OPINIÓN

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Desde 2009 ha habido interés del gobierno chino de concretar un tratado de libre comercio con el Mercosur. No hubo progresos, como no los hubo en la oportunidad con Estados Unidos. Se reiteró el interés chino en 2016, pero tampoco hubo progreso para formalizar un acuerdo que habría sido, como lo sería hoy en el tercer intento que observamos y que entusiasma a la administración nacional, de gran beneficio para los consumidores —aumentaría su bienestar— y productores uruguayos —mejoraría su situación económica—. Reduciría muchas transferencias de ingresos que conscientemente o no se realizan a los productores de la región y al erario chino y aumentaría la eficiencia a la economía nacional.

Son las mencionadas conclusiones lo que tenemos que probar, al menos en la primera etapa de análisis de la propuesta china. Me inclino a concluir que serán, como ha ocurrido en todos los intentos locales y mundiales de liberar el comercio, de gran beneficio para cada país.

El cliente

En pocos años, el crecimiento de las exportaciones a China la han llevado a ser el principal destino de las ventas de exportadores uruguayos. Es, además, el segundo origen de nuestras importaciones, tras las que provienen del vecino mayor del Mercosur. El incremento en la participación china en el comercio exterior de bienes ha ocurrido sin que se hayan perdido ni volúmenes ni valores de exportación y menos aún, de importación. Hubo, en consecuencia, creación de comercio con la nación asiática y no únicamente eventuales desviaciones desde otras naciones. Los gravámenes —aranceles— y tasas que pesan sobre las importaciones desde China —de más de 20% del valor CIF— no se cobran a las provenientes del Mercosur. Si con la desventaja natural del flete y con ese gravamen sobre sus ventas a Uruguay, China es ya casi nuestro mayor proveedor externo y es el principal destino de las exportaciones uruguayas, extremadamente gravadas con altos aranceles las que a pesar de ello logran entrar en el mercado chino, es indudable que apostar a un tratado de libre comercio sería impostergable por su conveniencia. La desidia u otros motivos incomprensibles no deben trancar, como ya ha ocurrido antes, una propuesta que hace doce años se trasmitiera por primera vez al máximo nivel del gobierno uruguayo de entonces.

Consecuencias

Un acuerdo de libre comercio implica que el arancel y otras medidas de efectos equivalentes que gravan a las partes que entran en el acuerdo, vayan progresivamente desapareciendo. Al menor costo de importación que el abatimiento arancelario significa, se adicionarían menores costos que los actuales en las diversas etapas de comercialización de los productos que se importen, y se culminaría con costos y precios más bajos que los que hoy pagan los consumidores uruguayos. El resultado es que su bienestar aumenta: comprarían lo mismo pagando menos. Ya se conocen experiencias de reducciones arancelarias y levantamiento de prohibiciones de importar en general o ciertos productos en particular que favorecieron ampliamente a los consumidores sin castigar a productores locales cuya reconversión les ha resultado, incluso, beneficiosa.

Un tratado de libre comercio con China —que se podría replicar con otras naciones— mejoraría, además, el resultado económico de productores nacionales y el empleo, ya que los altos aranceles que deben pagar los importadores chinos por sus compras de productos uruguayos se irían retirando gradualmente y habría menos obstáculos para aumentar la producción y la venta de productos uruguayos. Estos pasarían a ser relativamente más competitivos ante los que ya tienen la ventaja que ellos recibirían. Los productores locales exportarían más y su bienestar y el de quienes ellos emplean también aumentaría.

Bajan transferencias

La formalización de un tratado de libre comercio —en este caso con China—, se reflejaría, además, en menores transferencias de ingresos de consumidores uruguayos de numerosos productos de la región a los exportadores de los países socios del Mercosur. El citado 20% —como mínimo— de margen de preferencia a esos productores regionales sobre los del resto del mundo y en particular sobre los de China, les protege nominalmente —y mucho más efectivamente, a su valor agregado—, por lo que su abatimiento haría que sus precios bajen para evitar que sus competidores chinos les sustituyan. Hoy esa transferencia que se realiza naturalmente y sin cuestionársela por los consumidores uruguayos, cuando desaparezca por el acuerdo de libre comercio, será considerada razón insuperable para mantener la apertura comercial con el país asiático y se demandará para el comercio con otros países. Como también ocurriría con las transferencias que los exportadores uruguayos realizan al erario público chino al pagar altos aranceles sobre sus exportaciones.

Mayor eficiencia

Un eventual tratado de libre comercio con China aumentaría, además, la eficiencia del funcionamiento de la economía. La eficiencia económica se mide por la combinación que se realiza de factores de producción y de insumos valorada a los precios de esos insumos. La declinación de los precios de numerosos insumos y bienes de producción contribuiría a una mayor eficiencia económica y a una mayor capacidad de competencia de la producción nacional.

Cualquier tratado de libre comercio y en este caso con China, mejora —por las razones señaladas—, el bienestar de los uruguayos, les libera de transferencias injustificadas de ingresos a exportadores de la región y al fisco exterior, y mejora la eficiencia de la economía.