TEMA DE ANÁLISIS

Quizás el lector infiera que el citar a Keynes ante una crisis económica como la actual implica proponer soluciones de incremento del gasto público ante la debilidad de la demanda. Esto no es así, especialmente porque la naturaleza de esta crisis COVID-19 se despliega a partir de shocks de oferta y demanda que en muchos momentos —aquellos en los que el virus intensifica los contagios— se dan de forma simultánea.

La “sorpresa Keynes” de este artículo, refiere a traer a estas líneas su concepción acerca de la incertidumbre. En su “Tratado de Probabilidad” escrito hace cien años, Maynard Keynes (no olvidemos que su formación en Cambridge parte de especializarse en matemáticas y estadísticas, para luego estudiar economía y lograr ocupar un espacio en el Indian Office donde se desempeñó en tareas inherentes al sistema financiero indio) establece un punto sustancial: no toda incertidumbre es capaz de ser modelada, diferenciando entre el riesgo (aquella parte de la incertidumbre a la que puede asociarse una probabilidad medible) y la incertidumbre que la llamó “irreductible”, que no es medible.

Cuando Keynes modela la función de inversión (en la “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”, de 1936) y busca los principales determinantes de por qué los empresarios invierten, consideró que no solo dependía de la tasa de interés, sino que también dependía de los “espíritus animales”, los cuales son poco afectos a ser modelados y cuantificados. Al punto que la inversión, en el mundo de Keynes, es inestable en tanto depende de mayor forma de esta incertidumbre irreductible.

Capacidad Instalada, Inversión y restricciones sobre la oferta

Ochenta y cinco años después de la Teoría General, las decisiones de inversión se mueven en un mundo más complejo con sectores productivos diversos —en cuanto a especialidad, tamaño, entre otras variables— que tienen un acceso variado al financiamiento, y en el que los Estados buscan jugar diferentes roles, moviéndose en un rango entre “elegir los ganadores” hasta establecer políticas transversales de estímulo.

En ese contexto —con la ventaja de contar con liquidez internacional en los próximos trimestres—, y con una actividad productiva que ha transitado varios años con una reducida utilización de su capacidad instalada (ver gráfico 1), es necesario responder a la pregunta más importante que la economía uruguaya enfrentará de 2021 en adelante: ¿Cómo volver a utilizar la capacidad instalada y cómo atraer inversiones?

Una primera respuesta es defender los logros institucionales que la economía uruguaya ha alcanzado desde hace décadas. Si bien no perder esos logros ya es un éxito en sí mismo, ese estatus institucional explica lo que tenemos hoy tanto en nivel de utilización de capacidad instalada como de inversión (ver gráfico 2), y nos resulta insuficiente para encaminarnos hacia un sendero de crecimiento y bienestar sostenido en el tiempo.

Prácticamente no existe otra fórmula para incrementar el empleo de forma sostenida que lograr niveles altos de inversión. Las decisiones del empresario en cuanto a utilizar la capacidad instalada e incorporar capital nuevo (inversión) es la que permite incrementar los niveles de ocupación.

Y las razones de por qué no se ha avanzado en una mayor utilización e inversión no solo radican en una insuficiencia de demanda —de sus productos o servicios ofrecidos— sino también en rigidices y costos sobre su oferta.

Agenda de Competitividad y Crecimiento

Por tanto, es necesario “dar varios pasos hacia adelante”, resolviendo problemas bastante debatidos públicamente y que bien se podrían identificar como los principales puntos de una Agenda de Competitividad y Crecimiento.

Antes que nada, esa agenda debería apuntar a lograr una economía uruguaya competitiva, entendiendo por competitividad a la habilidad de un país para alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas del producto per cápita. La historia económica de Uruguay tiene como referencia una tasa de crecimiento del PIB que es algo superior al 2%, con importante volatilidad en sus ciclos económicos (ver gráfico 3).

Para lograr esto, es necesario buscar objetivos tales como lograr un entorno macroeconómico saludable, desarrollar un entorno micro que brinde incentivos para incrementar la productividad, promover un desarrollo institucional robusto y que avance a dar incentivos a la innovación. Así, y en función de estos objetivos, es necesario realizar diversas acciones que definan el menú de esa agenda: una política macroeconómica consistente, lograr una educación formal y técnica disponible para acompañar los procesos de inversión, lograr una mejor inserción internacional, entre otras acciones.

En este menú, destacamos una política macroeconómica consistente que busque una sostenibilidad fiscal a partir de reducir el peso de la Seguridad Social y de reformas en el Sector Público. El fin último de esta acción, y tal como lo definió Richard Musgrave en su “Teoría de las Finanzas Públicas” de 1959, es permitir la plena potencialidad de la política fiscal en sus varios objetivos: potencialidad estabilizadora (aliviar shocks macroeconómicos mediante política fiscal contra cíclica), potencialidad en la asignación de recursos (cómo mejorar la performance de la economía mediante la forma en que gasta y recauda) y potencialidad distributiva (cómo atender la desigualdad de oportunidades e ingresos).

El Uruguay de hoy cuenta con un problema de capacidad instalada, mientras la inversión se ha reducido —como porcentaje del PIB— lo que es indicativo que los empresarios tienen problemas en expandir sus niveles de producción. ¿Es un problema de demanda? En parte podría serlo, pero una buena parte se explica por un problema en la oferta, en otras palabras: los empresarios enfrentan altos niveles de la referida incertidumbre irreductible de Keynes, los “espíritus animales” están enfermos, y por tanto las empresas se enfrentan a un contexto poco favorable para desplegar su iniciativa emprendedora.

La política macroeconómica tiene un deber relevante en esto.

(*) consultoría económica de PwC.