OPINIÓN

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Cuando en marzo del año pasado, a días de haber asumido el gobierno, cayó la pandemia, su reacción fue la correcta: seguir adelante con el rumbo trazado. Así, se mantuvo cierto cuidado en el manejo de las finanzas públicas (sin retacear recursos al enfrentamiento de la crisis sanitaria) y se cumplió con lo prometido en la campaña electoral en cuanto a incluir en una ley de urgente consideración (LUC), ajustes e innovaciones en numerosas políticas.
Después, algunas reformas perdieron bríos, pero esto no debe atribuirse a la pandemia sino a otras razones, como, por ejemplo, la conformación del gobierno de coalición, donde la mayoría parlamentaria la dan partidos que no profesan la misma fe liberal del presidente.

Ahora, cuando el gobierno se aproxima al año y medio de gestión, le cae el riesgo de tener que enfrentar un referéndum sobre una fracción importante de aquella ley y es menester preguntarse si adoptará la misma actitud del año pasado, lo que sería deseable, o si, por el contrario, esto operará como una pausa en su gestión.

La pregunta es pertinente en la medida en que, en caso de concretarse el referéndum, estaremos ante un fenómeno parecido al que tienen los países en los que el parlamento se renueva parcialmente a mitad de período. O sea, estaríamos ante una imprevista campaña electoral: se superaría la razón de su convocatoria y se volvería un plebiscito sobre la gestión y las políticas del gobierno, por lo que sería probable que las prioridades del gobierno cambiaran. Veamos algunos posibles efectos de ello.

La inflación

En mi opinión, aumentan los incentivos del gobierno para bajar la inflación.
Con la economía creciendo a partir de ahora a un ritmo de entre 2,5% y 3% anual, hay margen para cumplir con la recuperación salarial prevista y, al mismo tiempo, aumentar el empleo. Pero para que se diera esa recuperación salarial, la inflación debería bajar más rápido de lo que esperan los economistas y, mucho más aún, los empresarios.

¿Cuál sería el daño colateral de esa prioridad? El tipo de cambio real, que pagaría los platos rotos del desajuste entre las expectativas y los objetivos. El BCU inició recientemente un proceso de endurecimiento de la política monetaria que ya comenzó a afectar la evolución del tipo de cambio. El gobierno cuenta a su favor con cierto margen porque los precios de exportación han mejorado, lo mismo que, hasta hace algunos meses, lo hizo el tipo de cambio real con fuera de la región.

Por otra parte, si el dólar bajara, los salarios subirían aún más en términos de dólares que en términos reales, y esto, claramente, mejoraría las expectativas de los consumidores al aumentar la propensión a consumir los tan valorados bienes durables. En votos, los consumidores son muchos más que los exportadores y que quienes compiten con importaciones.

Lo fiscal

En este caso, puede haber incentivo hacia un cierto deterioro fiscal. La nueva regla para fijar los precios de los combustibles dificulta que por este lado haya discrecionalidad (aunque sí la hubo a fin de julio cuando se excluyó al supergas del ajuste general) pero sigue habiéndola para ajustar el resto de las tarifas, que deben aumentar en el próximo mes de enero. En la misma fecha se deben aumentar los salarios públicos. Y la discusión parlamentaria sobre la Rendición de Cuentas recién se inició.

Todavía se está lejos de una situación fiscal razonable, pero si se excluyen factores extraordinarios (como el efecto COVID) y se la ajusta por el ciclo económico, la situación fiscal ha mejorado claramente desde 2019. Como hemos visto en columnas anteriores, esto se debe en gran parte a la represión de gastos y no a su reducción permanente. En un contexto global todavía amigable, esto puede llevar a pensar que se cuenta con grados de libertad en materia fiscal.

Las reformas

Como es evidente, toda reforma da lugar a ganadores y perdedores, y para concretarse requieren de determinados consensos.

Además, es conveniente plantearlas lo más lejos de los períodos electorales.

Una reforma de la seguridad social implica que muchos tendrán que trabajar más años o que si trabajan lo mismo, recibirán una jubilación algo menor. Una reforma de la enseñanza puede afectar la asignación actual de los recursos presupuestales para el sector. Una reforma del servicio civil puede conducir a mayores exigencias sobre los funcionarios públicos. Una reforma laboral puede dar lugar a flexibilizaciones que no sean del agrado de sus destinatarios.

En fin, en toda reforma se pisan callos. Y cuando ello ocurre, son más sonoras las quejas de los afectados, que suelen ser fácilmente identificables, que los aplausos de los beneficiados, que suelen estar dispersos.
Por tanto, imagino que el gobierno no tendrá demasiado apuro en avanzar con algunas de las reformas previstas. Las que podrá retomar con entusiasmo renovado si no se concreta el referéndum o si, concretándose, lo termina ganando. O, aun sin tanta euforia, si lo termina perdiendo.

Hizo muy bien el gobierno en seguir adelante con su agenda aún con la pandemia en desarrollo. Ojalá que el proceso en curso hacia el posible referéndum no termine siendo una pausa demasiado extensa ni profunda en aquella agenda. Y que, una vez transcurrido e independientemente de su resolución, el gobierno retome su agenda antes que, más temprano que tarde, nos encontremos nuevamente en una carrera con las elecciones a la vista.