OPINIÓN

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En estos días es mucha la controversia entre lo que desea y decide la administración de gobierno y lo que la oposición desearía que se hiciese. Ambas partes procuran —supuestamente—, el mayor bienestar de la población, tanto para el corto como para el largo plazo. No solo en materia económica, educativa, de seguridad pública, de seguridad social y en otras por el estilo, es el enfrentamiento entre la coalición multicolor y la coalición de izquierda.

Un ejemplo del enfrentamiento es por el manejo de la economía y en particular por lo que cada parte cree que debe ser la política fiscal. Si bien existen discrepancias con otras políticas macroeconómicas, es más marcada la diferencia por el uso de los instrumentos de la política fiscal: tributación y gasto público. Mientras la administración actual cree en una política fiscal de menor gasto público y de menor peso de la tributación —de la presión fiscal—, la oposición sostiene su postura de los quince años de su gobierno, de gasto público creciente y de presión fiscal también en aumento para su financiamiento a partir del incremento de los tributos sobre el ingreso y la riqueza, es decir, de los impuestos directos. Una política, la de la oposición, que luego de tres lustros de aplicación y con evidencia empírica abundante, puede juzgarse para ver sus ventajas y consecuencias.

El análisis 

Si solo nos guiamos por la descripción de las posiciones de una y de otra parte, sin ir al análisis de las consecuencias de cada una, la que se presenta más atractiva es la que sostiene la oposición al gobierno. Se supondría que más gasto alcanzaría a más personas y que su financiamiento con impuesto solo gravaría a pocas o, al menos, a un número más pequeño de individuos que no necesitan tanto el dinero. Por el contrario, bajar el gasto y no aumentar impuestos se vería como favoreciendo a muy pocos, los que más tienen, con perjuicio para los que dejarían de ser los beneficiarios de los gastos reducidos.

No obstante esa primera aproximación, si partimos de la evidencia del lapso 2015-2019 veremos que el enfoque de más gasto y más presión impositiva directa perdió vigor primero y se diluyó dibujando un escenario adverso para la actividad productiva y el empleo, en particular para este último, que cayó considerablemente y que fue solo parcialmente compensado por el aumento en el empleo público. En otras palabras, más política fiscal expansiva por el lado del gasto y contractiva por el de los impuestos se agotó rápidamente pese a que se intensificó el empleo de esos instrumentos, particularmente el aumento de la presión tributaria directa.

La actividad económica y la situación financiera del gobierno central que requerían su inmediata mejora al inicio de la nueva administración, se agravaron con la aparición del coronavirus. La actividad se redujo fuertemente ante esa influencia exógena y la recaudación cayó, por lo que se hizo necesario un manejo más eficiente del gasto público para, a partir de los ahorros que se lograban, volcarlos a un fondo con el objetivo de mejorar la situación de numerosas personas golpeadas por la pandemia: subsidios por desempleo, aumentos en beneficios sociales, etc. El gasto no cayó, pero la recaudación sí declinó y el incremento del déficit llevó a un mayor endeudamiento con el exterior, que implica un servicio de deuda presente y futuro que requerirá más recaudación por crecimiento de la actividad.

Si en lugar de aumentar la deuda pública, la sustitución de la disminución de la recaudación se hubiese intentado con nuevos impuestos sobre los ingresos o sobre el patrimonio, el gasto privado en consumo y en inversión habría caído más de lo que bajó y en definitiva, la actividad económica habría declinado por lo que la recaudación habría disminuido aún más de lo que bajó. Se debe agregar que, extraer dinero por tributos para ser gastado por el gobierno central en sueldos, subsidios y otros beneficios por el estilo, no siempre tienen el efecto permanente y multiplicador que tendría la ausencia de esa tributación. En efecto, desde que lo que se recauda por tributos llega a los beneficiarios, cualquiera sea la forma de la distribución, pasa por muchas etapas en las que existen costos de transacción tanto explícitos como implícitos. Y eso tanto desde el punto de vista del propio contribuyente que debe no solo perder lo que aporta, sino, además, por el costo que para él tiene el tiempo que dedica o que encarga para la presentación y pago de los tributos. El efecto multiplicador del gasto público es casi siempre menor al gasto del sector privado y no siempre la transferencia tiene contrapartida para el contribuyente.

La propuesta que no es tan simpática como la anterior ante los ojos de muchos uruguayos, es justamente la que ha permitido rápido retorno a la normalidad en el tercer trimestre y crear condiciones para la continuidad de un crecimiento que, al cabo de 2022, puede ser a una tasa superior a la del promedio de los cinco años anteriores a 2021. Por el lado del gasto público no llevó al déficit que habría tenido y que tendría la otra propuesta y por el lado de la política tributaria permitió generar la expectativa que hoy tiene la inversión privada en el país, con consecuencias favorables sobre el empleo.

Efecto multiplicador sobre la actividad económica mayor del gasto privado que el del gasto público; mayores oportunidades de empleo en el corto plazo; menor déficit fiscal y menor monto de la deuda del gobierno central y mejores perspectivas para la producción en el corto y mediano plazo, son en definitiva, los aspectos más salientes que resultan de la opción fiscal oficial.