OPINIÓN

Se vienen meses incómodos para el gobierno, una especie de cono de sombra, del que lo único que se espera es una pronta salida. ¿Terminará con un condicionamiento a la estrategia y acciones futuras?, no lo sabemos.

En los capítulos de la LUC incluidos en los 135 artículos cuestionados no se juegan aspectos críticos en contenidos económicos, pero si en otros ámbitos (seguridad, educación) (1). Daños a la economía puede haber y serán acotados, según las señales y el manejo del Gobierno en los distintos escenarios.

El que avisa no traiciona

El Cr. Saúl Feldman, famoso por mantener un arsenal ilegal de 900 armas y que mató cobardemente a un joven policía, sostenía, como filosofía “el que avisa no traiciona”. Tampoco es válida la contraria, de hecho, son formas de terrorismo verbal, que sirven para manipular incautos.

Estos días está en discusión la promesa del Presidente de no aumentar tarifas, no necesariamente engañosa, pero que le trajo un “dolor de cabeza”. Lejos de creer que fue un error sustancial y que haya faltado a la verdad, es su convicción. El error se cometió luego, por lo que entendemos fue un mal asesoramiento. El Gobierno podía absorber por un tiempo más los incrementos de la paramétrica de los combustibles y de hecho se podía haber evitado exponerlo a esta contradicción.

¿Se equivocó el Presidente? Aun en el caso de que efectivamente hay sido un error, el fallo se habría cometido hoy, con las cartas vistas y dado el margen que tenía para accionar, mayor al que le hicieron creer. No es la primera vez que el primer mandatario ha tenido un mal asesoramiento, en otros casos lo advirtió a tiempo y tomó medidas correctivas, pero este no fue el caso. El haber cedido a la presión de aumentar nuevamente las tarifas, sin mejorar la regulación del mercado, tuvo su precio.

La Economía en la LUC

Algunos capítulos de los 135 artículos, objeto de controversia, incluyen en el ámbito de la economía una regla fiscal, la libertad financiera, el papel de entes reguladores y la participación privada en acciones de entes públicos.

Quizás la regla fiscal sea la que pueda tener mayor impacto y genere mayor duda y controversia. Algunos colegas han ido lejos, sosteniendo que la propuesta es modesta. Otros colegas, en línea con esa ortodoxia, han sostenido que el Presidente no debió, por ejemplo, comprometer opinión sobre tarifas públicas en campaña y comentarios por el estilo, referidos a la cuestión fiscal (2).

Entendemos no aplica es este caso: 1o) como ya expresamos antes, no tenemos duda que el aumento fue resultado de un mal asesoramiento, 2º) el Presidente tiene derecho de comprometer opinión en un tema crítico para no usar tarifas con discrecionalidad para tapar agujeros, que es usual, 3º) el sector de combustibles debía ser revisado a fondo de todos modos, 4º) la Ursea debió jugar un papel que no fue tal y tiene “asuntos pendientes” para encauzar un mercado muy distorsionado, crítico para nuestra competitividad, 5º) sobrevive una “tara histórica” de muchos jerarcas que se resisten a abandonar “el gran biberón de leche materna” que constituyen las tarifas para alivianar déficits públicos y tapar agujeros, 6º) el Presidente logró que la ciudadanía compartiera su temperamento y seguimos creyendo, a pesar de todos los escépticos, que se puede encauzar esta enorme distorsión que tiene de rehenes a los usuarios y lo más importante terminar con el abuso de las tarifas en un marco de fallas regulatorias, 7º) el error, si lo hubo, fue justamente haberse dejado convencer de que aumentar los combustibles, una vez más y dado el contexto, era una gran idea, cuando se podría haber financiado con otros componentes, no dando una señal equívoca, 8º) el Presidentre Lacalle, como titular del Poder Ejecutivo, hasta ahora, ha cometido menos errores que otros jerarcas, y este caso no es la excepción (3).

