Por Grant Thornton (*)
El pasado miércoles 15 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una presentación en la que se divulgó los datos del resultado fiscal del sector público y se presentaron las perspectivas macroeconómicas para el 2023. El gobierno cumplió su meta fiscal por tercer año consecutivo, el déficit de las cuentas públicas cerró 2022 en 3,2% del PIB, lo cual significó una mejora de casi 1% respecto al cierre del año anterior.

Si bien el resultado del Sector Publico Global presentó una mejora relevante respecto al año 2021, debemos analizar cómo se comportaron las cuentas públicas con respecto a los compromisos establecidos, y para ello debemos analizar el desempeño fiscal con respecto a la nueva regla fiscal sobre la cual el gobierno basa su política fiscal. La nueva regla fiscal fue establecida en la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el objetivo de garantizar la credibilidad del compromiso con la disciplina fiscal.

En concreto, la nueva regla establece tres pilares indicativos de topes para el gasto y endeudamiento. El primero es tiene que ver con el resultado fiscal estructural, que implica un objetivo de resultado fiscal, pero ajustándolo por las fluctuaciones del ciclo económico y por ajustes extraordinarios que se dan por única vez. El segundo pilar refiere al tope de gasto, en este sentido se fija un objetivo de crecimiento real del gasto primario que debe guardar relación con el crecimiento potencial (crecimiento de largo plazo) estimado de la economía (PIB real). Y por último, el tercer pilar, que establece un tope de endeudamiento, es decir un nivel máximo legal al cual el gobierno puede endeudarse.

En este sentido, para analizar el desempeño que tuvo la política fiscal en el año 2022 es necesario evaluarlo en términos de estos tres pilares. Con respecto al primer pilar, Grafico 1, el gobierno tuvo un resultado fiscal estructural en 2022 del 2,4% del PIB, que se estima a partir del resultado fiscal (-3,0%) - únicamente del gobierno central–BPS sin considerar empresas públicas, BSE e Intendencias, ver Tabla 1 - corregido por eventos extraordinarios - como fue el Covid-19- (0,4%), y corregido por el ciclo económico (0,4%). El objetivo que se establecía en la Rendición de Cuentas del 2021 había sido de 2,6% del PIB con lo cual se da el cumplimento de este pilar. En relación con el segundo pilar, Grafico 2, el gobierno se proponía un el crecimiento del gasto no debería ser superior al del crecimiento potencial del 2,1%, y el gasto en 2022 cayó un 0,5% respecto a 2021, con lo cual también se cumplió con el objetivo de este pilar. Es importante precisar que esta caída en el gasto se debe principalmente a la caída que ocurrió por los menores gastos por el Covid-19. Sin embargo, si excluimos a estos gastos, el gasto aumentó 3,6% en 2022 respecto al año anterior, también por debajo del top establecido. Por último, el tercer pilar fijaba un límite de endeudamiento de 2.100 millones de dólares; y el endeudamiento neto en el 2022 fue de 1.813 millones de dólares, Grafico 3. Por lo tanto, se cumplió también el objetivo del tercer pilar de la regla fiscal.

El gobierno seguirá poniendo énfasis en el cuidado de sus cuentas públicas. El MEF proyecta para el 2023 un déficit fiscal del 2,7%. Si bien existe todavía lugar para que ocurran mejoras en las cuentas públicas los objetivos fiscales siguen siendo muy desafiantes. Implicaría una mejora de 0,7% del PIB respecto al valor del 2022, que vimos se ubicó en 3,4% del PIB.

En términos de gastos, para este año se espera que los gastos asociados al Fondo de COVID vuelvan a disminuir y contribuyan a la mejora del resultado fiscal.

Sin embargo, por otro lado se esperan aumentos en los egresos por las remuneraciones, como consecuencia de un aumento del salario real. Que según la presentación del miércoles la recuperación salarial esta “en marcha” y “se consolidará en los próximos años”.

En este mismo sentido los gastos de funcionamiento, las transferencias y las inversiones tuvieron subas importantes en el último trimestre del año, que se mantendrían este año.

Mientras que en términos de ingresos, se han hablado de recortes en IRPF e IASS, lo que implicaría en una menor recaudación por parte del gobierno pero aún no se conoce la magnitud de los recortes.

Los egresos, también se verían incrementados por las transferencias para mitigar el impacto de la seca en los productores rurales.

Con todos estos factores apuntando por un lado a mayores gastos y por otro a menores ingresos, el cumplimiento de las metas respecto a la evolución del déficit dependerá en buena medida de lo que suceda con la recaudación. En este sentido, en diciembre se observó una caída en la recaudación interanual, deteniéndose la tendencia expansiva iniciada en 2021. En este contexto, el crecimiento de la actividad económica y la recuperación del consumo en 2023 – que podría darse como consecuencia del aumento en el salario real-, indicarían que sucederá este incremento. Sin embrago este incremento en los ingresos de la DGI, serán de menor magnitud al incremento que vimos en el 2022. Es por esto por lo que serán necesarios también algunos ajustes estructurales para alcanzar el sendero de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Algunas de estas reformas fueron también mencionadas en la presentación del miércoles: reforma de la seguridad social, transformación educativa, profundización de la inserción internacional.

El cumplimiento de las metas ficales es de suma relevancia, puesto que permite dotar de sostenibilidad a las finanzas públicas a efectos de evitar una suba de impuestos a la ciudadanía para afrontar gastos fiscales no contemplados en la Ley de Presupuesto.

Asimismo, el cumplimiento de la regla fiscal permite incrementar el gasto en políticas sociales en situaciones extraordinarias, tal como las vividas en los últimos dos años por la emergencia sanitaria, y como la que está viviendo ahora el país por la sequía, sin necesidad de recurrir a un aumento de impuestos o a un exceso de endeudamiento que comprometa a las finanzas públicas en el futuro.

Finalmente, avanzar en fortalecer la responsabilidad y sostenibilidad fiscal permite acceder a mejores condiciones financieras en los mercados internacionales, traduciéndose en menores nivel de intereses pagos por el endeudamiento.

(*) Sofía Harguindeguy. Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguuay