En este año electoral parece que están surgiendo algunas coincidencias en todo el espectro político relevante que me parece bueno señalar.

La primera, hay un reconocimiento generalizado de que para que el país pueda superar definitivamente muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad (v.g. pobreza infantil, bajos niveles educativos, consecuentes problemas de nuestros jóvenes para su inserción en el mundo del trabajo, etc.) se requiere que la economía crezca a una tasa bastante más alta que lo que se estima como su crecimiento potencial. Al respecto, tomemos como referencia la que calcula el MEF en el marco de la metodología de la Regla Fiscal y que recientemente se ajustó a la baja desde 2,8% a 2,5% para 2024-2033[i]. Ciertamente insuficiente.

Segunda coincidencia vinculada a la anterior: nadie parece decir que el mayor crecimiento por sí mismo solucionará los problemas sociales que enfrentamos (la vieja imagen de que el crecimiento y sus derrames solucionarían todos los problemas sociales). Por el contrario, todos hablan de la necesidad de desarrollar políticas públicas enfocadas y cada sector está planteando sus propuestas.

La tercera coincidencia parece ser que nadie está hablando de aumentar impuestos para atenderlas si no, más bien, de apostar a que esos recursos provengan de la misma base tributaria de una economía con mayor crecimiento. No es poca cosa esta novel coincidencia para un país como el nuestro, que exhibe una alta carga tributaria en la comparación internacional con países de nivel de ingreso similar.

Una cuarta coincidencia que también es nueva y parece surgir de la propia discusión política actual es que, para que la economía logre incrementar su tasa de crecimiento potencial, el país debe encarar una serie de reformas en el terreno microeconómico, orientadas todas ellas a incrementar la productividad de los factores, a aumentar la inversión y a mejorar la competitividad de una economía pequeña como la nuestra, que solo puede aspirar a crecer más si se enfoca en los mercados internacionales, no en su mercado doméstico. En este terreno están apareciendo una amplia gama de propuestas que van desde la insistencia en desmonopolizar el mercado de los combustibles, pasando por incrementar la promoción de la defensa de la competencia, dada la existencia de varios mercados que no funcionan bien, la desburocratización del Estado para alivianar su costo, la redefinición de las relaciones laborales, la reducción de impuestos a las importaciones, etc. Todas ellas buscando reducir lo que comúnmente llamamos “el costo país”.

La importancia de la estabilidad macroeconómica

Pero existe otra coincidencia implícita en mucha de las anteriores y es la referida a la “estabilidad macroeconómica”. En términos generales, cuando hablamos de estabilidad macro hablamos de dos grandes temas: las cuentas fiscales y la inflación.

Por un tema de espacio hoy me concentraré en el primero, el orden de las cuentas públicas. Éste implica un nivel de déficit fiscal relativamente bajo que asegure que la deuda pública sea sostenible a largo plazo. La experiencia de los últimos años muestra que el manejo adecuado de las finanzas del Estado es muy importante para que su accionar sea eficaz y eficiente en cuanto a todos los objetivos de desarrollo económico y social sobre los que el espectro político parece coincidir, como mencioné al principio.

Luego de la gran crisis de 2002 el país aprendió que el manejo adecuado de la macroeconomía es esencial para el desarrollo eficaz de todas las políticas públicas. Cuando hay descalabro fiscal no se puede desarrollar ninguna de las políticas que mencionamos antes porque el Estado luce insolvente y en ese clima es muy poco lo que se puede hacer. Ese descalabro puede representarse en una sencilla frase que repitió el actual presidente argentino Milei en su discurso reciente de asunción: “¡No hay plata!”

Y cuando no hay recursos —y la perspectiva de que los haya en el corto/mediano plazo también es dudosa— es imposible diseñar y llevar adelante políticas públicas. Así de sencillo.

A pesar de que se aprendió la lección de este lado de los ríos, las finanzas públicas se deterioraron de manera significativa después de 2010, cosa que se hizo evidente pasado el viento de cola con el boom de los commodities, sobre todo entre 2015 y 2019.

Desde mi punto de vista, eso ocurrió porque no se miraron apropiadamente las cuentas fiscales al no corregirlas por el ciclo económico. Así, cada vez que el PIB crecía y lo hacía incluso por encima de su nivel potencial, todo aumento de la recaudación se trató como permanente y se visualizó como verdadero “espacio fiscal” para incrementar los gastos como puede verse en la gráfica adjunta[ii]. Salvo 2015, el gasto siguió creciendo más que el PIB, ni qué decir respecto del PIB potencial.

