OPINIÒN

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En este mundo postpandemia, una de sus constantes es el desconcierto reinante entre analistas y gobiernos de cómo diagnosticar el presente y actuar en consecuencia, con el objetivo de recuperar una senda de crecimiento estable.

Las aguas en el mundo desarrollado se dividen entre quienes predicen el advenimiento de una etapa de estancamiento con inflación (stagflation) similar a la de la década del ´70, si no se actúa rápidamente revirtiendo la expansión monetaria extraordinaria de la última década. Y los otros, que entienden que es prematuro hacerlo ante el riesgo de truncar los indicios de recuperación económica y aumento del empleo recientes.

Esos dos campos delimitan a su vez otras políticas, como la expansión fiscal extraordinaria de la administración Biden, cuyo tratamiento viene progresando en el Congreso. Más allá de si el proyecto es aprobado o no, es un elemento que muestra otra faz de la incertidumbre en materia de cuál es la mejor política económica para salir del paso.

Europa se encuentra en un tránsito similar con paquetes de ayuda extraordinarios a países en dificultades para financiarse, como España e Italia, y cierto abandono de la austeridad fiscal en Alemania como otro dato relevante. De tanto en tanto aparecen, en algunos de los miembros de la Unión Europea, impulsos inflacionarios inesperados que dan argumentos para quienes proponen volver a la astringencia monetaria, pero que rápidamente son neutralizados por los temores de continuar con escaso crecimiento y alto desempleo.

En tanto China, enfrentan una crisis en su sector inmobiliario como signo de los excesos en la expansión del crédito doméstico hacia ese sector así como el cambio de su paradigma de crecimiento basado en la inversión en infraestructura por uno más enfocado en la expansión de actividades, que se sustenta en la economía del conocimiento y la innovación tecnológica.

Si la historia sirve como fuente de enseñanza, podría decirse que lo que se montó en más de una década, al tomar como punto de partida la crisis del 2008, no puede revertirse en pocos años a menos de arriesgar una contracción global de magnitud enorme. Los desvíos de los ´70 fruto de la expansión fiscal de la administración Johnson y el financiamiento de la guerra de Vietnam fueron muchos menores que los actuales. Revertirlos rápidamente implicó una fuerte contracción monetaria que tuvo consecuencias sobre el resto del mundo, entre ellas detonar la crisis de endeudamiento de América Latina.

Hoy los desvíos son mayores, hay más actores involucrados, y la presencia de uno nuevo (China) que actúa por cuerda separada. En un mundo tan interdependiente, con tanto bagaje de experiencia acumulada, el escenario más probable es una salida acompasada y paulatina, a pesar de las tensiones y rivalidades imperantes.

Dicho esto, no será un camino fácil y sin sobresaltos. Habrá traspiés y episodios de crisis esporádicos a cuenta de lo que se evitó, que pudo ser mucho peor.

En este escenario, América Latina se encuentra en un atolladero con aristas varias. Lo que mostró esta última década y media es una chino-dependencia creciente, principalmente para los exportadores de materias primas y alimentos. Que debe ser tomado positivamente, pues qué habría sido de estos países sin el arrastre de la demanda desde el coloso asiático y su aporte de bienes industrializados a bajo precio que mejoraron la calidad de vida, principalmente de los sectores de ingresos bajos.

En ese ínterin, el mundo occidental mostró una actitud prescindente sobre el destino del continente en formatos varios. Nunca intentó integrarlos más profundamente a su esfera comercial, siendo uno de sus ejemplos más patentes el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE que insumió dos décadas negociarlo y que luego fue rechazado explícitamente por países como Francia.

La otra faceta son escenarios con brechas fiscales importantes difíciles de reducir y tasas de crecimiento económico bajo junto a alto desempleo. Aquí está el nudo gordiano que enfrentan la mayoría de las administraciones de la región y que se ha convertido en una de sus constantes históricas.

Lo mejor que se puede decir es que la mayoría de los países han logrado no traspasar límites que los pongan en situaciones de default y alta inflación, que acentúan las penurias del bajo crecimiento y aumento de la pobreza.
Uruguay también navega esas aguas, tratando de achicar una brecha fiscal que se financia mayoritariamente con endeudamiento externo. Una de sus consecuencias es la apreciación del tipo cambio real de equilibrio, ante la sobre oferta de dólares motivada por el financiamiento de la brecha fiscal.

En otras palabras, el tipo de cambio de equilibrio está más apreciado respecto al de una situación sin déficit fiscal. Así lo demostró con detalle en su columna reciente Javier de Haedo.

Eso limita la efectividad del BCU para cumplir su objetivo antiinflacionario, pues la experiencia enseña que en un entorno de alta dolarización, la modificación de la tasa de interés de referencia tiene escaso efecto sobre los precios; incentiva el carry trade, reforzando la apreciación del tipo de cambio real y desestimulando la exportación de bienes y servicios.

Aquí está centrado uno de los desafíos principales de la conducción económica, que se resuelve achicando la brecha fiscal y generando condiciones para potenciar el crecimiento.