ENTREVISTA
En el sistema tradicional de supervisión, no había ningún incentivo político ni operativo de "entrar a un banco" hasta que la situación no fuera realmente terminal.
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Los primeros días de agosto de 2002, mientras corría el feriado bancario y una delegación del gobierno uruguayo en Estados Unidos buscaba los recursos que permitieran salir de la peor crisis financiera de la historia, en Montevideo se ajustaba la normativa que daría sustento a un sistema diferente. “Un conjunto de regulaciones para poder abrir los bancos después del feriado bancario, pero también para empezar a consolidar otras condiciones en la plaza local”, destaca Julio de Brun, en aquel entonces presidente del Banco Central del Uruguay. Asegura que la agenda de cambios quedó instaurada ese año y se implementó hasta 2008. “El gobierno entrante —en 2005— debía ratificarla y continuarla, y así lo hizo”, recuerda. A continuación, un resumen de la entrevista.
—¿En la Ley de Fortalecimiento del Sistema Financiero se puede situar el comienzo de una nueva normativa post crisis?
—Esa ley del 4 de agosto, empezó a mostrar la luz al final del largo camino que aún teníamos por recorrer. Trabajar con corrida bancaria creo que es de las cosas más paralizantes que puede encontrarse alguien con responsabilidades en materia de política económica.
—Porque no hay escenarios a la vista...
—No hay futuro. El día parece que se terminaba a las 18:00, con el dato de cómo cerró el sistema financiero. A partir de eso, pensar en si los bancos iban a abrir o no al día siguiente. No solo por los retiros de cada institución, sino también los saldos de las instituciones en problemas con el Banco Central. Ahí el directorio tenía que tomar la decisión sobre si cubría ese déficit. Y así, día a día.
—A la vuelta del feriado bancario, no alcanzaba con las buenas noticias que pudieran llegar desde la negociación en Estados Unidos…
—No. La ley de agosto, sumada a las demás medidas de suspensión de algunos bancos y todo el análisis que hizo el BCU del sistema, más el apoyo que los bancos internacionales hicieron sobre sus sucursales locales, nos permitió, en definitiva, "separar los bancos malos de los buenos". El mensaje que tenía que dar el Central a la vuelta del feriado era que el banco abierto era un banco que podía funcionar. El público iba a testear. El gerente de operaciones del Banco Central, Ariel Fernández, hacía una proyección pasiva de reservas internacionales. Y al 5 de agosto, el default llegaba a comienzos de septiembre, si nos iba mal. Ahí se nos acababan las reservas. ¡Pero para mí eso ya era un montón!
—Se ganaba tiempo…
—Claramente. Hubo una fecha que durante mucho tiempo parecía insalvable, que era un abultado vencimiento de un bono previsional en febrero. Lamentablemente llegamos al vencimiento sin todavía acordar con el Fondo sobre la reestructura de la deuda. Pero ese bono se pagó y quedamos muy menguados de reservas internacionales. Con el lanzamiento de la operación de canje, desembolsos del Fondo mediante, que también dispararon desembolsos del BID y el Banco Mundial, realmente se empezó a estabilizar la situación en materia de reservas. El sistema bancario, afortunadamente, después de la corrida de enero se tranquilizó. Uruguay fue otro.
—Para octubre de 2002, los depósitos habían comenzado a recuperarse.
—Algo, sí, pero era una calma que no daba mucha seguridad. Faltaba algo, se notaba que hay un problema con la deuda. Había tensión, estábamos en una negociación reservada con el Fondo sobre cómo proceder y en enero de 2003 ese nerviosismo termina estallando con una corrida corta pero muy intensa.
—Fue la primera oportunidad para poner a prueba los mecanismos definidos en la ley de bancos de agosto 2002...
—Y funcionaron. Gracias a eso la corrida fue corta, Eso sí, las reservas quedaron muy menguadas, sumado al vencimiento del bono previsional que comentaba antes, llegamos al acuerdo con el Fondo por la deuda, con el agua al cuello.
Uno de los problemas que había tenido el programa previo con el Fondo Monetario, en mayo 2022, era que el fondo de apoyo al sistema bancario diseñado en ese momento, incorporaba ese dinero a las reservas internacionales, las que además había que publicar diariamente. En un contexto de corrida bancaria, eso era como trasmitirla en directo. Lo que hicimos en la ley de agosto fue sacar ese fondo de estabilización de las reservas internacionales y aislar la protección de los depósitos de esa información diaria con la que abrían los informativos cada tarde. Esa medida fue clave para dar una sensación de fortaleza al público, de que una cosa era los bancos y otra distinta la situación de pagos del país a través de las reservas internacionales.
—Antes de esa corrida de enero, en diciembre de 2002 llega otra ley para reforzar la salida...
—Había quedado pendiente la solución para los bancos suspendidos, el Comercial, Montevideo, Caja Obrera y Banco de Crédito. La postura inicial del Fondo era la liquidación. De hecho, la carta de intención, que se elaboró en los dos idiomas, en inglés decía "resolution", o sea "liquidación". Con Davrieux y Alfie, al momento de negociar la carta, cambiamos el término en español. Quitamos "liquidación" y pusimos "resolución". Un concepto mucho más ambiguo. No queríamos la liquidación, tratábamos que los activos de los bancos mantuvieran su valor en el marco de la suspensión de actividades. Se comenzó el análisis de la viabilidad de una nueva entidad bancaria, llegando a la conclusión de que la única entidad viable era una entidad con cartera seleccionada a partir del Comercial, Montevideo y Caja Obrera. El Banco de Crédito había que tratarlo aparte y fue a liquidación en marzo 2003.
También se determina la capacidad del BCU de sancionar a entidades estatales, porque no podemos olvidarnos la situación que atravesaban el BHU y el BROU.
—En ese contexto es que se diseña un esquema que permitiera la salida de los tres bancos privados con problemas...
—Primero se introduce un mecanismo de cómo disolver las entidades en liquidación, a través de la creación de fondos de inversión, se autorizaba a la CND para crear una sociedad que sería el nuevo Banco Comercial. Tanto la liquidación previa como la creación de los fondos y la subasta de los activos, tenían el efecto de establecer una triple barrera desde el punto de vista jurídico sobre todas las contingencias que pudieran tener estos bancos. Esa ley fue muy importante porque permitió una liquidación ordenada de estas entidades.
También se crea en esa ley la el seguro de depósitos, que queda sin reglamentar hasta el año 2005, ya con el gobierno del Frente Amplio. Luego de la reforma de la Carta Orgánica de 2008, se separa del Banco Central y es lo que conocemos como COPAB.
—Poco a poco, fueron instrumentándose otra serie de medidas incluidas en aquellas leyes de 2002…
—Se le fue otorgando mayores facultades al Banco Central a incidir en el traspaso de propiedad de bancos y en la elección de directores de las entidades bancarias, un paso previo para la regulación del BCU del gobierno corporativo de las entidades bancarias. Hasta el momento, era una regulación centrada en mirar los balances de los bancos, y pasamos a incorporar, entre otras cosas, el análisis de riesgo de las entidades bancarias, imponiendo mecanismos de disciplina de mercado. El camino de los cambios regulatorios quedó marcado desde 2002, 2003, y se fue implementando hasta 2008.
—¿Cómo respondieron los bancos ante las nuevas reglas de juego?
—En líneas generales —lo viví primero en el BCU y luego en la Asociación de Bancos— para los bancos locales significaba trasladar a Uruguay mucha normativa que en algunos casos ya existía en otros países, sobre todo en las previsiones anticíclicas. Para los bancos internacionales, lo que hacía Uruguay no era demasiado novedoso. Creo que Uruguay en algunas cosas se adelantó a muchas normas que se introdujeron después de la crisis de 2008 en el mundo, como el nivel de apalancamiento de las entidades bancarias.—Hay nuevos conceptos en el enfoque de riesgos que resultaron un cambio muy grande para las instituciones, a la hora de clasificar y previsionar los riesgos crediticios…
—Lo que se hace es que ir pasando de un sistema de previsiones basado en la ocurrencia de eventos a un sistema de previsiones que se adapte al ciclo económico. En lugar de constituir el grueso de las previsiones, en el momento en que los créditos se castigan, la idea es que se empiecen a generar previsiones en el mismo momento en que se otorgan los créditos en base a ciertas consideraciones de estadísticas y de análisis de los deudores. Y se genera un fondo de provisiones contra el cual después se hacen los descargos, cuando se producen efectivamente las pérdidas. Se trata de atenuar el ciclo, y en ese análisis lo que se introduce es el análisis de riesgo de monedas. O sea, más que forzar una dolarización de la economía al estilo argentino, lo que se hizo en Uruguay fue tratar de que la dolarización fuera por incentivos y justamente, dentro de esos incentivos, estaba el análisis de riesgo de carteras cuando había descalce de monedas de parte del deudor.
—El gobierno que asumió en 2005, ¿continuó los mismos objetivos?
—La crisis nos obligó a armar una agenda en el Central, empoderada en la propia gerencia de la entidad, más allá del directorio de turno. Se procuró que cada área dejara sentada una agenda de transformaciones en materia regulatoria a largo plazo. Para las nuevas autoridades había una agenda sobre la mesa que obviamente ellas debían ratificar y lo ratificaron. La transición con Walter Cancela en el Banco Central fue positiva en esos términos.
—A partir de allí usted pasa a la Asociación de Bancos. ¿Cambia la visión "desde el otro lado"?
—De alguna manera, estar del otro lado, pero habiendo participado también del proceso de transformación dentro del Central, me ayudaba a explicarle a la gerencia de las instituciones bancarias de dónde salían las cosas que el BCU promovía. Traté de jugar el rol de que ese proceso de reformas también tuviera compañía, digamos, por parte de los de los bancos privados.
El seguro de depósitos fue quizás una de las cosas que tuvo más resistencia, porque siempre fue difícil convencer a los bancos activos internacionales y al propio Banco República, que tenía el respaldo del Estado, de tener un costo en su balance por un seguro que en el caso de los bancos activos internacionalmente, estaba el respaldo de la casa matriz y en el caso del República era el respaldo del Estado, con lo cual en ese momento veían que el destinatario del seguro de depósitos era Cofac, una institución que ya venía con problemas serios.
—Les costaba asumir un costo que, de hecho, les permitiría actuar preventivamente en caso de problemas...
—Es que en el sistema tradicional de supervisión que tenía Uruguay, prácticamente no había ningún incentivo, ni ningún deseo, político ni operativo, de entrar a un banco hasta que la situación no fuera realmente terminal. En cambio, habiendo un capital que se podía utilizar para rescatar a los depositantes, sobre todo a los depositantes pequeños, uno podía intervenir una entidad bancaria cuando todavía esta tenía patrimonio positivo y por lo tanto, en un evento de liquidación quedaba algo para para darle a sus acreedores. Creo que la discusión se zanjó con la crisis de 2008-2009, donde todos se dieron cuenta de que nadie está a salvo de una situación así.