Pasado el viento de cola el resultado corriente se deterioró rápida y previsiblemente, lo que llevó a ajustes fiscales que se hicieron mediante aumentos de impuestos y con poco suceso debido a que la economía entró en una etapa de crecimiento anémico.

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La Regla Fiscal, que era un “tope de deuda” en niveles, mostró ser insuficiente e ineficaz, tanto desde el punto de vista técnico (no corregía por ciclo) como desde el punto de vista político, ya que sobre el final de ese período en lugar de ajustar las cuentas se optó por subas sucesivas del tope. Y así llegamos a 2019 con alto déficit y nivel de deuda con riesgo cierto de perder el preciado Investment Grade, al menos por parte de una de las principales calificadoras de riesgo (Fitch) que nos tenía en el último escalón de esa calificación y con perspectiva negativa.

La nueva Regla Fiscal que se instauró a partir de 2020 con la LUC —mucho más alineada con los estándares internacionales exitosos— así como la política de gastos e ingresos que se implementó respetándola, le permitieron al país retornar a niveles de sostenibilidad fiscal más razonables, lo que se coronó con una consolidación de la calificación de riesgo dentro del nivel “B” y —algo más importante— con una reducción muy significativa del “premio” en la tasa de interés que el país ha tenido que pagar en su deuda de cerca de 140 pbs (el llamado “riesgo país”). Tan es así que hoy el país paga las tasas de interés más bajas de su historia reciente.

Primero lo primero. Estar bien evaluado en la consideración de los mercados internacionales asegura financiamiento, condición necesaria para sostener los distintos programas de gasto estatal, sobre todo cuando se tiene déficit fiscal. Sin esta consideración elemental, nos encontraríamos en la posición de tener que reducir gasto no solo para reducir déficit, sino también para repagarle a los acreedores los vencimientos de deuda que no nos quieran renovar, como sucedió en 2002. La alternativa era el default y el financiamiento monetario con inflación.

Asimismo, cuando mejora la consideración de los acreedores acerca de nuestra capacidad y voluntad de pago, implica que podemos endeudarnos a menores tasas, lo que te permite reducir el costo de los intereses como porcentaje del gasto público. Así, se liberan genuinamente recursos para las otras políticas públicas sin necesidad de aumentar impuestos o reducir otros gastos, sea para financiar los programas necesarios para encarar la lista de problemas económicos y sociales que tenemos, sea para reducir ineficiencias y cargas tributarias que permitan reducir el “costo país”, que hoy todos reconocen como lastre para crecer más.

Los avances en estos últimos años en este terreno han sido importantes y, a pesar de las críticas iniciales de la oposición, parecería que hoy nadie piensa derogar la Regla Fiscal. Por el contrario, estos años de experiencia muestran que puede y debe mejorarse, introduciéndosele algunos cambios que le den más certidumbre, sobre todo incorporando algún nivel prudente de Deuda/PIB y resultados fiscales que lo aseguren más allá de respetar los tres pilares que hoy tiene. Este camino es imprescindible para encarar con éxito la propuesta ambiciosa de aspirar a una calificación de riesgo “A” que mencionó hace poco tiempo Herman Kamil, director de la Oficina de Deuda del MEF.

En resumen, hay muchas políticas públicas a desarrollar en el campo micro para encarar los problemas económicos y sociales que el país tiene. Pero sin estabilidad de las cuentas fiscales nada de eso podrá hacerse de manera sostenible en el tiempo y seguramente no estaríamos hablando de ellas si no disfrutáramos de una buena posición fiscal como la actual.

Por eso lo del título: no hay nada más progresista (en el sentido que tiene el adjetivo en el idioma español[i]) que tener las cuentas fiscales ordenadas.

Una buena Regla Fiscal es un marco institucional adecuado para hacerlo bien, por lo que amerita que sigamos mejorando la que tenemos.

[i] Progresista (RAE):  adj. Partidario del progreso político y social, y del desarrollo de las libertades públicas.

[i] El informe respectivo del 6 de junio de 2024 está disponible en este link: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2024-06/Informe%20PIB%20Potencial%202024_.pdf

[ii] Gráfica extraída del Informe del CFA de julio 2023: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2023-07/CFA_%20Uruguay%20_%20Informe%2007_07_2023.pdf