El gobierno cumplió por cuarto año consecutivo con los tres pilares de la regla fiscal. Si bien el déficit primario observado cerró una décima por encima de lo previsto, el déficit primario estructural se ubicó en 0,3% del PIB, en línea con la meta fijada en la última rendición de cuentas.

En 2019 había consenso en que era necesario consolidar las cuentas públicas y converger a un resultado fiscal consistente con una trayectoria estable de la deuda pública. El gobierno tuvo éxito en reducir el déficit y más importante aún, implementó una regla fiscal que “ordenó” la discusión y reformó la seguridad social para contener el incremento futuro del gasto en pasividades. El riesgo país se redujo unos 80 puntos básicos desde 2019 y no hay duda de que ello responde a una combinación de los tres factores antes mencionados.

Sin embargo, y tal como argumenté hace unos meses, lo preocupante no es (era) el déficit observado sino la evolución esperada para los próximos años. ¿Por qué el escenario fiscal continúa siendo desafiante?

En primer lugar, el objetivo de la regla fiscal es garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y si bien esta se ha mantenido estable en los últimos dos años, ello se debe en buena medida a que el peso uruguayo se ha apreciado y ello “infla” el PIB en dólares. Existe cierto consenso en que, para garantizar su sostenibilidad, el resultado fiscal primario debe ser superavitario en 0,5% del PIB y el previsto para 2024 es deficitario en 0,5%, por lo que necesariamente habrá que continuar reduciéndolo.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la reducción del déficit estructural entre 2019 y 2023 (1,8 p.p.) se debió principalmente al incremento de los ingresos estructurales respecto al PIB (1,3 p.p.). Probablemente, ello se deba al incremento en la recaudación de IVA, que aumento 0,9 p.p. respecto al PIB en los últimos cuatro años. Sin embargo, considerando que no hubo cambios tributarios significativos en el período (IVA habría incrementado la recaudación en 0,1% del PIB y IASS e IRPF la habrían reducido en 0,3%), esta dinámica probablemente refleje cambios en la composición del consumo hacia bienes y servicios más “intensivos” en impuestos (ej. automóviles). Es complejo determinar si se trata de un cambio permanente, motivado por la pandemia, o transitorio, derivado de cambios en los precios relativos, pero una reversión, incluso parcial, de este fenómeno reducirá los ingresos estructurales.

Por otro lado, el resultado estructural podría deteriorase en alguna décima si la inflación cierra el año en 5%. A diferencia de los ingresos, que en términos reales no suelen variar con la inflación, una parte relevante del gasto público es rígida en términos nominales. Por ejemplo, el aumento real en las pasividades será de 2,6% si la inflación cierra en 6% o de 3,6% si cierra en 5%. Si bien esta dinámica ya ocurrió en 2023, ello fue compensado por una variación menor a la prevista en partidas en donde se cuenta con cierta discrecionalidad (algunos gastos no personales, transferencias e inversiones). El margen para repetir esta dinámica en 2024 será bastante más limitado.

Por último, el resultado fiscal primario necesario para estabilizar la deuda depende, entre otras cosas, del crecimiento potencial de la economía y de la tasa de interés. Si bien el crecimiento fue estimado en 2,8% por el Comité de Expertos, hace una década que Uruguay crece en promedio entre 1,2% y 1,5%. Por su parte, no está claro que tan persistente será el escenario actual de tasas de interés más altas (200 puntos básicos más que en 2019 y 50 puntos más que hace un año). Si se configura un escenario de menor crecimiento o mayor tasa de interés, el esfuerzo fiscal debería ser mayor.

En el corto plazo, el principal desafío será el de cumplir con la regla fiscal por quinto año consecutivo, algo que probablemente requiera como condición necesaria que la inflación termine el año más cerca de 6% que de 5%. Sin perjuicio de ello, incluso cumpliendo con las metas fijadas para 2024, el próximo gobierno deberá continuar reduciendo el déficit fiscal, en torno a una décima del PIB adicional.

En este contexto, si bien la última rendición de cuentas proyectaba una mejora de los ingresos de 0,3% del PIB para 2025, ello es improbable sin un aumento en la presión fiscal.La reducción del déficit fiscal deberá surgir de incrementos del gasto real inferiores al tope fijado por la regla, por lo que las prioridades del presupuesto del próximo gobierno deberían financiarse mediante la reasignación de recursos existentes.

Por último, para no erosionar la credibilidad de la institucionalidad fiscal generada, es necesario avanzar en la determinación del resultado fiscal estructural consistente con una trayectoria estable de la deuda (“la meta”), trazar una trayectoria factible para alcanzarlo (“las proyecciones”) y que los eventuales desvíos sean debidamente fundamentados.