TEMA DE ANÁLISIS

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La caída del empleo está vinculada a la caída de la actividad. Impulsar a esta última, reduciendo sus restricciones estructurales (“costo país”) y coyunturales (afectación de la pandemia y la futura “nueva normalidad”) son desafíos muy importantes de la agenda económica de los próximos años.

Pandemia y Mercado de Trabajo: un patrón mundial

La reacción de los mercados de trabajo en diferentes países del mundo ha tenido un patrón de comportamiento relativamente parecido: la actividad económica se ha recuperado a mayor ritmo que el empleo, y en este último caso, la recuperación de los niveles pre-pandemia se alcanzaría a lo largo del próximo año.

Al considerar las proyecciones de mayo de la OCDE (ver gráfico 1), el promedio del empleo en 2022 casi que alcanzaría los niveles promedio pre-pandemia (2019). Sin embargo, la dinámica dentro de estos países es heterogénea: en el caso de los “emergentes-OCDE” como Australia y Nueva Zelanda, los niveles de empleo superarían en 2022 los niveles promedio pre-pandemia, mientras que los “emergentes-OCDE sudamericanos” recuperarían sus niveles de empleo luego de 2022. Tanto Chile, Colombia y en especial Brasil se encontrarían durante gran parte del próximo año por debajo de los niveles pre-COVID. Si se consideran las proyecciones para Uruguay (tanto las realizadas por PwC como las que surgen de la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU o EEE-INE) las expectativas son más alentadoras que en el resto de los países “emergentes-OCDE sudamericanos”. En el caso de las proyecciones de PwC, resultan optimistas en tanto descartan una severa prolongación de la pandemia en Uruguay, conjetura que estamos internalizando y cuestionando en estos días que elaboramos nuestro Informe de Proyecciones Junio 2021.

Un enfoque macro: el “costo país” como restricción estructural del empleo

Desde el punto de vista macroeconómico es indiscutible la relación entre el empleo y la inversión. Sin embargo, esto último se relativiza —como señalamos en nuestra columna de enero cuando reflexionamos respecto a una agenda de crecimiento para Uruguay— en tanto que el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada en algunos sectores productivos permitiría que un aumento de demanda se satisfaga con un aumento de la actividad y empleo, sin filtrarse hacia la inversión. De hecho, ha sido ampliamente divulgado y analizada la caída de 2,8% del PIB en el primer trimestre de 2021, el incremento de 14,7% de la inversión en activo fijo (debido a las obras vinculadas a la tercera planta de celulosa y más que compensando caídas en la construcción de edificios y otras construcciones), pero no ha sido tan resaltada la caída al 62% de la utilización de la capacidad instalada de la industria (estimada y divulgada por la Cámara de Industrias), cuatro puntos porcentuales menos que el registro de capacidad instalada del primer trimestre de 2020 y alineada con los bajos niveles de utilización registrados en los diferentes primeros trimestres luego de 2014.

También es de notar que la capacidad instalada en sectores diferentes a la industria podría tener comportamientos heterogéneos, e incluso, en algunos sectores, la restricción podría provenir no de limitaciones sobre la disponibilidad de capital, sino sobre la disponibilidad de recursos humanos calificados. Todo esto permite reafirmar que el “pecado original” reside en un elevado “costo país” que no incentiva ni la mayor utilización de capacidad instalada, ni su ampliación (vía inversión) ni la mayor disponibilidad de mano de obra calificada. Y esta reflexión consideramos no es menor, en tanto, se debería poner énfasis en levantar las restricciones sobre un elevado costo país.

Actuar sobre ello (y perseguir un menor “costo país”) seguramente traccione la capacidad instalada, la inversión y la mayor disponibilidad de recursos humanos calificados. Y esto se reflejará en las cifras de empleo, de forma estructural, tanto cuantitativamente (cantidad de empleo) como cualitativamente (calificación y remuneración acorde a los empleos generados).

Un enfoque macro: la coyuntura de la pandemia

En el caso de la afectación de la pandemia sobre la actividad y el empleo en Uruguay, la recuperación de la actividad se daría a un ritmo mayor al que se registraría en el empleo. Por un lado, la dinámica reciente del sector agropecuario, al no ser intensivo en mano de obra (aun cuando tiene un valorable “derrame” sobre la economía en su conjunto, en especial sobre la economía del interior del país) no tiene un elevado efecto directo sobre el mercado laboral.

Respecto al futuro inmediato, la tarea de proyectar variables macroeconómicas tiene una decisiva restricción en tanto son sensibles a la realidad sanitaria y tienen un importante nivel de incertidumbre. Las proyecciones de PwC no son ajenas a esa realidad de “proyecciones con luces cortas”, sin embargo, en un escenario relativamente optimista (sin considerar una segunda ola sanitaria y/o una “nueva realidad” sustancialmente diferente a la “vieja realidad”) la recuperación de la actividad se daría a mayor ritmo que lo que suceda en el mercado de trabajo. Tal como se visualiza en el grafico 2, la actividad encontraría los niveles pre-pandemia en algún momento de 2022 y el mercado de trabajo haría lo mismo con algunos trimestres de rezago.

No obstante la recuperación se verifique en algún determinado momento del tiempo, es necesario considerar la erosión que la pandemia tuvo sobre diferentes segmentos de la población uruguaya: en términos agregados, la pandemia provocó una caída del empleo (menor cantidad de ocupados) y un aumento de la inactividad (personas que se retiran del mercado de trabajo). Vamos a profundizar sobre la heterogeneidad del impacto de la caída del empleo sobre diferentes segmentos de la población.

El ajuste del empleo según formalidad, sexo y edad

Tal como se puede apreciar en el grafico 3, la caída de algo más de 60.000 personas ocupadas en promedio entre 2019 y 2020 se concentró fundamentalmente en los informales, menores a 40 años y sin un sesgo pronunciado cuando se considera el sexo.

La disponibilidad de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2020 permite detectar las personas que no aportan a la seguridad social (la cual identificamos como informales): en ese sentido la cantidad de informales cayó desde 404 mil ocupados en 2019 a 347 mil el año pasado. Es decir, que, de la caída de 60 mil personas ocupadas, cerca de 57 mil corresponde a informales.
Cuando se considera la edad, la reducción se concentra en los segmentos menores a los cuarenta años de edad (56 mil personas) mientras que al considerar el sexo, la baja en los hombres ocupados fue de 35 mil y de 25 mil para las mujeres.

Las autoridades tienen un serio desafío: “levantar los caídos” que en algunas variables definen de forma clara su sesgos al ser informales y/o menores a cuarenta años.

(*) Consultoría económica de PWC.