En pleno tránsito hacia la próxima contienda electoral, se delinean aspectos que actuarán como restricciones y también como fuente de políticas ineludibles a ser ejecutadas por la próxima administración.

El punto de partida, a manera de restricción, es el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, que sustancialmente propone disminuir la edad de retiro, igualar todas las prestaciones al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Su significado sociológico es tan importante como la adversidad fiscal que la hace inviable.

Las críticas a la propuesta provienen de un amplio arco de especialistas en la materia, la academia y los think tanks más relevantes, así como la experiencia internacional comparada. También hiere a la cultura de una sociedad que se forjó en el trabajo y que lo considera como un valor supremo. Proponer rebajar la edad de retiro cuando la expectativa de vida se extiende con vitalidad, es un contrasentido ético, pues considera al trabajo como un castigo y no como la explicitación de la faceta de la condición humana de valerse y progresar por sí mismo. Es una suerte de oda a un hedonismo difuso sin un para qué, que en la práctica implica cargarle al segmento activo de la población —los jóvenes— una mochila adicional bajo la forma de más impuestos. Lo mismo ocurre con la propuesta de ponerle mínimos a las prestaciones de la seguridad social, cuando las estadísticas demuestran que los mayores de 65 años tienen los menores índices de pobreza, la que sí está concentrada en los menores de 5 años. Ergo, se propone lo contrario a lo que indicaría un criterio de justicia social. Por último, la eliminación de las AFAP es una forma de expropiación con implicancias legales que derriba un mecanismo que funciona y que tiene como atadura ideológica ir en contra del individuo como persona capaz de integrar su fondo de retiro sin un tope. Impera la idea totalitaria de un Estado omnipotente que sustituye al individuo como decisor final de cómo integra su fondo de retiro, el cual queda expuesto a sus avatares, muchas veces catastróficos.

Si el plebiscito se aprueba, implica un serio problema para cualquier administración, empezando por el descalabro fiscal. Pero más allá del resultado, para la praxis de la política implica que hay un segmento considerable de la población que puede ser seducida con eslóganes marquetineros como la afirmación o conquista de derechos (?) cuando al mismo tiempo se le ocultan las verdaderas implicancias de lo que suscriben. Más aún, es insólito que una propuesta a contrapelo de los preceptos básicos de una sociedad moderna, sea utilizada para fogonear militancia y marcar la cancha en una interna partidaria. Sin dudas, es un derecho vigente en toda sociedad democrática, pero hay límites, pues al final del día arriesga corroer los cimientos de mecanismos que son ejemplo a nivel mundial, manosea la buena fe del ciudadano común escamoteando las consecuencias y viabilidad de la propuesta, sacando del debate la resolución de otros desafíos que sí están conectados con la mejora del bienestar general y que están postergados.

Un tema esquivo y recurrente es el bajo aumento de la productividad global de los factores de producción, hecho que tiene conexión directa con el bajo ritmo de crecimiento potencial de nuestra economía y con la dinámica salarial.

Respecto al tema de la productividad, su potenciamiento se nutre de varias vertientes. Primero, la educación y mejora en la calificación laboral ya está internalizado en el debate cotidiano, en todas las propuestas de gobierno con sus matices respectivos en lo que se persistirá en un tránsito complejo, cargado de resistencias ideológicas o corporativas.

Por otro lado, van haciendo caudal las ineficiencias de nuestro sistema operativo encarnadas para citar algunas en normas administrativas innecesarias, exceso de burocracia que estorba con trámites innecesarios, regulaciones que prohíban prácticas comerciales reñidas con la competencia, proteccionismo encubierto a través de normas sanitarias o certificaciones duplicadas o inverosímiles, sistemas de distribución de bienes y transporte que operan como monopolios de hecho. En suma, ese enorme cúmulo de distorsiones agrega ineficiencias que elevan el costo país, frenan los aumentos de productividad y confundimos como atraso cambiario. No hay política cambiaria ni fiscal que pueda derribar esas barreras que tienen índole estructural. Estamos operando con diseños viejos, superados, que son una polea de transmisión de estancamiento secular. Y para ello hace falta que los partidos las integren necesariamente a su agenda de cambios imprescindibles, algo que, salvo excepciones, todavía consideran con tibieza. Nos debemos una gran reforma microeconómica que abarque tanto la modernización de la gestión estatal como los marcos regulatorios conectados con el sector privado.

Al tema del multifacético atraso cambiario, caben dos comentarios. Cualquier mejora en las condiciones de acceso a un mercado externo equivale a una mejora genuina en el tipo de cambio real que recibe el exportador. Eso obliga a no bajar los brazos para detectar cualquier oportunidad en la materia, en paralelo a seguir bregando por cambios en el corsé que nos impone el Mercosur. Por otro lado, la disminución del rango esperado del nivel inflacionario, algo costo y por tanto sería obtuso perderlo, requiere políticas de ingresos que tomen como pauta inflaciones decrecientes. Por tanto, cautela en las promesas electorales de recuperación salarial real, porque en el periodo que cierra este ha igualado o incluso superado los niveles vigentes en el comienzo de esta administración. En un entorno donde la productividad de la economía estuvo prácticamente estancada, incluido en el factor trabajo. No respetar estos preceptos es perder territorio ganado en materia de baja de la inflación, y conduce a un equilibrio donde el aumento del desempleo y menor crecimiento es su resultado.