Por otra parte, como señalamos en la columna pasada, el ajuste fiscal no es un instrumento de cambio estructural, ni debe ser la consigna del Gobierno. La LUC, cabe remarcar, en el área económica no introdujo cambios sustantivos en materia económica, que resuelvan los desafíos globales que el País tiene por delante en términos de competitividad y déficits estructurales (4). En cualquier caso, tampoco se resolverán por la mera confirmación o no de esta Ley.

Pegar en la herradura

Las concesiones en el ámbito portuario son un buen ejemplo de lo mal que el Estado puede manejar un negocio con privados, no guardando todos los recaudos, no cubriéndose razonablemente de todos los riesgos involucrados, no incorporando las garantías necesarias, etc. Hay instrumentos que sin ser perfectos son más acabados que nuestros modos tradicionales.

De hecho, instrumentos como las APP o PPP han sido denostados por los ex Ministros Rossi y Heber con igual énfasis y los resultados están a la vista. El Puerto mantiene sus propios mecanismos y ha rechazado otros más estandarizados, mundialmente reconocidos y rigurosos.

De acuerdo a las protocolos y garantías que el mundo exige hoy, se han desarrollado distintas modalidades de APP, quizás más costosas, “en teoría”, quizás lleven un poco más de tiempo, puede ser, pero nos evitan las desprolijidades que cometió el Frente Amplio y que no se salvaron con el acuerdo con Katoen Natie. Las modalidades tradicionales a las que apela ANP generan otros problemas y vulnerabilidades, que cuestan caro.

Más allá de formalidades, el Estado cumplió un papel accesorio con las unidades reguladoras y los gobiernos siguen usando la fijación de tarifas como instrumento para satisfacer sus deseos, “más sublimes y más perversos” (diría Les Luthiers) y en el caso del Puerto es una de las monedas de cambio para opacos acuerdos con privados.

En 1995, la Ley de Presupuesto evitó incluir 5 artículos claves, sugeridos por expertos internacionales para comenzar a corregir ineficiencia y evitar la concurrencia de intereses impropios en el ámbito de las empresas públicas; al tiempo se crearon sin embargo Unidades Reguladoras formales con todos los costos que implican desde el punto de vista institucional, pero sin los grandes beneficios para los que usualmente se las crea, conviviendo con el autoengaño de un liderazgo que no tenían y mercados que en los hechos no regulaban; luego, la creación de un Marco Regulatorio Eléctrico que generó eficiencias técnicas, pero sin cambiar la esencia de la discrecionalidad en la fijación de tarifas y con poco apego real a la defensa de los intereses de los usuarios. Finalmente en los últimos años el FA trató de transparentar lo que era un hecho, Unidades Reguladoras que se había dibujado con sofisticados cambios normativos pero con carencias en sus funciones. El poder estaba en el sector corporativo de las empresas públicas y el acuerdo y visto bueno de Gobiernos que era abiertamente menos afín a los principios base para lo que estas entidades reguladoras son creadas. Mientras no exista acuerdo político para la incidencia real de estas Unidades van a seguir siendo figuras más o menos decorativas.

El país, nuestro Presidente y el gobierno de coalición merecen otro asesoramiento para encauzar estos indecentes embrollos. Es hora de corregir para los que vienen, ya estamos grandes.

1) En todo caso la Ley contiene algunos capítulos dentro de esos 135 artículos cuestionados que han sido los que más reacción generaron, porque afectan el statu-quo, generando reacción de la oposición y de grupos corporativos.
2) Sentencias del tipo “hay promesas que en campaña electoral no se pueden hacer”, “espero lo hayan aprendido esta vez”, son lugares comunes que no compartimos para el caso concreto, pero que en otras situaciones seguramente podríamos compartir.
3) Incluyendo el Ministerio de Industria, la OPP, el Directorio de URSEA; excluimos parcialmente al Directorio de ANCAP que marcó sus discrepancias.
4) Se operan cambios positivos, pero de menor cuantía en lo que hace a la gestión administrativa y de recursos, probablemente esta amplitud de focos le hizo perder energía, tiempo y acumular resistencias innecesarias, todo lo cual es a esta altura incomprobable.