futuras”. Instituciones que invierten a largo plazo, como pueden ser las AFAP en nuestro país, comenzaron a observar esas inversiones a largo plazo, e introducir los conceptos de sostenibilidad. En el caso de los fondos de pensión resulta muy coherente: en sus objetivos hay un claro componente intergeneracional, por lo tanto, es lógico que se asuma esa otra dimensión.
Dentro de este concepto, hay dos definiciones: los bonos temáticos y los bonos con vínculos de sostenibilidad. En el caso de los temáticos, es una emisión en la que, los recursos a los que se accede por esta vía, están destinados exclusivamente a un fin específico. Los más conocidos son los Bonos Verdes, que tienen como destino un proyecto que sea bueno para el medio ambiente o que, por lo pronto, no tenga impacto negativo, como puede ser energía renovable, gestión de residuos, eficiencia energética, transporte limpio. UTE acaba de firmar con el BID un préstamo para financiar la primera línea de alta tensión en el mundo bajo esta modalidad.
Pero también puede ser un Bono Social, que esté destinado a un programa para combatir, por ejemplo, la desigualdad. O un Bono Azul, vinculado con cuestiones del agua o los océanos; también Bonos de Género, Bonos de Transición, Bonos de ODS —relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible—, etc.

—El desafío mayor parece estar en las estrategias de control…

—Efectivamente; cómo controlar que el destino de los recursos se vuelque en los programas convocados a la hora de solicitar un préstamo o emitir un bono. Hay un concepto definido como “greenwahsed” o “lavado verde”, relacionado con el incumplimiento o directamente el uso deliberado en otros fines del dinero obtenido con un bono temático.
Es un tema muy actual, sobre el que se está generando mucho trabajo hoy día. A modo de ejemplo, esta semana, el regulador suizo sacó una serie de recomendaciones sobre cómo prevenir a quienes compran valores, para no caer en la trampa de aquellos bonos que se venden como verdes y no lo son.

—El otro caso es el de los Fondos con vínculo con sostenibilidad…

—En este caso, el emisor le da el destino que quiere a los recursos obtenidos. Pero, en paralelo, se asume un compromiso con determinados objetivos como reducir emisiones, carbono neutro, etc.
Y el cumplimiento de esos objetivos redunda en mejores condiciones crediticias. Por ejemplo: se pactó una tasa de 5%, pero si se cumple el objetivo, esa tasa baja a 4,5%. Por el contrario, si no se cumple, hay una penalización y la tasa se incrementa. Ese es el tipo de bono en el que trabaja Uruguay, de acuerdo con lo que ha trascendido, asociados a la mitigación de gases de efecto invernadero, según los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
Existen ciertos indicadores a nivel internacional, elaborados por instituciones como el BID, que permiten comprobar si se están cumpliendo o no los compromisos. Es un proceso complejo: elegir los indicadores, quién se encarga de controlarlos, cómo se genera la información, la elaboración de los reportes… es algo nuevo para el país, lleva su tiempo, pero resulta una muy buena iniciativa.

—¿Estructurar estas emisiones resulta más complejo que las de una salida al mercado como las conocidas?

—El vínculo entre facilitar recursos condicionados a los cumplimientos de otro tipo de objetivos viene desarrollándose hace ya un tiempo. Tomemos como referencia el financiamiento de proyectos, terreno en el que Uruguay tiene mucha experiencia a partir, especialmente, de los parques eólicos. También los primeros parques solares en el país. El “project finance” se basa en la obtención de recursos para un proyecto determinado. Los desembolsos están destinados exclusivamente con ese fin y el repago llegará en la medida en que empiece a generar ingresos, en el caso de los parques, a producir energía. A ese tipo de operaciones, que típicamente la llevan adelante multilaterales, se les adicionó como condición los denominados “Principios de Ecuador”, relacionados con estándares ambientales y sociales. Trabajamos en alguno de los parques eólicos de UTE, donde la compañía debió asumir la necesidad de mediciones periódicas, contar con expertos, realizar los reportes… fue una primera enseñanza en ese terreno.
Ahora, los bonos temáticos o con vínculos de sostenibilidad son un siguiente paso, de complejidad mayor, que requiere de mucho trabajo e inversión. Uruguay se está asesorando con organismos que saben del tema, como es el caso del BID o el PNUD. Es muy acertado recorrer ese camino.

—¿Cuáles son los principales incentivos para el emisor?

—Emitir bajo estas características tiene una primera ventaja relacionada con la reputación y las credenciales de sostenibilidad del país. Pero, además, debemos tener en cuenta las ventajas que se pueden obtener en los costos financieros a partir de menores tasas. Sin esos instrumentos, sería imposible llegar a esas tasas. Los costos de estructuración, que pueden ser mayores a una emisión convencional, se cubren a partir de mejores condiciones. Además, se amplía el campo de interesados en participar de la financiación. Esa mayor liquidez obedece a que hay inversores que están dispuestos a participar directamente de esos proyectos. Y hay fondos creados especialmente con esos fines.
Las empresas que cumplen con sus objetivos son más rentables, lo mismo pasa con los Estados. Las calificadoras de riesgo también toman en cuenta esa condición. A su vez, las aseguradoras establecen, en sus primas, costos adicionales vinculados con los riesgos climáticos, que se reducen si se dan esas características en el país para la emisión. Los beneficios se derraman por todos lados, claramente.
Y las opciones que se abren son muchas…

—¿En qué otras opciones se imagina aplicar este tipo de emisiones?

—Podemos pensar en otros bonos temáticos. Por ejemplo, con los problemas de los asentamientos, emitir un bono vivienda, a largo plazo, baja tasa, con ese destino. Ilusiona saber que se puede hacer diferencia con este tipo de iniciativas.

—¿Existe suficiente experiencia en Uruguay para trabajar en esta área?

—No mucha. Lo que mencionaba antes a partir de los parques eólicos y solares es un paso, a través de préstamos, no en bonos temáticos. La reciente emisión de 100 millones de dólares de TaTa es un bono con vínculos de sostenibilidad, el primero en el sector corporativo en Uruguay, luego del préstamo obtenido en UTE para la línea de alta tensión.
Es muy incipiente. Hay que formar recursos y trabajar mucho en esa materia, donde el país puede tener grandes oportunidades. Sé qué el gobierno está buscando innovar en la materia, que hay otros actores privados siguiendo de cerca estos procesos, por ejemplo, en el sector financiero.

—Recientemente, el BCU anunció que entraba en un fondo de inversión en bonos verdes para diversificar los activos de reserva. ¿Eso debe ser tomado como parte de la misma estrategia?

—Es parte del mensaje que genera Uruguay. El BCU decidió poner parte de los activos de reserva, que son contrapartidas del sector financiero y que los coloca para generar rentabilidad, en un fondo destinado a bonos verdes. Uruguay es un país que ha trabajado mucho en su matriz energética, que ha asumido compromisos de sostenibilidad, que está articulando una emisión en la que asume compromisos de sostenibilidad, y esta es una forma más de dar consistencia al discurso.