Las elecciones internas del domingo 30 de juniodieron espacio para que conociésemos algunos de los objetivos que han manejado las partes que, al finalizar junio, pujaron por lograr la candidatura única de sus distintas agrupaciones políticas. Se repitieron las intenciones de alcanzar mejoras en algunos de los problemas de nuestro país cuya solución se considera, generalizadamente, prioritaria.

La seguridad pública, la pobreza infantil y el empleo han sido algunos problemas, no los únicos, que se desean resolver o al menos mejorar su situación, por parte de las fuerzas que intentan dirigir la futura administración de gobierno, la que será elegida en el domingo final de octubre o en el de noviembre si hubiera segunda vuelta. En algunos casos, la existencia de esos problemas es real pero, en algunos otros de los mencionados como es el caso del empleo, la situación no ha sido de deterioro ni de estabilidad no deseada. Es que en la actualidad, a pesar de la pandemia y desde 2019, el empleo ha aumentado considerablemente, en mucho más personas que la cifra que maneja el propio oficialismo actual.

Pero el punto al que deseo referirme no es si los problemas que se citan son o no verificables empíricamente o si se han producido a lo largo de la actual administración, ya que por las características de los que se desean solucionar —de naturaleza estructural— se trata de situaciones que se han generado a lo largo de administraciones anteriores y no se ha avanzado en su solución durante la actual. Lo que debe preocupar y a lo que deseo referirme, es a la forma de financiar el progreso hacia la solución, el camino que se transitará y que tiene un costo indudable en términos de recursos con los que actualmente la administración política no cuenta ni tampoco la que pueda venir los tendrá.

Es importante conocer las necesidades financieras que se tienen ya hoy para llevar adelante la gestión del sector público no financiero —Gobierno Central y BPS básicamente—, que se conforman por la gestión anual más las obligaciones que se deben cubrir por el endeudamiento presente. El sector público no financiero debe cubrir un déficit anual, debido a su gestión propiamente tal —el “resultado primario” de su gestión— que es el exceso de su gasto sobre la recaudación impositiva —la que alcanza al 27% del PIB—. Además, necesita recursos financieros para cubrir los intereses de la deuda que tiene por resultados negativos anteriores y, asimismo, necesita recursos para cubrir el repago de las deudas contraídas en lapsos anteriores que vencen y se deben repagar. El total anual de esos recursos que necesita el sector público no financiero adicionales a la recaudación tributaria anual que logra por la presión impositiva señalada —una recaudación de alrededor de 22.000 millones de dólares—, es del orden de 5.800 millones de dólares.

Lo arriba indicado refleja la necesidad de fondos adicionales a los que se recaudan y que deben ser provistos a través del financiamiento interno y externo, a corto, mediano y largo plazo, con el costo correspondiente por los intereses que se deben pagar y que hoy, por la buena calificación crediticia que conceden a Uruguay las empresas calificadoras de riesgo, se ubica en el entorno de 75 puntos básicos sobre la tasa de interés libre de riesgo, la de las obligaciones financieras del Tesoro de Estados Unidos.

El País

Con estos antecedentes sobre las necesidades habituales de recursos financieros que tiene el sector público no financiero —se excluye al Banco Central—, resulta difícil anticipar cómo, sin modificar al alza la presión impositiva o sin modificar el destino de la actual recaudación por rubros del presupuesto del sector público, se pueden conseguir los fondos para cubrir el financiamiento adicional al más alto déficit fiscal que sobrevendría por encarar la solución de los problemas mencionados. Si el aumento de la presión impositiva es la elección para intentar lograr los objetivos planteados, los prometidos en ocasión de las internas partidarias, es probable que —como desde alguna de las partes se ha insinuado—, se opte por los impuesto directos cuya incidencia en la recaudación ha sido aumentada ya considerablemente con la reforma tributaria de 2007 —desde entonces ha pasado del 25% de la recaudación al 42% en los doce meses a mayo de este año—. Ello volverá a reducir el ahorro disponible de la población para la inversión productiva —sin la correspondencia de una solución para los problemas—, y a afectar al empleo. Se trata de una experiencia que ya se ha vivido en el pasado, dado que la citada reforma no cumplió con lo que hoy se vuelve a plantear como objetivos al cabo de cierto lapso, dada la evidencia de los últimos seis o siete años de una pasada administración. Si el financiamiento fuera con aumento de impuestos indirectos como el IVA, los resultados serían similares y si se optara por el financiamiento con crédito del Banco Central del Uruguay —emisión—, las presiones inflacionarias aumentarían significativamente.

Si a todo lo anterior agregamos el déficit que el Banco Central debe cubrir anualmente procurando fondos de manera aún más creciente que lo que es el actual aumento de fondos, la situación se complicaría más aún con la reacción que más tarde o más temprano tendrán las calificadoras de riesgo que afectaría al alza a la tasa de interés que hoy paga el país.

La conclusión es que será muy difícil cumplir con lo que se ha prometido, y con lo que se seguirá prometiendo en los próximos meses hasta octubre o noviembre. Los recursos necesarios son importantes y al intentar lograrlos optando por alguna de las “soluciones” señaladas es probable que se tenga como consecuencia una menor inversión, una disminución en el empleo o una alta inflación.