OPINIÓN

Para poder analizar los desafíos que enfrentará el próximo gobierno argentino, hay que imaginar primero cuáles serán las condiciones iniciales. El escenario más probable es uno parecido al actual: alta inflación, distorsiones de precios relativos (las más notorias, atraso del tipo de cambio oficial y de las tarifas), múltiples controles, elevada pobreza. A esa lista de problemas, probablemente, se sume una recesión moderada.

Una primera decisión es si las distorsiones macro se deben resolver de golpe o en forma gradual. Más allá de las ventajas y desventajas de cada uno, en el campo fiscal, el gradualismo requiere financiamiento si se quiere bajar la inflación de golpe. A diferencia de 2016, cuando estaba la opción de normalizar la deuda en default y acceder al crédito internacional, hoy esa opción no está disponible.

En un contexto donde hay dudas importantes acerca de la capacidad del gobierno de poder lograr el rollover del capital que vence, parece casi imposible lograr financiar intereses o déficit primario con crédito externo.

Los abultados vencimientos de deuda local tampoco parecen dejar mucho espacio para lograr sumas importantes en ese mercado. Además, si se normaliza el acceso al mercado de cambios, habrá que lidiar también con la normalización del overhang monetario. Con las entidades financieras cargadas de Leliq y títulos públicos no parece haber mucho espacio para lograr financiamiento adicional de los depositantes.

En resumen, si se opta por el gradualismo fiscal, la baja de la inflación será también gradual porque será necesario utilizar el impuesto inflacionario para cerrar las cuentas.

La experiencia internacional de los últimos 40 años permite ver que ha habido alrededor de 180 casos de mejoras en el balance fiscal primario de 4% del PIB o más y donde el 75% o más de la mejora fiscal, fue lograda mediante una reducción del gasto público. Hay evidencia de países desarrollados y en desarrollo. En algunos casos, la reducción del peso del Estado en la economía se logró por un aumento del PIB, pero en muchos otros, por una reducción del gasto medido a precios constantes, combinado con un aumento en la actividad económica.

Timing de las reformas

Otro punto relevante a decidir es si las reformas estructurales deben postergarse hasta que la macro se haya estabilizado. La ventaja de postergar parece estar asociada a dos elementos: se evita una superposición de conflictos en el corto plazo, al tiempo que se reconoce que es mejor debatir las reformas y lograr más adhesiones.

En el diseño de un programa de estabilización es crucial que la política monetaria y fiscal sean consistentes con la meta de inflación que se desee alcanzar y, además, se requiere un ancla nominal, que en la Argentina ha sido habitualmente el tipo de cambio.

Si se demoran las correcciones cambiarias y de tarifas, el programa estará expuesto a shocks y problemas de credibilidad. Un ancla cambiaria es poco creíble si hay atraso cambiario y pocas reservas en el BCRA. Y los aumentos de tarifas frecuentes generan ruido en los índices de precios. No es casual que en algunos de los programas de estabilización se resuelvan primero las distorsiones de precios relativos antes de lanzar formalmente el programa.

No parece ese el mejor contexto para discutir reformas estructurales porque tales correcciones de precios relativos aumentarán la inflación en el corto plazo. Sin embargo, Argentina presenta algunas características que sugieren que es muy importante lograr avanzar en algunas de esas reformas durante los primeros meses de gestión del nuevo gobierno.

Generar credibilidad a partir del mero anuncio de un programa de estabilización no es fácil para un país que ha abusado de los defaults y del impuesto inflacionario y que, además, se enamora frecuentemente de políticas anti crecimiento, a través de la adicción a una economía cerrada con un importante sesgo antiexportador, de una regulación laboral anti empleo, de controles y cuotas sobre innumerables transacciones, del abuso de impuestos muy distorsivos y poco visibles y, más recientemente, de un desprecio por la gestión profesional de las políticas públicas. Además, algunas de las reformas estructurales son necesarias para ayudar a garantizar la solvencia del Estado a mediano plazo (previsional, reforma del empleo público, empresas públicas).

Más aún, los gobiernos parecen expuestos a perder apoyo popular a los pocos meses de iniciada la gestión. Pero si ese es el caso, postergar las reformas sólo aumentará la chance de que puedan ser bloqueadas por los grupos de presión que hoy se benefician de su ausencia. En resumen, no parece haber mejor opción que encarar con decisión un programa macroeconómico contundente y de impulsar al mismo tiempo reformas estructurales que mejoren las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo.

(*) Economista Jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas).